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sábado, 15 de marzo de 2014

La estatizacion de Austral y las FFAA subordinadas al poder económico



EL PAIS › LOS ARCHIVOS ENCONTRADOS DE LA DICTADURA PERMITEN ENTENDER LA NACIONALIZACION DE AUSTRAL
Una operación para salvar a los privados
La estatización decidida por Martínez de Hoz fue para rescatar a los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo, y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura.



  Por Sebastián Premici
El próximo 20 de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi publicará los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, perteneciente a la Fuerza Aérea. Aproximadamente, el diez por ciento de toda la documentación hallada tiene que ver con el caso de la empresa Austral, “nacionalizada” por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1980. La historia de Austral da cuenta de cómo el poder económico de entonces, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Hacienda, compró las acciones de una compañía quebrada con el solo objetivo de evitarle a sus accionistas privados el pago de la deuda que mantenían con el Estado. Los empresarios rescatados por Martínez de Hoz eran los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar (1979-81). Con esta operación no sólo evitaron pagar su deuda con el Estado, sino que recibieron una compensación por la “nacionalización” de la compañía. Martínez de Hoz intentó venderle la empresa a Franco Macri, del Grupo Socma, y a Carlos P. Blaquier (Ledesma).

Esta historia fue reconstruida a partir de los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, analizados por el equipo de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores, integrado por Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio. Para los investigadores que tuvieron un primer acceso a estos archivos, el caso Austral ejemplifica cómo las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder económico y a las decisiones que se tomaban desde el Ministerio de Economía, comandado por Martínez de Hoz y Guillermo Klein, dos representantes del establishment, uno por la Sociedad Rural y el otro por la Bolsa de Comercio.

La Fuerza Aérea no quería nacionalizar Austral. En cambio, el equipo económico de entonces estaba dispuesto a llevar adelante su concepto de “subsidiariedad del Estado”, es decir, garantizarle a las empresas privadas y a los empresarios su subsistencia. Para comprender esta puja dentro de la propia dictadura cívico-militar basta con algunos ejemplos. Dentro de la documentación analizada por el equipo de la CNV, surgen varias actas con declaraciones del comodoro (R) Larghi. “Se tomaron medidas políticas que, como ya lo expresara, no debieran dejar entrever que sólo apuntaron a proteger el pretendido buen nombre de William Reynal, quien a través de la vía mas cómoda y barata para él, se había desprendido, sin ninguna responsabilidad, de sus obligaciones naturales de empresario”, escribió Larghi el 6 de noviembre de 1980. En otro pasaje, sostuvo: “Me violenta tener que repetir que no hay que comprar Austral”.

William Reynal es el primo de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central y hoy dueño del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados). El tenía más del 70 por ciento de las acciones de Austral. La aerolínea aparece casi en quiebra desde 1979, a pesar de los continuos préstamos que recibía del Banade. “Hay un empecinamiento de Martínez de Hoz y su equipo para salvar a sus amigos, lo ves en la tensión con la Fuerza Aérea, que quiere declarar la quiebra, pero ellos siguen poniendo plata que nunca apareció”, sostuvo a Página/12 Walter Bosisio.

El principal acreedor de Austral era el Estado y el único privado era el Banco Latinoamericano (BLA), cuyo titular era Eduardo Saiegh. El BLA tenía acciones de la aerolínea en caución, por siete millones de dólares. Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la dependencia de la Policía Federal del Banco Nación. Saiegh acusó a Reynal (Alejandro) de ser el instigador de su secuestro, con el objetivo de quedarse con las acciones de Austral. Una vez liberado, fue obligado a liquidar su banco.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestra condición de accionistas de Austral a fin de precisar el ofrecimiento que efectuáramos por nota el 10 de septiembre de 1980”, puede leerse en una carta enviada por los dueños de Austral a Martínez de Hoz. Esa oferta consistía en la “transferencia de las acciones y la totalidad de los derechos patrimoniales y políticos correspondientes”. Varios meses antes de aceptar esa oferta, el equipo económico de la dictadura cívico-militar se sentó a negociar con Franco Macri y Carlos P. Blaquier.

