Empresario expoliado en dictadura ofrece donar al Estado la indemnización

Estará presente hoy en la jornada del Banco Central en la que se darán a conocer actas secretas relevantes de la entidad durante el período 1976-1983.

En octubre de 1981, mientras permanecía secuestrado por la última dictadura militar, el empresario Eduardo Saiegh fue forzado a liquidar el Banco Latinoamericano, del cual era propietario. Los autores de la maniobra, según consta en las causas penales y comerciales, fueron el por entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y su brazo ejecutor para estas cuestiones: el vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal. El caso del despojo a Saiegh es relevante porque formará parte del debate sobre la desclasificación de las actas del proceso que presentará el actual titular del BCRA, Alejandro Vanoli, y que darán cuenta de la colaboración empresaria y del sector financiero con el plan económico de las Fuerzas Armadas. En el medio de un gran hermetismo, una alta fuente del BCRA no confirmó ni negó que el caso Saiegh forme parte de una de las actas secretas que se develarán hoy.

Otro dato importante es que el empresario en cuestión anunció que donará al Estado casi la totalidad de la indemnización que obtenga en el juicio. "Lo decidí porque el Estado me acompañó siempre, incluso como co-querellante, y en apoyo a la gestión de este gobierno", detalló Saiegh en diálogo con Tiempo Argentino.

El empresario adelantó que el monto que donará es de U$S 100 millones, sobre un total de U$S 120 millones. "Hay que pagar abogados con el resto", cuenta sobre el cálculo indemnizatorio que hicieron los peritos. "Mi caso es un caso testigo, porque muestra cómo operaban en aquel entonces el Ministerio de Economía y sus brazos operativos, como el Banco Central", detalló el ex propietario del BL, y recordó que "en mi historia estaba en juego además la adquisición de la empresa Austral".

¿Cómo fue la historia de Saiegh? El Estado buscaba quedarse con la empresa Austral, de la cual el BL era principal acreedor. La dictadura decretó la estatización de la firma, pero como el BL era uno de los accionistas, presionaron para que haya una liquidación por parte del empresario. Lógicamente, el objetivo se logró una vez capturado y torturado Saiegh. Lo cierto es que hoy el juicio penal está en instancia de Cámara para saber si se va a citar a Reynal, y la jueza es María Servini de Cubría. Pero la vía Comercial, la que derivará en la indemnización, tiene los montos definidos pero los plazos son inciertos. Saiegh explicó que el juez dará sentencia una vez que termine la causa penal, lo que puede demorar varios años.

Esta historia, con lógicos nuevos detalles, será parte del acto de presentación de documentación que se realizará hoy en el Banco Central. Según adelantó Tiempo la semana pasada, habrá material que permitirá que la justicia investigue la trama de endeudamiento externo impulsado por ese organismo para beneficiar a grandes grupos económicos locales y extranjeros.

La información se difundirá en el marco de la jornada de debate denominado "Los Derechos Humanos a la luz de las transformaciones económicas y financieras", cuyo cierre estará a cargo del titular de la entidad.

Se espera que el evento esté encabezado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y tendrá como anfitrión a Vanoli. Por su parte, José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), abordará el tema "Las estructuras financieras de los represores: análisis de casos". Mientras que Pedro Biscay, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, aludirá luego al "Control del sistema financiero como garantía de protección de los Derechos Humanos".

En otro de los paneles que se desarrollarán hoy, Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y Judith König de la Oficina de investigación Económica y Análisis Financiero (ambas del Ministerio Público Fiscal) se referirán a las "Estrategias para el juzgamiento de la complicidad empresarial". Fuentes oficiales, a pesar de que existe en torno a las actas un silencio inquebrantable, confirmaron que además del material respecto a cómo se generó la deuda externa, se mostrará hoy frondosa documentación de sucesos en empresas, del mismo tenor que reviste el caso Saiegh.

