4 de noviembre de 2013
Otro paso para saber cuales fueron las empresas que pagaron
el genocidio. La resolución que ordena investigar a ACINDAR como financió la
represión a obreros metalúrgicos en 1975.
04.11.2013
Tiempo Argentino accedió a la resolución del juez Oyarbide
que ordena investigar cómo Acindar financió la represión a obreros metalúrgicos
en 1975
Otro paso para saber cuáles fueron las empresas que pagaron
el genocidio
Frente a los datos
que describen secuestros, fusilamientos, desapariciones y unas 300 detenciones
ilegales en Villa Constitución, el magistrado abrió una causa particular que
apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa.
Por Daniel Enzetti
En una decisión que apunta a establecer la responsabilidad
directa de la empresa Acindar en cientos de crímenes, desapariciones y
secuestros ocurridos antes y durante la última dictadura cívico-militar, el
juez federal Norberto Oyarbide determinó el pasado 23 de octubre que la participación
del grupo fue clave en el gigantesco operativo represivo montado el 20 de marzo
de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución contra trabajadores
metalúrgicos, hecho recordado popularmente como "El Villazo". Y que
por lo tanto, la investigación de aquella avanzada militar en tiempos de Isabel
Martínez y José López Rega, con sus consecuencias posteriores al golpe de
Estado, merece ser tomada como causa en particular, y vinculada con delitos de
lesa humanidad.
El tema venía siendo analizado dentro del expediente
1625/2010 a partir de una querella presentada por la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre, pero dentro de una causa más general, la 1075, que abarca
cientos de delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina. La razón
por la cual Villa Constitución fue tomado como un anexo de las acciones de la
Triple A, en un principio, era que algunos de los mercenarios reclutados por el
ex ministro de Bienestar Social habían secuestrado y reprimido a los obreros en
esas preliminares del golpe de Estado. Fue el mismo Oyarbide el que determinó
eso. Sin embargo, los avances logrados desde 2010, cuando la Liga inició la
querella, convencieron al juez de que El Villazo merece un tratamiento aparte.
Tiempo Argentino accedió a la resolución que fundamenta la
medida, y a las cédulas de notificación firmadas por Oyarbide, donde el
magistrado pide de manera urgente distintas informaciones a organismos públicos
y fuerzas de seguridad. Además, llama a declaración testimonial a varios
testigos a partir del 4 de noviembre, y avanza sobre Acindar, exigiendo a la
Inspección General de Justicia datos acerca del pasado y presente de la
empresa.
Pedro Dinani, abogado de la Liga, dijo a Tiempo que
"celebramos el paso dado por Oyarbide desde todo punto de vista, porque se
ajusta a lo que siempre afirmamos: que lo ocurrido en Villa Constitución excede
la investigación abierta de la Triple A". Y agregó: "Esto recién
empieza. Van a ir apareciendo nuevos imputados, gente que hoy está tranquila en
su casa y que nunca imaginó que la encontraríamos."
Lo determinado por el magistrado es una muy mala
noticia para el grupo, que esperaba
licuar su responsabilidad dentro de una megacausa que podría ser eterna. Pero
establece otro aporte clave en la lupa puesta sobre el poder económico como
principal sostén del genocidio. ACINDAR, a partir de ahora, se sumará a otros
ejemplos de empresas que pagaron para matar, como Mercedes-Benz, Ford o
Ledesma.
Ciudad tomada. El 20 de marzo de 1975, un operativo
articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la
santafesina, la Guardia Rural "Los Pumas" –fuerza de choque similar a
"Los Cardenales" creada por la empresa inglesa La Forestal en los
años '20–, Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado,
Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros
de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores
que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel
ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel
clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.
Carlos Del Frade, uno de los periodistas que investigó el
despliegue, sostuvo que los camiones y autos utilizados por las fuerzas de
seguridad ocupaban "una columna de un kilómetro y medio" de largo.
"Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha
sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del
Albergue de Solteros de Acindar el primer Centro Clandestino de Detención del
país. Había una razón de peso: el ex comisario de la Policía Federal, Rodolfo
Peregrino Fernández, confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó
cien dólares a cada uno de los represores."
La Iglesia también fue invitada a la fiesta. El cura
misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino,
festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo
Apóstol.
El despliegue fue total. Las policías se reservaron la zona
de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue
clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a
la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta la Villa con San Nicolás y
Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de
choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto
participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales
Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo entre
el grupo Los Pumas; y varias bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.
Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la
planta llegaron a superar los 3000 trabajadores.
Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de
huelga, una brutal represión final logró que la empresa desocupara el predio.
Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron
trasladados al penal de Rawson.
El Huevo de la Serpiente. La querella presentada por la Liga
en 2010, contra Alfredo Martínez de Hoz, Isabel Martínez y los integrantes del
Directorio de Acindar, incluye párrafos de un dictamen del Dr. Eduardo Taiano,
entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 3,
donde sostiene que el grupo "una y otra vez reclamaba a las autoridades
'orden' y represión de los conflictos sociales. En el caso que nos ocupa, se
patentiza aún más con la información que certifica que el directivo de la
empresa Acindar –José Alfredo Martínez de Hoz– se reunió con altos funcionarios
del gobierno nacional en los días previos al operativo 'Serpiente Roja del
Paraná' que hace objeto de la presente denuncia."
Una vez iniciada la huelga de los trabajadores de la UOM, el
Boletín Oficial tardó dos días en dar "su" versión, vía libre para
reprimir: "La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten
calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista,
puesta en marcha por una deleznable minoría nacional."
Oyarbide toma como parte de su investigación un trabajo
realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que "los
vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador
portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre
acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el Grupo Acindar. Al
día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra
de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal
se dedicó a 'marcar' y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había
estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los
trabajadores) en el helipuerto de Acindar."
La existencia de un destacamento en el interior de la
fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex
comisario inspector Carlos Rampoldi: "En el año 1977 ingresé a la jefatura
de la Policía de Villa Constitución en
el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese
momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar,
cumpliendo tareas."
La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los
trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y
Marathon. El trabajo sucio lo encabezó Fischietti, conocido como "Don
Chicho", entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Área IV de
Seguridad Federal en el noroeste.
Según Peregrino Fernández, cuyo testimonio completo intenta
conseguir hoy el juez Oyarbide (ver recuadro), "las patronales de las
industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del
Directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha
vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en
dinero. Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de
alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se
alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa… Acindar
pagaba a todo el personal policial (jefes, suboficiales y tropa) un plus extra
de dinero, suplementario al propio plus que percibían oficialmente los
efectivos, tarea que estaba a cargo del jefe de personal de dicha empresa, de
apellido Asnares, así como del jefe de Relaciones Laborales, Pellegrini."
Los fusilamientos. Uno de los puntos clave por los que
Oyarbide decidió que la investigación de Villa Constitución fuera analizada en
particular responde al período que abarca la causa Triple A. Mientras el
expediente 1075/06 comprende delitos de lesa humanidad registrados entre el 21
de noviembre de 1973 –atentado al ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen,
carta de presentación oficial de las AAA–, y el 11 de julio de 1975 –cuando
López Rega se las ingenió para escapar a España–, Serpiente Roja del Paraná no
se quedó en aquellos dos meses de ocupación fabril.
Sus brazos se extendieron más allá del golpe de Estado de
1976, con más persecuciones, secuestros, asesinatos y desapariciones.
El 10 de abril de 1975, Miguel Ángel Lobotti fue fusilado en
una cancha de fútbol de Villa Gobernador Gálvez. Trabajaba como operario de la
empresa. En mayo de ese año estalló una bomba en el edificio de Ferrocarriles.
El mismo día, un grupo interceptó el auto donde viajaba el delegado gremial de Metcon
e integrante de la Lista Marrón, Rodolfo Mancini, que fue masacrado. Su cuerpo
apareció días después en Sarandí. En octubre secuestraron a los delegados
Carlos Ruescas y Julio Palacios, y a una abogada de apellido De Grandis. Los
cuerpos aparecieron mutilados en la localidad de Albarellos, a pocos kilómetros
de Villa Constitución.
El 13 de diciembre del '75 asesinaron en un supuesto
enfrentamiento a Juan Carlos Salinas, operario de un taller contratista que
había apoyado la huelga de Acindar. Lo mismo le pasó a su primo Domingo
Salinas, operario de Marathon. En la madrugada del 8 de enero del '76, los
obreros y vecinos de la Villa, Antonio Pedro Reche, Jorge Raúl Andino y Carlos
Tomson, participantes del intento de recuperación del sindicato, también fueron
secuestrados. La semana siguiente, sus cuerpos aparecieron acribillados en un
terreno.
Los fundamentos de Oyarbide. En su resolución de hace pocos
días, a la que accedió Tiempo Argentino, el magistrado sostiene que "si
bien existe conexidad entre ambas actuaciones (la causa Triple A y la querella
presentada por la Liga sobre Villa Constitución), ello no supone subordinación
de una causa a la otra, y dado que no se ha dispuesto la acumulación, no hay
obstáculo alguno que justifique que tramiten bajo régimen procesal
distinto".
