La UIF será querellante en una causa por robo de bienes en la ESMA

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga al prófugo Jorge Raúl Vildoza por robo de bienes en la última dictadura en el marco de la megacausa ESMA. 

El pedido de la UIF para intervenir en el caso contra Vildoza fue admitido días atrás por el juez federal Sergio Torres, quien instruye las causas por delitos de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada, y se sumará a la querella que ya impulsa en otra causa por robo de bienes en ese centro clandestino, que involucra a otros miembros del GT: Jorge Carlos Radice, Jorge "El Tigre" Acosta y Miguel Ángel Cavallo. 

Al solicitar ser querellante, la UIF pidió también una serie de medidas para evitar que su círculo íntimo se desprenda de los bienes, entre ellas el embargo, inhibición, congelamiento de cuentas y el posterior decomiso de los activos, medidas que el juez Torres deberá confirmar.

Vildoza fue la segunda autoridad de la ESMA y cumplió además funciones como jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas. Se encuentra prófugo desde 1983 por la apropiación de Javier Gonzalo Penino Viñas, quien nació durante el cautiverio de su madre, Cecilia Viñas, en ese centro clandestino de la Armada.  

En la causa "se busca determinar la ruta del dinero obtenido ilícitamente por Jorge Raúl Vildoza en su carácter de jefe así como por parte de otros miembros del grupo, a los que luego se les habría dado apariencia de legitimidad", señaló la UIF en un comunicado. 

La Unidad pudo determinar que el Grupo de Tareas de la ESMA a cargo de Jorge Raúl Vildoza "se dedicaba al secuestro y tortura de personas consideradas subversivas, a quienes sistemáticamente despojaban ilícitamente de sus bienes", explicaron. También se crearon empresas pantalla e inmobiliarias, y los fondos obtenidos se depositaron en cuentas en el exterior.

"Una de las sociedades creadas y utilizadas para materializar el lavado de activos sería una empresa de juegos de azar. Esa sociedad fue señalada además como ex propietaria de los casinos Oshowia y Casablanca que funcionaban en Tierra del Fuego, los cuales habrían sido originariamente constituidos con bienes ilegítimamente apropiados en el ámbito de la ESMA", señalaron desde la UIF.

Además, los investigadores advirtieron la relación de los casinos con otras empresas cuyo objetivo sería "disimular el origen ilícito de los bienes utilizados en un principio para constituir a las mismas y, luego de su transformación en entes comerciales, para sacar provecho económico de ellas".

Desde la Unidad, destacaron el carácter imprescriptible de los delitos que se investigan en la causa y explicaron que esto no sólo se debe a que se trató del robo de bienes en el ámbito de la ESMA sino también por las ganancias obtenidas en las sociedades, casinos y maniobras de lavado de activos con el fin de blaquear los bienes robados a detenidos-desaparecidos. «

Fuente: TELAM

En marzo se podrá ver como el poder militar estaba subordinado al poder económico.

A partir de marzo, cuando se cumplan 38 años del último golpe de Estado, la documentación secreta de las juntas militares encontrada por el Gobierno en el subsuelo del Edificio Cóndor será exhibida para que "la sociedad constate cómo el poder militar estaba subordinado al poder económico".

La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, confirmó la información a Télam y subrayó que "el material revela la subordinación militar a las corporaciones y un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el `76, se les decía "bueno, sin retenciones" y cuando les dijeron `bueno, ya está, fueron 20 años de privilegio, surgió el conflicto con el agro`".

Los originales de las actas de las juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983 halladas entre polvo y humedad en el subsuelo del edificio Cóndor en noviembre pasado, clasificadas y digitalizadas, estarán a disposición del público desde marzo próximo, en la Sala de Consultas de la Biblioteca Aeronáutica, ubicada en Esmeralda y Paraguay.
"Queda claro el funcionamiento de las corporaciones y si no empezamos a entender lo que nos pasó desde una mirada de conjunto, seguirá en la sociedad metida la `teoría de los dos demonios` y no vamos a comprender su magnitud, cómo nos sigue pegando y la huella que aún nos deja", sostuvo la funcionaria.
Además subrayó que los documentos "están ligados en un 90 por ciento a cuestiones económicas, como proyectos sobre privatizaciones, excenciones para el agro, medidas para permitir inversiones extranjeras y discusiones en el seno de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) sobre leyes laborales.
"La ley de Entidades Financieras de esa época y que aún está vigente permitió que todas las casas de cambio pasaran a ser bancos, y de golpe tuvimos 80 bancos. La pelea sigue estando presente hoy y con las mismas dificultades, por eso es muy importante analizar esta documentación para comprender históricamente el proceso y las responsabilidades civiles", agregó.
Por su validez probatoria, el material está a disposición de la justicia, en tanto las actas referidas a Papel Prensa ya fueron remitidas de oficio al juzgado de Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa a los diarios Clarin, La Nación y La Razón.