Más de 100 casos denunciados

Muchos de los casos que se presentarán hoy vinculan a empresarios que padecieron en carne propia el azote de los militares. De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los escuadrones represivos que comandaba Martínez de Hoz secuestraron a 143 empresarios entre los años 1976 y 1983, once de los cuales aún permanecen desaparecidos.

Como el caso Saiegh, hay muchos ejemplos: entre los más conocidos resaltan el de la familia Graiver, recordado por la sustracción a sangre y fuego de Papel Prensa, luego entregado a Clarín y La Nación; o el de los hermanos Iaccarino, de la Industria Láctea Santiagueña. Otros de los perseguidos fueron Equinoquímica SA, Cambio América, Banco de Hurlingham, Casa de Cambio Brasilia, Finsur SA, e Industrias Siderúrgicas Grassi.

Para justificar los procedimientos, los organismos oficiales reportaban irregularidades en esas firmas, la mayoría de las cuales eran ciertas.

El mecanismo de pase de información respecto a empresarios nacionales incluía a casi todos los organismos y brazos económicos del ministerio que conducía Martínez de Hoz. El objetivo, con posterioridad a los secuestros, era quebrar y forzar la liquidación de las compañías, para entregar esos bienes a otros empresarios cercanos al poder. Desde organismos oficiales aseguran que ese esquema de policía económica, con el tiempo, se reinsertó en empresas privadas. 

Austral en los Archivos y los Negocios de Reynal en la Dictadura

La intención de Alejandro Reynal de vender sus acciones en MBA Lazard fue objetada por Eduardo Saiegh, secuestrado durante la dictadura. Recordó la vigencia de una causa en la que se investiga la participación de Reynal en el secuestro con fines extorsivos.

 Por Sebastián Premici

El ex vicepresidente del Banco Central Alejandro Reynal (1979-1981) es investigado por su actuación en la liquidación del Banco Latinoamericano (BLA), propiedad de Eduardo Saiegh, quien fuera secuestrado y torturado previo a la desapoderación de la entidad financiera. Reynal es actualmente el accionista mayoritario del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados), sociedad a la que ingresó en marzo de 1981, cuando todavía era funcionario del Central. El ex funcionario pretende vender su participación en el MBA, pero el BCRA todavía no lo autorizó. La gerencia de Asuntos Jurídicos en lo Penal y Asuntos Legales le mandaron una nota al fiscal de la causa, Eduardo Taiano, para que tome las acciones “pertinentes” teniendo en cuenta la vigencia de una causa por delitos de lesa humanidad.

Desde que el fiscal Eduardo Taiano tomó la causa, se produjeron varias declaraciones testimoniales que apuntan a la participación de Reynal en el secuestro de Saiegh. Tal es el caso de Carlos Alberto Buscarini, quien se de-sempeñaba como veedor de la autoridad monetaria.
El MBA fue un actor clave en el proceso de privatización de los bancos locales, en consonancia con la aplicación de la Ley de Entidades Financieras y los preceptos del neoliberalismo introducidos por la última dictadura cívico-militar. Reynal, en su rol de empresario en el MBA, contribuyó para que los bancos locales fueran vendidos a capitales extranjeros, como en los casos del Río y el Francés. Además, fue socio de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro norteamericano y artífice del plan homónimo implementado por Domingo Cavallo, durante la primera parte del menemismo.
“Se debe investigar si durante más de 30 años los fondos mal habidos de la dictadura fueron ocultados prolija y silenciosamente por los propietarios del MBA, lucrando además con todos los gobiernos posteriores a la terminación de la última dictadura militar, hasta que (Néstor) Kirchner los sacó del medio”, enfatizó Saiegh.

Saiegh fue secuestrado a fines de octubre de 1980. El 5 de noviembre, cuando todavía estaba en cautiverio, Reynal mantuvo una reunión con otros dos directores del BLA, Bernardo Grinspun y Jorge Alberto Shaw (integrante de las Fuerzas Armadas). Según consta en un dictamen del fiscal Taiano, en esa ocasión el ex funcionario les “recomendó” sacar del directorio a Saiegh, como condición para recibir los beneficios de la circular 1051.