Entre los documentos del Edificio Cóndor existe una carpeta que da cuenta de una oferta hacia Macri y al grupo Socma, con la posibilidad de quedarse con el 60 por ciento de la empresa, mientras que el restante 40 por ciento seguiría en manos de Reynal. Luego de un intercambio de ofertas, la Fuerza Aérea consideró que la propuesta de Franco Macri no era suficiente. “Siendo que Franco Macri tiene posible acceso a la presidencia de Austral se solicita se investiguen antecedentes personales y comerciales”, escribió en un documento el brigadier Francisco Salinas, fechado en mayo de 1980.

Tras el fracaso de esas negociaciones, el 23 de octubre de 1980, hubo un almuerzo entre la cúpula cívico-militar con Carlos P. Blaquier y el doctor Marangoni, del Grupo Ledesma. Esa oferta tampoco prosperó. “Fue un negocio que ni siquiera los militares pudieron parar, a pesar del rechazo de la Fuerza Aérea. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Fue un negocio redondo”, concluyó Bruno Napoli.

spremici@pagina12.com.ar

jueves, 13 de marzo de 2014

Con 350 legajos de civiles, presentan nuevos archivos recuperados de la dictadura.



Se trata de más de 7 mil legajos del Penal de Magdalena, según informó en Radio América el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en conferencia de prensa. "Milani nos informó de la 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó esta tarde un emotivo acto en el que se presentó documentación relevante referida a la última dictadura militar. Se trata de 7.000 legajos hallados a mediados de enero dentro del penal de encauzados de Campo de Mayo. Los mismos documentan el paso de militares y civiles durante su estadía en el ex Instituto Penal de la Fuerzas Armadas de Magdalena, entre los cuales figuran el de Jorge Alberto Taiana (padre); Jacobo Timerman (padre); y los -en ese momento- guardiamarinas Julio César Urien y Mario Guillermo Enrique Galli (aún desaparecido).

"Más de 300 legajos de los 7000 encontrados dentro del penal de encausados de Plaza de Mayo, corresponden a civiles", señaló Rossi y explicó que "la preservación y difusión de dichos documentos tiene que ver con el compromiso que tenemos en la lucha por los Derechos Humanos”. Y agregó: “Hoy queremos reconocer a cuatro argentinos que pasaron por esa cárcel, que desde diferentes lugares e historias hicieron mucho para construir la Argentina de la igualdad, la tolerancia y el respeto por los DDHH".

Además, el titular de la cartera de Defensa anunció que se comenzará trabajar para que los 7.000 legajos sean digitalizados “para que todo aquel que quiera acceder a ellos, lo pueda hacer sin inconvenientes".

Y Agregó: “Valoramos el compromiso de los jefes de cada una de las fuerzas porque gracias a su acompañamiento es que hemos llegamos a esta documentación. En octubre pasado, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier general Mario Callejo, nos aportó archivos encontrados en el Edificio Cóndor y esta vez fue el teniente general César Milani el que nos proporcionó esta valiosísima información. Estas acciones nos permite mantener vivas las esperanzas”.

En su alocución, en el Hall de entrada del Edificio Libertador, Rossi mencionó la Resolución Ministerial 445/13 que instruye a los jefes de los Estados Mayores las Fuerzas Armadas a “relevar exhaustivamente en todas las dependencias correspondientes a sus organismos, sitios en los que pudiere haber documentación histórica o información de interés judicial, incluyendo especialmente aquellos no destinados a su archivo, custodia o almacenamiento”.

Entre los legajos hallados, también se encontraron los de los guardiamarinas Julio César Urien y el de Mario Guillermo Enrique Galli (aún desaparecido), quienes se sublevaron en 1972 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en respaldo al retorno de Perón.

Luego de las palabras del ministro, el legislador porteño Jorge Taiana, afirmó que este "es un paso más en el camino de la verdad, justicia y reparación en el que durante estos últimos diez años los tres Poderes del Estado han coincidido”. Y agregó: “Reitero ese compromiso inclaudicable”.

Por su parte, el canciller Timerman subrayó: “Es un momento muy emotivo por el hecho que haya sido encontrado y entregado por las propias FFAA, lo que marca una ruptura con el pasado y le agradezco a los jefes de las fuerzas ese gesto". Y añadió: "Renuevo la esperanza para que se encuentren la identidad de esos chicos que aún no conocen su verdadera identidad y para que los hijos de las madres de Plaza de Mayo puedan ser encontrados, instando a las FFAA comprometerse con esas búsquedas”.