A propósito del caso, un nuevo material fue hallado hace pocos días conteniendo una carpeta con informes del interventor de Papel Prensa nombrado por la junta, capitán Alberto D`Agostini, que a pedido del ex fiscal Ricardo Molinas -en 1984-, daba detalles sobre las negociaciones por la venta de la empresa.

También fue remitida importante documentación en la que figura Martínez de Hoz a juzgados donde se investigan posibles delitos económicos, y al juez Daniel Rafecas, quien investiga causas por delitos de lesa humanidad.

El material clasificado por los equipos de investigación y archivística de las tres fuerzas, con la colaboración de la Comisión Nacional de Valores y el Archivo General de la Nación, se exhibirá a través de dos puestos virtuales de consulta, donde aparecerán todos los temas a los que se llegará por palabras clave, y podrá ser consultado por particulares y escuelas.

Fuente: Página 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-240394-2014-02-22.html

La UIF avanzará con la incautación de bienes de Papel Prensa

El Gobierno nacional anunció que la próxima semana avanzará con un pedido ante la Justicia federal para "incautar" bienes de Papel Prensa S.A., que fueron presuntamente apropiados durante la última dictadura militar.

 

 

La incautación en marcha, que ya se estima traerá repercusiones políticas, la solicitará el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, encargado de la lucha contra el lavado de dinero en el país. En diálogo con Radio América, Sbatella recordó que para la legislación argentina los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y que por lo tanto, las apropiaciones realizadas durante la comisión de esas acciones aberrantes son delitos continuos. "La continuidad del delito se mantiene porque son imprescriptibles y no hubo oportunidad de sanción (judicial). Van camino a dañar el bien protegido por el Código Penal, en el capítulo del orden económico financiero", explicó el funcionario.

El caso Papel Prensa es paradigmático. En el despacho del juez Julián Ercolini del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py se acumulan testimonios y documentos históricos que probarían que la papelera de San Pedro fue apropiada bajo amenazas por parte de los dueños de los tres diarios involucrados (Clarín, La Nación y La Razón) y la Junta militar. La causa se originó por una doble denuncia: la de Poder Ejecutivo, a través del minucioso informe oficial realizado por los representantes del Estado en la compañía bautizado "Papel Prensa: La Verdad", y la de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, el dueño de la empresa antes de la supuesta venta forzada. Las declaraciones de Papaleo y otros damnificados, como los viejos accionistas Juan Graiver y Rafeal Ianover, revelan que fue una apropiación ilegal, lograda con amenazas, secuestros y torturas.

Esta semana, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se reunió con la viuda de Graiver para analizar los documentos hallados recientemente ligados a la última dictadura cívico-militar, en los que hay constancia de la relación entre la entrega de Papel Prensa y los secuestros y detenciones de los Graiver. "Está claramente demostrado que la venta de Papel Prensa y la detención de los familiares de Graiver era para la Junta Militar una única unidad temática", aseguró Rossi.

El exdiputado señaló que en la documentación descubierta en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, se encontraron 13 actas originales, de las cuales en 12 se realiza un seguimiento del tema entre el 15 de septiembre de 1976 y el primero de diciembre de 1977. El punto 5 del acta 19 de fecha 6 de abril de 1977 es el "arresto de familiares e implicados en el caso Graiver". Al término de la reunión, Papaleo manifestó que este material es muy importante y agradeció que ya esté en manos del juez Ercolini.

En este marco, Sbatella confirmó que el Gobierno nacional intentará reparar el daño provocado a la familia Graiver con la restitución de los bienes. "Desde la UIF estaremos planteando en el transcurso de la semana próxima, la posibilidad que se acuse de lavado al dinero proveniente ilícito de apropiación de bienes de detenidos desaparecidos. Una de las situaciones es la de Papel Prensa, pero hay otras", detalló el jefe de la unidad antilavado.

Otros casos de empresarios que fueron expropiados sus bienes durante la dictadura son el de Eduardo Saiegh y el de los hermanos Iaccarino. "Todos esos casos, además de la imprescriptibilidad por delitos de lesa humanidad, entraría también la recuperación de los bienes porque fueron apropiados", agregó Sbatella.

Saiegh es un arquitecto que fue desapoderado del Banco Latinoamericano de Inversión en 1980. Según contó el banquero argentino, el 31 de octubre de ese año fue detenido sin orden judicial por la División Bancos de la Policía Federal y permaneció desaparecido siete días. En esa semana, fue torturado y obligado a confesar delitos inexistentes que le permitieran al Banco Central en manos de los militares liquidar al BLA, del cual era vicepresidente.