“A través de esta circular, el Central inyectaba recursos en las entidades financieras intervenidas, siempre en una mayor cantidad a lo supuestamente necesario. Luego, esos recursos eran sacados en efectivo bajo la supervisión de efectivos de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal. Pude llegar a esta conclusión porque los tesoros de los bancos intervenidos eran vaciados al poco tiempo de que asumieran los interventores”, explicó a Página/12 Saiegh, quien agregó: “Una vez que Reynal liquidó mi banco, se hizo cargo del MBA”.

La Comisión Nacional de Valores elaboró un reciente informe a partir del cual pudo confirmar la existencia de un “aparato represivo” constituido por funcionarios de la CNV que se encargaban de preparar el terreno para liquidar empresas. Este informe señaló, además, que existía cierta connivencia entre dicha entidad y el Banco Central, a través de la figura de Reynal.
En una declaración testimonial del 3 de julio de este año, Carlos Buscarini, ex veedor del Central durante la dictadura, narró que “Reynal había decidido una inspección del BLA fuera de agenda, sin explicitar los motivos de la misma” y que anteriormente “no habían encontrado nada ilegal como para justificar un allanamiento”. Al momento de realizarse dicha inspección, integrantes de la División Bancos de la Policía Federal secuestraron a Saiegh, quien se encontraba en las oficinas de su banco. Desde las oficinas del BLA fue trasladado hacia una dependencia policial que funcionaba en el Banco Nación.

Además de la cuestión financiera, Reynal tenía otro interés por el BLA. En las bóvedas del BLA estaban, bajo caución, las acciones de la empresa Austral, ya que la aerolínea mantenía una deuda impaga con el banco por 7 millones de dólares. Uno de los socios de Austral era William Reynal, hermano del vicepresidente del BCRA. Los otros socios eran Roberto Servente y la familia Braun Menéndez.

La intención de la cúpula militar era hacerse de Austral. En complicidad con José Alfredo Martínez de Hoz, en septiembre de 1980 firmaron un decreto para estatizar Austral. Pero para esa fecha, el BLA tenía en su poder las acciones. Por eso, primero tuvieron que presionar para que el banco se “autoliquidase”.

A partir del descubrimiento de los archivos en el Edificio Cóndor, surgieron varios documentos vinculados con la empresa Austral. Saiegh, a través de sus abogados, ya le solicitó al Ministerio de Defensa que incorpore a la causa 1875/09 –José Alfredo Martínez de Hoz s/ delitos de lesa humanidad, en la que se investiga el rol de Reynal–, toda la documentación encontrada, ya sea sobre el Banco Central u otros actores del sistema financiero, así como también la situación de Austral.
“Mi objetivo no es reclamar nada sobre Austral. Esto ya lo aclaré varias veces. Con esta investigación pretendo que queden expuestos los delitos económicos de la última dictadura cívico-militar, y en particular el accionar de Reynal, que en democracia logró reciclarse como un ‘hombre de negocios’”, concluyó Saiegh.

spremici@pagina12.com.ar

Fuente: Pagina 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-233347-2013-11-12.html 

A Clarín y La Nación les molesta la justicia.

En poco tiempo se cumplirán 35 años de una imagen: la foto que tantas veces vimos del genocida Videla brindando con Ernestina Herrera de Noble en la inauguración de la Planta de Papel Prensa.

Agrupación H.I.J.O.S.

Nosotros señalamos a Clarín y La Nación como partícipes de los delitos de lesa humanidad. No fueron sólo socios de la dictadura: fueron parte de la maquinaria del horror, de la censura, de la mentira, la persecución, la violación sistemática a los Derechos Humanos.