"Cuando encontramos este hallazgo documental importantísimo, firmé una resolución donde les instruí a los jefes de cada una de las Fuerzas que hagan un relevamiento exhaustivo de lo que podía existir en materia documental en el marco de las instituciones que pertenecen a las Fuerzas. En este marco, Milani nos informó de la existencia de estos archivos del Penal de Magdalena, que son más de 7 mil legajos", indicó Rossi , previo a la conferencia, en diálogo con el programa Página Abierta, de Radio América, y agregó: "La mayoría de ellos son militares, pero hay 350 civiles".

Los documentos serán entregados al canciller Héctor Timerman y al legislador Jorge Taiana, ya que entre los mismos hay información sobre sus padres (el periodista Jacobo Timerman y el médico personal de Juan y Eva Perón, de igual nombre que su hijo). También se entregará un legajo a la familia de Mario Enrique Gali, un guardia de la Marina que se levantó contra su arma, previo al regreso de Perón, se convirtió en un militante político y fue secuestrado por la dictadura.

En cuanto a los archivos, el ministro precisó que se trata de información sobre "la vida dentro de la cárcel". "Régimen de visitas, quienes estaban autorizados, atenciones médicas, alguna correspondencia epistolar, quien era el titular de la cárcel. No hay información de inteligencia", señaló, aunque aclaró: "No me atrevería a decir que estos documentos tienen valor jurídico, más bien tiene un peso histórico y patrimonial".

"Tenemos Fuerzas Armadas que están pensando en el desarrollo armónico del país y este compromiso queda evidenciado a través de estos hallazgos documentales", destacó Rossi, y agregó: "No podríamos haber llegado a esto si no fuera por la decisión de cada uno de los jefes de las fuerzas de acompañar esta política que impulsamos desde el Ministerio".

"Tenemos Fuerzas Armadas que están pensando en el desarrollo armónico del país y este compromiso queda evidenciado a través de estos hallazgos documentales", dijo Rossi.
El penal de Magdalena, sede del Instituto Penal de las Fuerzas Armadas hasta 1953, fue el destino de distintos dirigentes políticos luego del golpe de Estado de 1976.

A partir de 1997, dicho penal dejó de ser un centro de detención para oficiales de las FF.AA. y se convirtió en una cárcel para presos comunes, alojando en sus celdas a ex presidentes constitucionales y de facto, jefes militares, gremialistas y otros dirigentes significativos de la política nacional,.

Fuente: TELAM

jueves, 14 de noviembre de 2013

Austral en los Archivos y los Negocios de Reynal en la Dictadura

La intención de Alejandro Reynal de vender sus acciones en MBA Lazard fue objetada por Eduardo Saiegh, secuestrado durante la dictadura. Recordó la vigencia de una causa en la que se investiga la participación de Reynal en el secuestro con fines extorsivos.


 Por Sebastián Premici


El ex vicepresidente del Banco Central Alejandro Reynal (1979-1981) es investigado por su actuación en la liquidación del Banco Latinoamericano (BLA), propiedad de Eduardo Saiegh, quien fuera secuestrado y torturado previo a la desapoderación de la entidad financiera. Reynal es actualmente el accionista mayoritario del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados), sociedad a la que ingresó en marzo de 1981, cuando todavía era funcionario del Central. El ex funcionario pretende vender su participación en el MBA, pero el BCRA todavía no lo autorizó. La gerencia de Asuntos Jurídicos en lo Penal y Asuntos Legales le mandaron una nota al fiscal de la causa, Eduardo Taiano, para que tome las acciones “pertinentes” teniendo en cuenta la vigencia de una causa por delitos de lesa humanidad.