Los hermanos Rodolfo, Alejandro y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados en noviembre de 1976 por grupos de tareas en Santiago del Estero y trasladados luego a distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps. Durante su cautiverio en la Brigada de Lanús, los hermanos fueron obligados a firmar un poder para que su padre venda las empresas y un avión que tenía la familia a cambio de 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que nunca les entregaron.

Una dificultad se presentará en el futuro, tras el pedido de la UIF. Qué hacer con los bienes. "Se pide la incautación para en un etapa posterior devolverlo", anticipó Sbatella, quien también se quejó en el diálogo radial de la falta de un registro nacional centralizado de bienes incautados por la Justicia, lo que facilitaría la ejecución o restitución. "Hubo una intención del Ministerio de Justicia de empezare a hacer un registro de los bienes decomisados por orden judicial, para luego liquidarlos. Todo centralizado. Pero eso está en la Corte. Hoy no tenemos estadísticas de los bienes decomisados", señaló el economista y extitular de la Comisión de Defensa de la Competencia.

Según el artículo 231 del Código Penal, un juez puede resolver "la incautación del producto del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva". Pero una vez que haya sentencia, el mismo ordenamiento penal estipula en el artículo 23 que puede volver a sus dueños legítimos. "En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros".

Fuente: Ambito Financiero

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=716053

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Sbatella podría acusar por lavado de dinero a los accionistas de Papel Prensa

El titular de la UIF, José Sbatella, anticipó que "la semana próxima" podría acusar a los principales accionistas de Papel Prensa de "lavado de dinero" proveniente de la apropiación de bienes de desaparecidos y aludió a la posible "recuperación" de esa y otras empresas.

 

 "Estamos planteando ahora, en el transcurso de la semana próxima, la posibilidad de que se acuse de lavado de dinero proveniente de los ilícitos de la apropiación de bienes de los desaparecidos" en al menos tres casos, incluido Papel Prensa, declaró el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) a radio América.

Preguntado sobre si la UIF requerirá la incautación de Papel Prensa, Sbatella recordó "que son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad" y que, en casos como el señalado, esos "delitos continuos van camino a dañar el bien protegido en el Código Penal, que es el orden económico y financiero".

"Una de las situaciones es la de Papel Prensa, pero hay otros empresarios importantes expropiados", dijo el titular de la UIF y citó a Eduardo Saiegh y a los hermanos Iaccarino, secuestrados y despojados de sus bienes durante la última dictadura.

En ese mismo período, las acciones de Papel Prensa fueron traspasadas a los diarios Clarín, La Nación y La Razón por la familia Graiver, cuyos integrantes fueron secuestrados y torturados para forzar la venta.

En el programa radial que conduce Dady Brieva, Sbatella también contestó preguntas sobre otras acciones de la UIF, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero.

Fuente: Telam

 

ROSSI AVANZA CON NUEVOS DOCUMENTOS

Política • Papel Prensa • Derechos Humanos • Lunes 04 de Noviembre de 2013 | 18:32

Rossi sobre archivos hallados de la dictadura: “Queda claro que los arrestos en el caso Graiver se trataban junto con el tema de Papel Prensa”

El ministro de Defensa reveló archivos de la última dictadura militar. Allí, había "listas negras" de artistas como "Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Briski y Julio Cortázar". La papelera "era un tema absolutamente importante".

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló esta tarde el hallazgo de una gran cantidad de documentación original de las Juntas Militares perteneciente al período comprendido entre 1976 y 1983, correspondientes a la última dictadura militar, de "gran importancia histórica y jurídica".

Entre los documentos hallados, se encuentran algunos que dejan "claramente demostrado que para la Junta Militar el tratamiento de los arrestos de los familiares e implicados en el caso Graiver se analizaban junto con el tema de la venta de Papel Prensa".

A su vez, el Ministro destacó: "En ese momento la Junta Militar analizaba la detención de los implicados en el caso Graiver en conjunto con la venta de Papel Prensa. Era un tema absolutamente importante para la dictadura".

Entre la documentación que sobresale se encuentran también las denominadas "listas negras" de comunicadores, intelectuales y artistas, entre quienes Rossi mencionó a Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Briski, Julio Cortázar, Roberto Cossa, Rogelio García Lupo, Horacio Guarany, Víctor Heredia, Federico Luppi, Osvaldo Pugliese, Marilina Ross, Mercedes Sosa y María Elena Walsh.

“Queda claro que los arrestos en el caso Graiver se trataba junto con el tema de Papel Prensa”

“Encontramos 1500 biblioratos, dentro de ellos hay muchísima documentación que estaba dentro de dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería de dos metros de largo por tres de alto”, explicó Rossi.