El Poder Judicial tiene en sus manos la causa iniciada con la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como parte de las políticas históricas de Memoria, Verdad y Justicia. Pero no avanza. Detrás de los crímenes de Clarín y La Nación hay mucho más que empresas: está la forma sistemática de pensar y comunicar de multimedios que siempre optaron por defender los intereses de unos pocos. Clarín y La Nación fueron la dictadura y siguen siendo ideólogos de un proyecto de país para pocos.

La apropiación de la empresa Papel Prensa fue silenciada durante muchos años, pero pudimos quebrar el silencio y gritar que Clarín y La Nación también fueron la dictadura. Pudimos llevar la causa al Poder Judicial, porque los delitos son de lesa humanidad, pudimos demostrar la forma de operar de Clarín, que no sólo incluye la concentración económica, sino también la simbólica: forma opinión. En el último tiempo, Clarín volvió a usar un discurso del miedo, del terror, de la inestabilidad. No quiere defender bajo ningún punto de vista un proyecto de Patria que sea para todos.

Los delitos cometidos por Ernestina Herrera de Noble y sus socios son muy graves, porque están enmarcados en crímenes contra la humanidad. Son daños en perjuicio de todo el pueblo. En particular, la apropiación de Papel Prensa no sólo es un delito por cómo fue cometida, sino también por su contexto: una dictadura cívico-militar. El Estado ha sido víctima de los crímenes de Clarín y La Nación, que al ser de lesa humanidad no prescriben y se siguen cometiendo.

Decir que Clarín miente es mucho más que un slogan: es la denuncia contundente sobre un grupo que debería respetar el compromiso de comunicar e informar a la sociedad, pero que opta por mentir; es la afirmación de que mientras en las calles hay un pueblo entero que lucha por saber toda la verdad sobre los desaparecidos, Clarín sigue eligiendo ocultar lo que sabe e hizo.

El proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia está trabajando sobre la participación de Clarín, La Nación y La Razón en los delitos de lesa humanidad. Y también está avanzando sobre La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Tenemos el orgullo de poder decir que acá se juzga a genocidas, acá se sostiene desde hace diez años la decisión política de juzgar y condenar a los verdugos, acá se demuestra que la impunidad no es eterna y que la mentira tampoco.

A Clarín y La Nación les molesta la justicia. Tiemblan sus títulos falsos. Sin dudarlo, se encolumnaron detrás del vocero De la Sota para pedir la baja de las condenas de los genocidas a cambio de información. Qué alivio habrán sentido cuando De la Sota hizo noticia lo que ellos no podían publicar.

Fuente: Tiempo Argentino 

La Nación y sus editoriales para defender a los cómplices civiles de la dictadura

La editorial de La Nación del miércoles 23 de mayo de 2012, de cara al avance de la Justicia sobre aquellos casos que involucran a los civiles cómplices y verdaderos jefes de la dictadura  (los únicos que se beneficiaron con el Terrorismo de Estado), resulta de vital importancia. El caso Saiegh, confirma que Papel Prensa no fue la única empresa desapropiada durante la última dictadura mediante el secuestro y la tortura, pero especialmente, resulta clave para poder  identificar a quienes, a través Terrorismo de Estado, hicieron posible obtener beneficios personales.

La Nación demoniza a Saiegh, poniendo en práctica una técnica retorica refinada y perversa, que presenta los hechos fragmentados, distorsionados y ordenados de modo tal, que puedan convencer con sentimientos más que con razones, haciendo verosímil un relato falso que moldea, en la opinión publica, una postura favorable a los tiempos de quienes publican editoriales y tienen - por temáticas similares a esta-  varias citas postergadas con la Justicia.  

La editorial, aprovecha la medida que frena el pago, y lo presenta como algo que probaría por sobre todas las cosas, que el reclamo de Saiegh es falso, y por lo tanto, merecedor del repudio absoluto del conjunto de la sociedad.  