Desde que el fiscal Eduardo Taiano tomó la causa, se produjeron varias declaraciones testimoniales que apuntan a la participación de Reynal en el secuestro de Saiegh. Tal es el caso de Carlos Alberto Buscarini, quien se de-sempeñaba como veedor de la autoridad monetaria.
El MBA fue un actor clave en el proceso de privatización de los bancos locales, en consonancia con la aplicación de la Ley de Entidades Financieras y los preceptos del neoliberalismo introducidos por la última dictadura cívico-militar. Reynal, en su rol de empresario en el MBA, contribuyó para que los bancos locales fueran vendidos a capitales extranjeros, como en los casos del Río y el Francés. Además, fue socio de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro norteamericano y artífice del plan homónimo implementado por Domingo Cavallo, durante la primera parte del menemismo.
“Se debe investigar si durante más de 30 años los fondos mal habidos de la dictadura fueron ocultados prolija y silenciosamente por los propietarios del MBA, lucrando además con todos los gobiernos posteriores a la terminación de la última dictadura militar, hasta que (Néstor) Kirchner los sacó del medio”, enfatizó Saiegh.

Saiegh fue secuestrado a fines de octubre de 1980. El 5 de noviembre, cuando todavía estaba en cautiverio, Reynal mantuvo una reunión con otros dos directores del BLA, Bernardo Grinspun y Jorge Alberto Shaw (integrante de las Fuerzas Armadas). Según consta en un dictamen del fiscal Taiano, en esa ocasión el ex funcionario les “recomendó” sacar del directorio a Saiegh, como condición para recibir los beneficios de la circular 1051.

“A través de esta circular, el Central inyectaba recursos en las entidades financieras intervenidas, siempre en una mayor cantidad a lo supuestamente necesario. Luego, esos recursos eran sacados en efectivo bajo la supervisión de efectivos de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal. Pude llegar a esta conclusión porque los tesoros de los bancos intervenidos eran vaciados al poco tiempo de que asumieran los interventores”, explicó a Página/12 Saiegh, quien agregó: “Una vez que Reynal liquidó mi banco, se hizo cargo del MBA”.

La Comisión Nacional de Valores elaboró un reciente informe a partir del cual pudo confirmar la existencia de un “aparato represivo” constituido por funcionarios de la CNV que se encargaban de preparar el terreno para liquidar empresas. Este informe señaló, además, que existía cierta connivencia entre dicha entidad y el Banco Central, a través de la figura de Reynal.
En una declaración testimonial del 3 de julio de este año, Carlos Buscarini, ex veedor del Central durante la dictadura, narró que “Reynal había decidido una inspección del BLA fuera de agenda, sin explicitar los motivos de la misma” y que anteriormente “no habían encontrado nada ilegal como para justificar un allanamiento”. Al momento de realizarse dicha inspección, integrantes de la División Bancos de la Policía Federal secuestraron a Saiegh, quien se encontraba en las oficinas de su banco. Desde las oficinas del BLA fue trasladado hacia una dependencia policial que funcionaba en el Banco Nación.

Además de la cuestión financiera, Reynal tenía otro interés por el BLA. En las bóvedas del BLA estaban, bajo caución, las acciones de la empresa Austral, ya que la aerolínea mantenía una deuda impaga con el banco por 7 millones de dólares. Uno de los socios de Austral era William Reynal, hermano del vicepresidente del BCRA. Los otros socios eran Roberto Servente y la familia Braun Menéndez.

La intención de la cúpula militar era hacerse de Austral. En complicidad con José Alfredo Martínez de Hoz, en septiembre de 1980 firmaron un decreto para estatizar Austral. Pero para esa fecha, el BLA tenía en su poder las acciones. Por eso, primero tuvieron que presionar para que el banco se “autoliquidase”.

A partir del descubrimiento de los archivos en el Edificio Cóndor, surgieron varios documentos vinculados con la empresa Austral. Saiegh, a través de sus abogados, ya le solicitó al Ministerio de Defensa que incorpore a la causa 1875/09 –José Alfredo Martínez de Hoz s/ delitos de lesa humanidad, en la que se investiga el rol de Reynal–, toda la documentación encontrada, ya sea sobre el Banco Central u otros actores del sistema financiero, así como también la situación de Austral.
“Mi objetivo no es reclamar nada sobre Austral. Esto ya lo aclaré varias veces. Con esta investigación pretendo que queden expuestos los delitos económicos de la última dictadura cívico-militar, y en particular el accionar de Reynal, que en democracia logró reciclarse como un ‘hombre de negocios’”, concluyó Saiegh.

spremici@pagina12.com.ar

Fuente: Pagina 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-233347-2013-11-12.html 


Diario @JCiviles