“Encontramos seis carpetas originales de las actas de la Junta Militar desde el 24 de marzo del ‘76 hasta el 10 de diciembre del ‘83. Con cronología de cada una de esas actas, los originales, firmados por los secretarios generales de cada una de las Fuerzas. Cada carpeta incluye una planilla de los temas que se trataban, con las posiciones que tenían cada una de las distintas Fuerzas y con un índice temático agrupado alfabéticamente”, detalló el Ministro de Seguridad de la Nación.

Mencionó, asimismo, que entre los tres libros originales que registran “cualquier comunicación que se hiciera a la Junta” se encuentra “asentada la solicitud de Hebe (de Bonafini) pidiendo por el destino de sus hijos desaparecidos”.

Por otro lado, el Ministro se refirió al tratamiento de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. En ese sentido, señaló: "En las actas se puede rastrear el tratamiento del tema. Encontró oposiciones en las reuniones de la Junta Militar".

En tanto, en las actas también se hace referencia a los desaparecidos. "Se decide redactar una ley de presunción de fallecimiento. Esa ley nunca se aprobó, pero me parecía importante tenerla y mostrarla", explicó el Ministro.

También se encontró una gran cantidad de “documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que daba sustento ideológico y doctrinario al Proceso de Reorganización Nacional”, reveló.

Esos archivos, explicó Rossi, indican que “el plan tenía dos partes: una etapa fundacional que llegaba hasta cerca de los ‘90 y otra denominada la nueva República que llegaba hasta casi el año 2000”.

El Ministro mostró también una comunicación de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) de aportes al esquema de ese proyecto. "Con lo cual, esto que dice la Presidenta de que el golpe no fue militar sino cívico-militar encuentra en estos documentos pruebas en ese sentido.

Agustín Rossi dio a conocer el hallazgo de 1500 archivos entre los que se encuentran las listas de perseguidos políticos entre 1973 y 1983, que se hallaban en la sede del eficio Condor, sede de la Fuerza Aérea Argentina.

"Lo primero que consideramos relevante es que llegamos hasta esta documentación por una información que nos brinda un integrante de la actual cúpula de las FFAA (el jefe del Estado Mayor, general de la Fuerza Aérea, brigader Mario Callejo), es un elemento sustancial que quiero remarcar profundamente", remarcó.

También, obran en poder de Defensa documentos sobre acuerdos entre las jerarquías de la dictadura y empresarios relacionados a hechos que hoy son objeto de investigación por parte de la justicia, y detalles de un plan económico de gobierno que se proponía extenderse hasta 1999.

Papel prensa, la nueva verdad

Recordar los tres años de la apertura a prueba de la maniobra de apoderamiento de Papel Prensa es colocar en valor lo que significó –y significa– la colaboración de los tres diarios monopólicos con la dictadura militar.

 

Por:
Tiempo Argentino

–La publicación de la solicitada del 19 de Mayo de 1977 en la primera plana de los diarios La Nación, Clarín y La Razón, en la que los nuevos apropiadores de Papel Prensa informaban a la opinión pública que habían adquirido la empresa con la AUTORIZACIÓN de la Junta de Comandantes genocida. Además, aclaraban que el Estado Nacional "colaboró" para que la operación se concretara.

–O también la postal del Proceso: Jorge Rafael Videla, Ernestina de Noble, el general Saint-Jean y el coronel Ramón Camps encabezando la ceremonia donde se cortó la cinta de la planta de Papel Prensa en San Pedro. En esos dos hechos quedó revelado el pacto cívico-militar del Proceso, con la inclusión gravitante de los medios periodísticos.

Recordemos entonces que el gobierno nacional denunció una operación –para la transferencia de acciones de Papel Prensa– que se había realizado cometiendo delitos de lesa humanidad contra los integrantes de la familia Graiver y personal jerárquico que revestía en su holding empresario. De esta manera, se puso en claro un tema tabú para la clase política argentina, que había mantenido una actitud de sometimiento y complicidad con el Grupo Clarín, que marcó hasta entonces el perfil mediático de las corporaciones interviniendo en las más importantes decisiones del país.

El debate posterior echó más luz. Como nadie hubiera imaginado, hubo una oleada de sectores –supuestamente ligados a la causa nacional- que salieron sin tapujos a defender a Clarín y a las corporaciones mediáticas. De esta forma se mezclaron los delfines de la derecha institucional y los supuestos progresistas del discurso comprometido, en una abierta solidaridad con quienes habían cometido el delito de lesa humanidad. 

El caso Papel Prensa puso en valor qué pensaba cada uno y a qué intereses respondía. La contundente denuncia, el relato conmovedor de quienes habían sido vejados para apropiarse de las acciones y el relato sobre que las reuniones del saqueo se habían realizado en las oficinas patricias de La Nación, eran demasiado para la hipocresía del periodismo del sistema. Lo que nació como un acto de verdad sobre un hecho inocultable, había generado un estado de conciencia impactante en amplios sectores de la sociedad. Hasta ese momento, de ahí el mérito de Cristina y Néstor Kirchner, nadie había explicitado esta relación perversa de la prensa monopólica encorsetando a la democracia. 