Claro,  la editorial no menciona que el mismo decreto que frena el pago, reconoce los hechos denunciados por Saiegh “compatibles con el accionar del Terrorismo de Estado”; tampoco que la Secretaria de DerechosHumanos de la Nación, es parte querellante en la misma causa, justamente, para acompañar y respaldar ese  reclamo ante la Justicia, considerando que ese es   “el ámbito natural para su adecuada resolución”. La Justicia, dice el decreto,  es quien debe dictaminar las medidas compensatorias como la restitución de bienes. Como también es la Justicia, la que puede (y debe) investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron delitos y utilizaron el estado terrorista para obtener beneficios personales. Como por ejemplo, los que permiten difamar a una víctima, manipular a la opinión pública, condicionar al Gobierno y conservar  la impunidad en la Justicia.   

Acusan a Saiegh de ofender la memoria de las víctimas, solamente, porque sus reclamos se apoyan en  hechos “que resultarían falsos”. Pero no resultan, ni resultaron, ser falsos, sino que “resultarían”. Lo presumen, lo sospechan, lo infieren, pero  no lo pueden afirmar. Admiten, de esa forma, que desconocen la realidad de los hechos. Aun así, justifican la liquidacion del BLA con los mismos argumentos que se obtuvieron bajo secuestro y tortura. “La entidad cayó en esa situación agobiada por una cartera de auto préstamos y créditos a empresas insolventes”, afirman. Y lo afirman de manera clara, segura y precisa, aun cuando los hechos “resultarían” ser falsos. Del mismo modo, afirman también que la liquidación “siguió los procedimientos aplicables al caso”. Tal vez, sea una manera elegante y sutil de referirse a los métodos que, con total normalidad,  utilizaban en la dictadura. Los mismos que ahora, con total impunidad, desconocen realmente. Tal vez, la memoria selectiva les impida hacer buena memoria. Pero de eso, en definitiva, se va a encargar la Justicia. 

MR.

JCCCD

Se reactiva la causa Papel Prensa: Lidia Papaleo declarará el próximo jueves 13 de junio

La viuda del ex banquero David Graiver declarará el próximo jueves 13 de junio en la causa en la que se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa durante la úlima dictadura cívico militar. Así lo confirmó hoy a Télam Osvaldo Papaleo, quien también estimó que recibirá en los próximos días la citación para declarar en la causa que instruye el juez Julián Ercolini. La Justicia analiza la tasación de la empresa Papel Prensa desde sus orígenes, sus balances "históricos" y la evolución del precio de sus acciones para comprobar si hubo "precio vil" en su venta durante la última dictadura cívico militar.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones "desde sus orígenes" para determinar si hubo "precio vil" en la venta.  "Se comparará el precio de las acciones en esa época y a cuánto se vendió", explicaron fuentes judiciales. Como esta etapa ya está finalizando, ahora comienza la fase de citación de testigos, comenzando por las víctimas de la operatoria. En este sentido, declararán Lidia y Osvaldo Papaleo, y Rafael Yanover, quien era vicepresidente de Papel Prensa.

"Sería muy bueno que declare Héctor Magnetto, Ernestina de Noble y la familia Mitre", explicó Papaleo. En diciembre del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió citar a declaración indagatoria a quienes figuran como imputados en la causa, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Peralta Ramos, y el ex dictador Jorge Rafael Videla, fallecido recientemente.

También se había requerido la del ex ministro de Economía de la última dictadura cívico militar José Alfredo Martínez de Hoz, quien también murió. En la causa se investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la venta de las acciones de la empresa que pertencía a la familia Graiver, cuyos integrantes fueron secuestrados y torturados, para concretar el traspaso a precio vil a La Nación SA, Clarín y La Razón SA en la últma dictadura.

Los querellantes en la causa son la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo y la Secretaría de DD.HH. La causa iniciada en el 2010 estuvo frenada por un conflicto de competencia entre la Justicia federal porteña y la de La Plata, que quedó superado cuando la Cámara Federal porteña resolvió que Ercolini quedase a cargo del caso.