E insiste en que "aquí (en referencia a la represión en
la Villa) se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como
Acindar, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez
de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó
a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder,
circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos
de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20
de marzo de 1975 en Villa Constitución".
"Por otra parte –agrega Oyarbide–, y como ya se señaló,
la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa
Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno
militar."
El juez brinda ejemplos concretos de esa continuidad. Como
el de Nadia Doria, delegada de Acindar y ex compañera de Piccinini. Fue
detenida por primera vez aquel 20 de marzo de 1975, y nuevamente el 26 de marzo
de 1976. La dictadura la fusiló en enero del año siguiente. Para Oyarbide, es
"absolutamente claro que estamos ante una nueva etapa en la investigación
respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad al golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976, y de las presentaciones de la querella de
fs. 16/31 y 173/74 y documentación reservada se vislumbra que estos hechos
tienen imputados distintos a la causa 1075/06, que por otra parte se encuentra
próxima al cierre del sumario en lo que respecta a la investigación de la
asociación ilícita enquistada en el Ministerio de Bienestar Social".
“Queremos saber quiénes financiaron el genocidio”
–¿Qué es lo más importante de lo que decidió Oyarbide?
–Sin duda, tomar la gigantesca represión de Villa
Constitución como análisis en sí mismo. El Villazo fue el primer gran ensayo
donde se plasmó la connivencia entre el poder político y el poder económico, y
a partir de ahora aparecerán nuevos imputados. Hay empresarios que estuvieron
muy tranquilos en estos últimos años, en su casa y con su familia. Los mismos
que financiaron la represión y las desapariciones, desde antes del golpe de
Estado, y también después. Si no se analizan estas cosas, bajamos el debate y
resumimos la dictadura a la obra macabra de unos locos sueltos, violentos y
genocidas. Además, la causa que ahora toma nuevo impulso tiene características
distintivas como, por ejemplo, poder investigar quiénes fueron los responsables
del centro clandestino de detención que funcionó en el Albergue de Solteros, un
edificio ubicado dentro de Acindar. Llegó la hora de saber quiénes financiaron
el genocidio que hubo en este país.
lo que exigió el juez para esta semana
El magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia
los "antecedentes que obren en dicha dependencia respecto de la
conformación de la empresa ACINDAR". Y a la AFIP, el domicilio legal y
fiscal de la firma. Por otro lado, pidió al Boletín Oficial y a la Secretaría
Legal y Técnica de la Nación copia certificada del "comunicado oficial
mediante el cual se dio a conocer la represión del supuesto complot que se
gestaba en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, y que tuvo lugar el 20 de
marzo de 1975".
Requirió "los datos del personal policial que según
resulta de la causa 5912 'Piccinini, Alberto y otros s/inf. art. 189 bis y 210
CP y ley 20840', intervinieron en la detención y represión de los dirigentes de
la UOM", y el "legajo personal correspondiente a cada uno de los
individualizados".
Otro de los documentos que le interesan a Oyarbide es el
testimonio completo del ex inspector de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino
Fernández, brindado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) el 8
de marzo de 1983. Fernández reveló detalles pormenorizados del operativo de
1975, pero hace varios años, misteriosamente desapareció la hoja número siete
de aquella declaración. El juez intentará obtener una versión digital completa
de esas palabras, que podrían conservarse en el Archivo Nacional de la Memoria.
Además, el magistrado pidió a la policía la "nómina de
personal afectado a la Delegación Rosario de la PFA en marzo de 1975", y
sus legajos. A los Juzgados Federales con asiento en la ciudad rosarina, la
"nómina de causas que por infracción a la Ley 20.840 se iniciaron el 20 de
marzo de 1975, señalando los imputados y la resolución recaída en dichas
actuaciones". Y a la Secretaría Legal y Técnica, la copia certificada de
los Decretos PEN 798/75, 768/75 y 944/75.
Solicitó a la querella remitir los datos filiatorios de los
testigos Roberto Martínez, Oscar Forles, Luis Tomasevich y Carlos Del Frade.
Por último, citó para que dieran su declaración testimonial,
a partir del 4 de noviembre, a Jorge Víctor Marín y Analía Marín, que se
sumarán a las efectuadas el 30 y 31 de octubre por Jaime Fuchs y José Schulman.
Fuente:TiempoArgentino
Por Sebastián Premici