Y comenzó un duro camino judicial, la causa estuvo más de dos años sin encontrar juzgado y costó mucho establecer el ámbito donde dilucidar este conflicto. Hoy, afortunadamente, hemos sido notificados de que comenzaremos a declarar la semana próxima. Magnetto y Mitre van a tener que explicar el motivo de sus charlas con el general Gallino (en 1977), en los campos de concentración dónde estaban los integrantes de la familia Graiver. Será aleccionador cuando un juez de la Nación les pida una rendición de cuenta de sus maniobras para apoderarse de las acciones en sociedad con la dictadura de Videla. 

Los momentos históricos son sencillos cuando ocurren, pero analizados con el tiempo modifican el juicio que a veces tenemos de ellos. Esta causa es el juzgamiento al periodismo que acompañó a la dictadura, a los empresarios de medios gráficos que silenciaron muerte, tortura y desapariciones durante los años que fueron del '76 al '83.Y que lo hicieron por dinero y poder.

Papel Prensa no es un juicio más, es saber hasta el final la matriz que utilizaron los genocidas, incluyendo a los sectores de civiles que los acompañaron.

La Nación y sus editoriales para defender a los cómplices civiles de la dictadura

La editorial de La Nación del miércoles 23 de mayo de 2012, de cara al avance de la Justicia sobre aquellos casos que involucran a los civiles cómplices y verdaderos jefes de la dictadura  (los únicos que se beneficiaron con el Terrorismo de Estado), resulta de vital importancia. El caso Saiegh, confirma que Papel Prensa no fue la única empresa desapropiada durante la última dictadura mediante el secuestro y la tortura, pero especialmente, resulta clave para poder  identificar a quienes, a través Terrorismo de Estado, hicieron posible obtener beneficios personales.

La Nación demoniza a Saiegh, poniendo en práctica una técnica retorica refinada y perversa, que presenta los hechos fragmentados, distorsionados y ordenados de modo tal, que puedan convencer con sentimientos más que con razones, haciendo verosímil un relato falso que moldea, en la opinión publica, una postura favorable a los tiempos de quienes publican editoriales y tienen - por temáticas similares a esta-  varias citas postergadas con la Justicia.  

La editorial, aprovecha la medida que frena el pago, y lo presenta como algo que probaría por sobre todas las cosas, que el reclamo de Saiegh es falso, y por lo tanto, merecedor del repudio absoluto del conjunto de la sociedad.  

Claro,  la editorial no menciona que el mismo decreto que frena el pago, reconoce los hechos denunciados por Saiegh “compatibles con el accionar del Terrorismo de Estado”; tampoco que la Secretaria de DerechosHumanos de la Nación, es parte querellante en la misma causa, justamente, para acompañar y respaldar ese  reclamo ante la Justicia, considerando que ese es   “el ámbito natural para su adecuada resolución”. La Justicia, dice el decreto,  es quien debe dictaminar las medidas compensatorias como la restitución de bienes. Como también es la Justicia, la que puede (y debe) investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron delitos y utilizaron el estado terrorista para obtener beneficios personales. Como por ejemplo, los que permiten difamar a una víctima, manipular a la opinión pública, condicionar al Gobierno y conservar  la impunidad en la Justicia.   

Acusan a Saiegh de ofender la memoria de las víctimas, solamente, porque sus reclamos se apoyan en  hechos “que resultarían falsos”. Pero no resultan, ni resultaron, ser falsos, sino que “resultarían”. Lo presumen, lo sospechan, lo infieren, pero  no lo pueden afirmar. Admiten, de esa forma, que desconocen la realidad de los hechos. Aun así, justifican la liquidacion del BLA con los mismos argumentos que se obtuvieron bajo secuestro y tortura. “La entidad cayó en esa situación agobiada por una cartera de auto préstamos y créditos a empresas insolventes”, afirman. Y lo afirman de manera clara, segura y precisa, aun cuando los hechos “resultarían” ser falsos. Del mismo modo, afirman también que la liquidación “siguió los procedimientos aplicables al caso”. Tal vez, sea una manera elegante y sutil de referirse a los métodos que, con total normalidad,  utilizaban en la dictadura. Los mismos que ahora, con total impunidad, desconocen realmente. Tal vez, la memoria selectiva les impida hacer buena memoria. Pero de eso, en definitiva, se va a encargar la Justicia. 

MR.