Fuente: Telam

Tiempo Argentino: entrevista exclusiva a Lidia Papaleo

06.06.2013 |

"Quiero que Papel Prensa esté en manos de los argentinos"

Dice que su motor para pelear por esa causa es el amor que la une a David Graiver. Del olor del miedo en los centros de tortura a la búsqueda de justicia en una causa emblemática para la democracia. Cuál es el estado de la causa.

 

Cae la tarde en la calle Montevideo. Lidia Papaleo lleva un abrigo largo y botas. Me toma del brazo. Pasamos a metros de la casa del hombre más poderoso de la Argentina, Héctor Horacio Magnetto. Protagonista del despojo de Papel Prensa, socio de Videla y Massera y ahora erigido referente empresarial del "periodismo independiente". Representante mediático de los dueños del trigo y mentor ideológico del golpe por desgaste que pretende jaquear a la democracia nuestra. Pese a las pruebas en su contra, ningún juez lo llama a testimoniar, por ahora (ver aparte). Le temen al "señor Magnetto", diría el Duhalde servil.
Los testimonios se dan o se ocultan. Por eso esta nota, a tres años de la investigación que realizamos en Tiempo Argentino y que, con orgullo, forma parte del expediente judicial. Algún día, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre deberán explicar aquel brindis con Videla en la planta de San Pedro y el pacto con los genocidas para apropiarse de una empresa y edificar un monopolio en base a la sangre derramada de los argentinos.  
Ahora Lidia parece frágil bajo la lluvia. Dice que su motor es el amor. La construcción amorosa que alguna vez formó con David Graiver. Se aferra a su memoria y marcha como puede. Con cada uno de sus huesos. Con todo lo que es.
Una joven modelo de cabello castaño y ojos grises posa para una sesión de fotos en la plazoleta que parece parisina. La lluvia nos rodea con su serpentina de agua nieve. Brillan los gotones y se expanden en círculos.
Es el paso del tiempo que vuela como un ave derrapada.
El alma de las cosas.
En los ojos transparentes de Lidia veo a una mujer que ha sufrido mucho. Demasiado. Pocas personas resistieron las vejaciones y torturas de los centros de exterminio de Ramón Camps. Estuvo desaparecida y luego presa seis largos años. Cuando los representantes de Clarín y La Nación ayudaban a elaborar "interrogatorios" con el inquisidor de los Graiver designado por el finado Videla –el general Oscar Gallino, en 1977–, Lidia era torturada por una patota de nazis.
A esos nazis nadie los denunciaba desde los editoriales de la época. Porque tanto Clarín como La Nación y La Razón fueron el sostén del relato de la peor dictadura de nuestra historia, sus protectores, socios y propagandistas. No habrá programa de cotillón que los aleje de la alianza con el terrorismo de Estado.
Y lo saben.  
Aquellos aniquiladores antisemitas también picanearon a Jacobo Timerman, colega "editor" de estos recientes "republicanos".

"¿Así que sos sionista?", le preguntaban, a los gritos y cachetazos, los verdugos al mando de Miguel Etchecolatz. "Sí, lo soy", respondía el fundador de La Opinión.
Desnudo y torturado fue más digno que toda esa jauría de enloquecidos de sangre. 
Lidia conoció muy bien esos calvarios. En la causa por el Circuito Camps describió en detalle cómo padeció un tumor cerebral a causa de los brutales golpes que le propinaba Norberto "Beto" Cozzani, miembro de la patota de Puesto Vasco.
 "En muchas oportunidades me decían que por orden del gobierno (la dictadura de aquel momento) teníamos que vender las empresas sólo a empresarios argentinos y no judíos", declaró.
Esos 23 templarios del horror fueron condenados a prisión perpetua el 19 de diciembre de 2012 por esta justicia democrática. Pero todavía falta hallar al resto de los nietos de las abuelas y revelar quién secuestró a Jorge Julio López del barrio Los Hornos, en La Plata.
Todavía falta.