JCCCD

Se reactiva la causa Papel Prensa: Lidia Papaleo declarará el próximo jueves 13 de junio

La viuda del ex banquero David Graiver declarará el próximo jueves 13 de junio en la causa en la que se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa durante la úlima dictadura cívico militar. Así lo confirmó hoy a Télam Osvaldo Papaleo, quien también estimó que recibirá en los próximos días la citación para declarar en la causa que instruye el juez Julián Ercolini. La Justicia analiza la tasación de la empresa Papel Prensa desde sus orígenes, sus balances "históricos" y la evolución del precio de sus acciones para comprobar si hubo "precio vil" en su venta durante la última dictadura cívico militar.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones "desde sus orígenes" para determinar si hubo "precio vil" en la venta.  "Se comparará el precio de las acciones en esa época y a cuánto se vendió", explicaron fuentes judiciales. Como esta etapa ya está finalizando, ahora comienza la fase de citación de testigos, comenzando por las víctimas de la operatoria. En este sentido, declararán Lidia y Osvaldo Papaleo, y Rafael Yanover, quien era vicepresidente de Papel Prensa.

"Sería muy bueno que declare Héctor Magnetto, Ernestina de Noble y la familia Mitre", explicó Papaleo. En diciembre del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió citar a declaración indagatoria a quienes figuran como imputados en la causa, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Peralta Ramos, y el ex dictador Jorge Rafael Videla, fallecido recientemente.

También se había requerido la del ex ministro de Economía de la última dictadura cívico militar José Alfredo Martínez de Hoz, quien también murió. En la causa se investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la venta de las acciones de la empresa que pertencía a la familia Graiver, cuyos integrantes fueron secuestrados y torturados, para concretar el traspaso a precio vil a La Nación SA, Clarín y La Razón SA en la últma dictadura.

Los querellantes en la causa son la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo y la Secretaría de DD.HH. La causa iniciada en el 2010 estuvo frenada por un conflicto de competencia entre la Justicia federal porteña y la de La Plata, que quedó superado cuando la Cámara Federal porteña resolvió que Ercolini quedase a cargo del caso.

Fuente: Telam

EL 20/12 TODOS A LA BIBLIOTECA NACIONAL.

MESA REDONDA Y DEBATE:

‘JUICIO A LOS JEFES CIVILES DE LA DICTADURA Y LA VERDAD HISTÓRICA’

El Programa Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional y la Fundación para la Integración Latinoamericana (FIL) organizan la mesa redonda y debate sobre “El Juicio a los reales Jefes Civiles de la Dictadura y la Verdad Histórica”, con la disertación de Horacio González, Alberto González Arzac y Eduardo Saiegh.

El evento se desarrollará el jueves 20 de diciembre, en el Salón Ortiz del tercer piso de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, CABA, a las 18.30 horas.

Al finalizar, todos los presentes quedan invitados a un cóctel en la confitería Macedonio, de la Biblioteca Nacional.

Como forma de establecer una política de custodia, registro y difusión de la memoria sobre la problemática de violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, en especial durante la última dictadura cívico-militar, la Biblioteca Nacional ha creado en 2012 un Programa que incluye la formación de un archivo audiovisual con entrevistas a militantes de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que procura reflejar una pluralidad de experiencias, enfoques y pertenencias institucionales y constituirá una forma de generar, preservar y colocar a la consulta pública un patrimonio institucional sobre esos temas. En este marco, para estimular la reflexión y discusión sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias, la Biblioteca Nacional junto a la Fundación para la Integración Latinoamericana (FIL), organizan la Mesa Redonda y Debate “El Juicio a los reales Jefes Civiles de la Dictadura y la Verdad Histórica”, cuyos participantes disertaran en torno a los hechos  acontecidos en aquel momento,  enfocando la represión ideológica en su contexto real de intereses económicos, como parte del proceso de memoria, verdad y justicia que hoy vive la sociedad.

Horacio González es sociólogo, docente, investigador, ensayista y disertante. Licenciado en Sociología (UBA). Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de San Pablo, Brasil). Es Profesor de Teoría Estética y de Pensamiento Social Latinoamericano. Algunas de sus investigaciones son: Multitudes en la Argentina, Cien años de sociología en la Argentina y Usos sociales de la memoria. Fue cofundador de la revista cultural El Ojo Mocho y publicó varios libros y ensayos, entre ellos: La ética picaresca, Decorados, El filósofo cesante, Las multitudes argentinas, Restos Pampeanos y Filosofía de la conspiración. Actualmente es Director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.

Alberto González Arzac es abogado constitucionalista, periodista y escritor de extensa militancia en el Peronismo y reconocida labor académica. Es autor de “La Esclavitud en la Argentina” (1973), “Lineamientos Regionales del Plan Trienal” (1973), “El Papelón de Manuel  Quintana” (1974), “Caudillos y Constituciones” (1994) y “Un jurista en el Parlamento” (1999) entre otros títulos. Actualmente, es Presidente del Instituto de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas y Consejero de Vigilancia Estatal ante Papel Prensa, tras haber elaborado el informe sobre administración fraudulenta y apropiación ilegitima mediante delitos de lesa humanidad, hechos que  se investigan en sede penal federal y que ocurrieron entre fines de 1976 y 1977 en torno al traspaso accionario de la empresa a los  grupos económicos cómplices y artífices de la dictadura. 

Eduardo Saiegh es arquitecto, empresario y banquero, de  extensa trayectoria y reconocimiento en el ámbito profesional y académico; y destacada labor cultural como Presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FIL) . Su actuación en política y economía, resulta de significativa importancia para la historia argentina reciente. En 1976 funda el Banco Latinoamericano de Inversión (BLA) y el 31 de octubre de 1980 es detenido por un grupo de tareas de la División Bancos de la Policía Federal. Permanece en cautiverio durante 7 días, y es objeto de torturas y amenazas, hasta ser despojado de su Banco.  Hoy promueve una querella junto a la Secretaria de Derechos Humanos de La Nación contra José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Reynal por delitos de lesa humanidad.

En esta ocasión, también se lanzará oficialmente el portal www.elcasosaiegh.com.ar, con toda la información actualizada sobre las acciones judiciales para sentar ‘en el banquillo de los acusados’ a los civiles que planificaron, colaboraron y se beneficiaron con el terrorismo de estado.  

Lidia Papaleo de Gravier disertó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP

Lidia Papaleo, junto a su hermano Osvaldo, Diego Perdoni de la Agrupación H.I.J.O.S Regional La Plata y la decana de la Facultad de Periodismo Florencia Saintout, disertaron la casa de estudios sobre el “Papel Prensa: complicidad civil en la última dictadura cívico-militar”. Lidia aseguró que “Clarín no reconoce amigos y aliados, sólo busca permanecer en el poder como sea”.

Lidia Papaleo de Gravier disertó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y allí contó varios de los sucesos ocurridos en la última dictadura cívico-militar. En ese sentido Papaleo dijo que “este gobierno nos permitió hablar y poner en la agenda un tema tan importante como este”.

Por su parte su hermano Osvaldo aseguró que “en este momento se está discutiendo el poder. Pateamos un hormiguero muy grande y se cayeron tipos que eran supuestamente respetables y ahora escriben editoriales en Clarín y La Nación”.

“Se puede disentir con muchísimas leyes del gobierno pero en la ley de Medios no hay deserción: estamos combatiendo el poder. Clarín no reconoce amigos y aliados, solo busca permanecer en el poder como sea”, continuó Papeleo.

“Ellos van hasta por el voto, sienten que el voto no es su camino. Los grupos multinacionales buscan romper con la estructura de país”, aseguró.

“El que conduce el 8N, el que manipula cacerolas es Clarín. La discusión es ideológica y profunda, debe ser a fondo. La ley de Medios es el eje central para democratizar los medios, ese es el debate”, concluyó.

Por su parte Diego Perdoni denunció la connivencia de Mercedes Benz y de Ford, por ejemplo durante la dictadura y dijo que “los represores son vencibles y es una batalla que estamos ganando”.

“Tanto las Abuelas, Madres, hijos y nietos recuperados siempre llevaremos a Néstor y Cristina en el corazón, porque nos permiten vivir los juicios y nos devolvieron la esperanza de creer en este país”, finalizó.

La decana de la Facultad de Periodismo Florencia Saintout aseveró que “tener a ellos en las aulas expresándose sobre el tema es un orgullo, porque admiramos su valentía”.

En continuidad con lo expresado por la decana, la docente e investigadora Andrea dijo que “cuando nadie hablaba de papel prensa, en esta Facultad ya se estudiaba. Hoy por suerte es un tema de agenda de los medios”.

“Es importantísimo volver sobre estos temas y ahí se dimensiona lo que está en juego. Hay que recrear el pasado desde este presente: tenemos que estar siempre alertas, porque los poderes están en todos lados”, concluyó.

Fuente: InfoLaPlata.com

Debate en la Biblioteca Nacional: ¨Juicio a los Jefes Civiles de la Dictadura¨

Horacio González, González Arzac y Eduardo Saiegh
debaten el próximo jueves en la Biblioteca Nacional
"El Juicio a los Jefes Civiles de la Dictadura"

Ley de Medios: El Gobierno recurrirá a la Corte tras la extensión de la cautelar

Por: 

INFOnews

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Julio Alak, adelantó que "mañana" mismo va a apelar el fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, que amplió la cautelar en beneficio del grupo Clarín en la Ley de Medios, y precisó que recurrirá al mecanismo "per saltum", que permite hacerlo directamente a la Corte Suprema.

Invitado como panelista a 678, el titular de la cartera judicial dijo que el fallo de la Cámara "es absolutamente arbitrario", y que "tiene groseras autocontradicciones".