DOLOR MILITANTE. Lidia cuenta que hace más de seis años que no ve a sus nietos, los hijos de su hija María Sol, y ningún juez la asiste en su derecho como abuela. Miran para otro lado.
A veces hace una pausa en sus pensamientos que la remontan como el hilo del barrilete hasta Antonio Domingo Papaleo, su papá panadero y anarquista, fallecido en el ’82, tras una hemorragia que comenzó dentro de la cárcel.
Se siente rodeada por los fantasmas de las antiguas compañeras intramuros y la historia de una ladrona de bancos que tenía más coraje que algunos hombres. Afuera, iba armada con una 45 y cocaína. Adentro, protectora fiel, acercaba las noticias de "afuera" y el mate cocido reparador. La escalera del vacío.
Lidia vuelve al destino como arrebato de su duelo.
–¿Qué la moviliza a seguir adelante?
–El amor a David Graiver me mantiene viva. Pienso en él y me da fuerzas para seguir. La relación amorosa con David es mi motor. La familia que supimos crear. Así logré sobrevivir todos estos años de padecimientos. Mi hermano Osvaldo, mi hermano Hugo. Ellos me ayudaron siempre. Si hasta me quisieron echar de mi edificio porque era una presa de la dictadura, casada con un judío al que tildaban de terrorista. Mis propios vecinos. Sé bastante sobre el funcionamiento del odio. Podría hacer un tratado. Pero prefiero actuar con amor y dedicación. Tener convicciones tiene un costo. Yo quiero que Papel Prensa esté en manos de los argentinos. Que esté en manos del país. Porque "Dudi" fue un pionero en un montón de cosas. Él creía en la pluralidad de voces, en el ejercicio del periodismo, en la libertad. Ayudaba a los jóvenes pintores y los becaba para la Bienal de Venecia. Era íntimo amigo del cura Carlos Mugica y donaba la leche y el pan para la Villa 31. Pocos lo saben, pero así era David. Un buen hombre.
–Su muerte sigue siendo un misterio.
–Fue terrible para mí, de golpe me quedé totalmente sola. A cargo de un conglomerado de empresas y bancos en todo el mundo y con una hija chiquitita. Me acuerdo que en una reunión social en México, antes de la muerte de David, un importante hacendado, Gabriel Alarcón, le había dicho: "David, vendé Papel Prensa porque te costará la vida." Fue en el ’76. Me quedé totalmente sorprendida con aquella frase. Le pregunté y él como siempre me dijo que me quedara tranquila, que no pasaría nada. Luego de su muerte comencé a recibir presiones que me llevaron a pensar que iba a vivir momentos muy duros y no me equivoqué.
–¿Cómo hizo para sobrevivir?
–Con fe. Yo siempre me refugié en mi familia, pero no estaba preparada. Soy sólo una psicóloga, no sabía manejar un grupo empresario como el que había creado mi marido. No tenía ni la menor idea de qué hacer. Pero regresé al país y me hice cargo. Después vinieron los aprietes de los tres diarios, las reuniones con esta gente en el edificio de La Nación, donde  me topé con la mirada perversa de este señor Héctor Magnetto, que me amenazó a mí y a mi hija si no firmaba la transferencia de acciones en poder de ellos. Fue un despojo absoluto.  
–¿Cuál es el balance de estos tres años?
–En 2010 tomé la decisión de salir a denunciar a estos personajes por lealtad a David. Después de la asamblea de Papel Prensa que todos hablaron de números, yo les dije en la cara que estaba sentada ahí por una historia de amor. Eso definió mi vida en base a un recuerdo verdadero. Fue un cambio tan drástico como el ’76, cuando muere David. Todo se define como una identidad para mí y gira en torno a su verdadera dimensión.
–Desde Clarín insisten en que usted nunca había hecho referencia a Papel Prensa, ¿qué les responde?
–No es cierto. Los militantes de las organizaciones de Derechos Humanos saben que no miento. Los que me conocieron en la cárcel también saben que siempre hablé de Papel Prensa. Y por eso era la última de las marginadas en los pabellones. El resto de las internas se apartaban de mí por miedo. Porque el miedo tiene un olor determinado, se puede oler el miedo. Que es muy distinto a lavarse o no lavarse. El miedo no se quita con una ducha, nene.
–¿Cómo sobrellevó la vida en libertad? 
–Cuando salí de la cárcel en el ’82 volví a ejercer como psicóloga. Recién ahora me libero del miedo. Todo eso me produjo el año 2010. Más tarde volvió la negrura de la muerte con Néstor, que era muy afectuoso conmigo, eso me hizo pelota. Murió él, me rompí un pie y me explotó una mano. Quedé en sillas de ruedas. Me preguntaba qué iba a pasar. Por suerte todo se encaminó. Fui al velatorio de Néstor con mucho dolor y conversé con la presidenta. Hablamos de la fe, de nuestras convicciones. Ella es una mujer muy firme. Es lo que vos ves: clara y precisa.