"Es una medida cautelar que calificamos de absurda. Se confirmó lo que veníamos diciendo hace 23 meses, cuando advertíamos que un sector de la Cámara pretendía, con diversas maniobras pocesales, extender una cautelar por Clarín", dijo Alak, quien agregó que "el objetivo (de los jueces) es muy claro: no interpretar el espíritu de desmonopolización de la ley, y no interpretar la voluntad popular cuando convalidó al Poder Ejecutivo y a la Presidenta".

A su vez, el ministro aclaró que esta nueva "maniobra" no va a impedir que la Ley de Medios tenga plena vigencia. "Nos van a hacer perder una semana, dos semanas o tres semanas, pero la aplicación de la ley es inexorable". Y aseguró que "quedan pocos días para que se dicte la sentencia de fondo y esperemos que esta sentencia recepte lo que dijo el Congreso de la Nación y que caigan estas cautelares eternas".

Martin Fresneda, asegura que hay elementos para indagar a Mitre y Magneto.

Fresneda celebró que se haya destrabado la causa que se inició en 2010, luego de una denuncia del que fue secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.  Finalmente, la Cámara de Casación confirmó como juez de instrucción de la causa al magistrado del fuero Federal, Julián Ercolini.

“Hemos esperado un plazo razonable para solicitarle al juez que disponga el diligenciamiento de las medidas probatorias, ya en el marco de la instrucción e investigación de la causa, para que se acrediten esas pruebas y se puedan probar los hechos que venimos denunciando”, indicó Fresneda.

El secretario dijo que el Estado también solicitó las declaraciones indagatorias de la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble; del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; el dueño del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre; de los ex dueños del diario La Prensa, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y  Hugo Fernando Peralta Ramos; del ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla; del ex ministro de Economía durante la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz; del ex secretario de Redacción del diario Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini y del es secretario de Desarrollo Industrial durante la dictadura, Raymundo Podestá. La presentación requiere también que la Justicia prohíba la salida del país a los denunciados en la querella de Papel Prensa.

Los denunciados están acusados por la apropiación de la empresa Papel Prensa durante la dictadura, que pertenecía al Grupo Graiver. Además, se los sindica como los presuntos responsables de la privación ilegítima de la libertad e impartición de tormentos  a Lidia Papaleo,  en ese entonces dueña de Papel Prensa y viuda de David Graiver.

“Entiendo que el juez puede dar estas respuestas de inmediato, si considera que existen estos elementos que pueden sindicar. Los elementos probatorios son suficientes para que el juez tome esta determinación. Hemos dado el tiempo suficiente”, dijo.

En este sentido, Fresneda precisó: “Esta causa, como crimen de lesa humanidad, para la justicia argentina ha tenido un trato muy diferencial a las otras causas de crímenes de lesa humanidad, que si avanzaron que si prosperaron. Esta causa que involucra personas que están ligadas a un monopolio y a un poder actual, no ha tenido el mismo tratamiento”.

Con respecto al juez Ercolini, que llevará adelante la instrucción, dijo que hay mucha expectativa porque “es un juez de otra generación, de la democracia y puede tener una actitud diferente a los anteriores que fueron reticentes a tomar decisiones y a actuar conforme a derecho”.

 Megacausa “La Perla”

El secretario estará hoy presente en el inicio del juicio por la megacausa “La Perla”, centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad de Córdoba durante la última dictadura.

En esa causa hay 44 imputados y brindarán su testimonio cerca de 1000 testigos. El principal acusado es el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez. Además estarán en el banquillo los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 141, Ernesto Barreiro, Jorge Acosta y Luis Diedrichs, quienes tenían a cargo el ex centro clandestino La Perla, el segundo en importancia en el país.

“Son muchas las expectativas en Córdoba, lo conozco mucho porque estuve trabajando como patrocinante y abogado de muchas víctimas hasta de asumir  como secretario. Ahora somos querellantes como Secretaría de Derechos Humanos”, dijo.  

Fresneda afirmó que mañana estará en Santiago del Estero, en donde culmina un importante juicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 44 victimas, por los que se encuentran acusados los ex policías y ex militares Musa Azar Curi, Juan Bustamante, Miguel Garbi, Ramiro López Veloso, Jorge D’Amico (todos ellos vinculados con las desapariciones anteriores a 1976) y Francisco Laitán, Héctor Carlos Capella, Rolando Salvatierra, Eduardo Baudano, Gregorio Brao y Roberto Díaz, quien se encuentra prófugo.

El funcionario estará el viernes en La Rioja, cuando se conozca la sentencia del juicio por los homicidios en 1976 de Carlos Murias y Gabriel Longueville, los dos sacerdotes que trabajaban con el obispo Enrique Angelelli.

Fuente: Agencias