 El hermano de Lidia, Osvaldo Papaleo, de trayectoria en el peronismo, recuerda las charlas con algunos intendentes y dirigentes del interior sobre Papel Prensa en tiempos de debate por la Ley de Medios. Cuenta que incluso en algunas provincias hay quienes todavía le temen a Clarín. Afirma que sólo Néstor, Cristina y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fueron y son los más firmes defensores de la lucha por la verdad contra la mayor corporación mediática del país.
"Ustedes que hicieron aquella nota con Isidoro Graiver donde se reveló lo que opinaba antes de ser ‘requerido’ por Clarín –remarca Osvaldo Papaleo– tienen que saber que el domicilio de este personaje es un misterio desconocido. Hubo al menos dos millones y medio de razones para que este señor se fuera a vivir a Londres. Estos tipos no tienen límites."
La voz de Lidia y las circunstancias como gotas heladas.
Ciertos abogados que quisieron "mediar" para quebrarla. Pegajosos del poder del dinero. Sicarios trajeados y ejecutantes.
Afuera sigue lloviendo. Nos despedimos con un abrazo cálido.
Desandar el camino perseverando contra el señor Matanza.
De eso se trata. «



un juez en su laberinto
Por estas horas, el juez federal Julián Ercolini transita su laberinto. Según fuentes de la investigación, en los próximos días podría "haber novedades y citaciones" en la causa que lleva tres años de plancha en los cajones del fuero federal.
Desde que el recientemente jubilado magistrado platense, Arnaldo Corazza, se declaró incompetente, tras permitir que Isidoro Graiver se fuera del país y declarara de forma contradictoria en su juzgado, el complejo expediente anduvo mudado entre La Plata y la Capital Federal. Ninguno de los jueces actuantes se animó a citar a testimoniar a Héctor Magnetto y a Bartolomé Mitre, de Clarín y La Nación. Cuando la causa pasó fugazmente por el despacho de Daniel Rafecas, el CEO de Noble se presentó en persona en el Consejo de la Magistratura para pedir su juicio político. Con el antecedente del ex juez Roberto Marquevich, destituido en 2004, luego de encarcelar a la viuda de Noble por el presunto trámite irregular de la adopción de sus hijos Felipe y Marcela, el Poder independiente de la Justicia se apagó.
Por lo general, los funcionarios judiciales suelen otorgarle cautelares al grupo como los árbitros fallan penales inexistentes. 
Lo último que se supo, tal como publicó este diario el pasado 11 de mayo, fue que Ercolini "requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones 'desde sus orígenes' para determinar si hubo 'precio vil' en la venta" de Papel Prensa.
El "farragoso" análisis económico y contable dispuesto por Ercolini no significa –de hecho– que desde su juzgado avancen con la acusación de lesa humanidad promovida por el Estado.
Lidia Papaleo recibió una primera cuota de 7000 dólares cuando firmó el traspaso de acciones en las oficinas de La Nación el 2 de noviembre de 1976. Meses después, el 14 de marzo del '77, fue secuestrada por un grupo de tareas al mando de Ramón Camps.

Por:   »    J.A