Por Luis Bruschtein
El nombre de Hitler tiene una densidad que convierte en
monigote al que lo banaliza. No se le puede decir Hitler o hitleriano a
cualquiera. Y eso fue lo que le pasó a Federico Sturzenegger, un hombre con más
chapa que la Villa 1.11.14. El fantasma del feroz genocida ya había rondado los
editoriales del diario La Nación. Para el presidente del Banco Ciudad y
funcionario de Mauricio Macri, la equivalencia entre Alemania nazi y la
Argentina actual estaba dada por la participación de movimientos juveniles
(“juventudes hitlerianas”) de la política, de grupos religiosos y de los
movimientos sociales en el control del acuerdo de precios que hizo el Gobierno.
En realidad se refería a La Cámpora que, junto con Carta Abierta, se han convertido
en los blancos preferidos de la oposición. Para La Nación, la referencia al
Tercer Reich apuntaba a las actitudes “autoritarias del Gobierno”, pero el
editorial se hacía sentir en el contexto del debate por la reforma judicial.
De la misma manera la izquierda ha usado hasta el abuso el
término fascista como proyectil ideológico. Aunque casi podría decirse que en
ese caso el término fascista aparece por lo menos un escalón del horror más
bajo que Hitler. La Alemania nazi, Adolf Hitler, representan el exterminio, el
límite mismo del espanto. Más allá no hay nada. Esta figura espectral ejerce
una seducción especial sobre la derecha. La derecha no usa el término
“fascista”, usa a Hitler porque la tranquiliza. Hitler les permite sentir que
no son tan de derecha.
Un gobierno de derecha, conservador o de centroderecha puede
reprimir, provocar despidos, excluir a importantes sectores de la sociedad. Y
no es lo mismo que los campos de concentración y las duchas de gases de la
“solución final”. Un gobierno de ese signo puede bajar los salarios, anular las
jubilaciones para los más humildes y hasta apropiarse del ahorro de las capas
medias con corralitos o flexibilizar el trabajo, pero no es lo mismo que el
trabajo esclavo que el nazismo proveía a sus empresarios. Por supuesto, un caso
aparte han sido las dictaduras militares, que en la Argentina han desarrollado
siempre políticas económicas neoliberales. Julio Scherer García, un prestigioso
periodista mexicano, fue secuestrado cuando viajó en los años ‘70 a Guatemala
para investigar violaciones a los derechos humanos. Una gran campaña
internacional logró que lo liberaran y contó que, en la sala de torturas, los
militares guatemaltecos tenían una foto del dictador argentino Jorge Videla y
otra de Hitler. La paradoja está en que el diario La Nación apoyó a Videla y
nunca lo equiparó a Hitler como sí lo hizo ahora con este gobierno. El
paradigma del horror en Argentina fue Videla, como lo es Hitler para el mundo y
el mismo diario que apoyó a Videla equipara a este gobierno con Hitler.
“Lo único que yo dije –explicó Sturzenegger– fue que Hitler
mandó a las juventudes hitlerianas a controlar los precios y que este gobierno
hace lo mismo.” El hombre del MIT, el director de la escuela de negocios de la
Di Tella, el supuesto economista brillante del neoliberalismo queda reducido
así a sus prejuicios, los que nunca son inteligentes por más chapa intelectual
que lleven sus portadores.
Más allá de los controles de precios, existen paralelismos
que no son prejuiciosos y que ponen al neoliberalismo más cerca del nazismo que
este gobierno. Porque la teoría del nacionalsocialismo se basó en la supremacía
racial, los arios son los superiores según dijo Hitler, porque son los más
fuertes, lo cual incluye fuerza física e inteligencia. La esencia de ese
pensamiento casi darwiniano es la supremacía del más fuerte.
Esa “proximidad” teórica con el nacionalsocialismo estaría
en que esa doctrina económica también plantea la supremacía del más fuerte. El
neoliberalismo respeta la lógica de un mercado donde el que tiene más capital
juega con ventaja sobre los demás y termina doblegándolos y subsumiéndolos. Una
teoría que tiende a que los fuertes desde el punto de vista económico, lo sean
cada vez más, y los más chicos tiendan a sucumbir o a ser engullidos. Una
teoría que cuando se aplicó, destruyó a la clase media y condenó a la miseria a
millones de personas a ser excluidas de la posibilidad de trabajar y de
cualquier otro beneficio social.
Sturzenegger fue secretario de Políticas Económicas primero
con Ricardo López Murphy y luego con Domingo Cavallo como ministros de Economía
durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Acusarlo de nazi, ni siquiera usando
el mismo eufemismo que La Nación: “salvando las enormes distancias”, sería caer
en la misma banalidad política que cayó el titular del Banco Ciudad. De todos
modos nunca estará de más recordar el tremendo daño que le causaron a tanta
gente las políticas de las que Sturzenegger fue uno de los ejecutores.
El diario La Nación, que respaldó a la dictadura pero
equipara a este gobierno con el Tercer Reich, lo hizo en el marco de su rechazo
“republicano” a las leyes de la reforma judicial impulsadas por el Gobierno.
Tiene que haber alguna trampa en esos sentidos que se cruzan. Los hermanos del
nacionalsocialismo: el falangismo y el fascismo, son esencialmente
corporativos. Y la esencia de la reforma judicial es anticorporativa. Tiende a
abrir la participación ciudadana para romper el manejo cerrado de un poder de
la República.
Para hacer efectivo un pedido de amparo ante una ley, la
Justicia estima que lo debe presentar un damnificado. Prácticamente ninguno de
las decenas de amparos presentados para impedir la elección popular de los
consejeros de la Magistratura son ciudadanos comunes. Casi todos ellos son
representantes de asociaciones de jueces y abogados. La contradicción está en
que si realmente la que estuviera amenazada o resultara damnificada por esa ley
fuera la “República”, cualquier ciudadano podría presentar el amparo. Sin
embargo, la misma Justicia estaría considerando que las damnificadas en
cuestión son las corporaciones de abogados y jueces. El mecanismo que están
usando para rechazar esa norma termina por demostrar la necesidad de que esa
ley se aplique para romper ese esquema corporativo.
Los pedidos de amparo se pueden describir de la siguiente
manera: Son abogados y jueces que se presentan ante otros jueces para que los
abogados y jueces elijan a los abogados y jueces que integrarán el Consejo de
la Magistratura. Se confunde a este organismo con un sindicato de abogados y
jueces. Por el contrario, la Magistratura no está para resolver los intereses
de los abogados y jueces, ni tiene por qué representarlos. Sí tiene que haber
abogados y jueces, pero para resolver los aspectos más políticos de los
requerimientos de justicia de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto es la
sociedad, a través del voto popular, la que tiene que elegir a los abogados y
jueces que mejor representen sus intereses en esa función.
La idea de que los abogados y jueces que van a estar en el
Consejo de la Magistratura tengan que ser elegidos exclusivamente por las
asociaciones de abogados y jueces, confunde a la Magistratura con un sindicato.
Es una idea corporativa. Se trata de dos corporaciones, los colegios de
abogados y la asociación de magistrados que, bien o mal, representan a los
intereses de quienes las integran. Pero al avanzar sobre la Magistratura
usurpan una institución que debe representar al interés común. En ese traspaso
de funciones se trata de hacer prevalecer los intereses de un sector por sobre
el interés común. Eso es corporativo.
La derecha, sea Sturzenegger o el diario La Nación, tiene
que ser más cuidadosa para hablar de Hitler, porque el nazismo proviene de la
derecha y en sus raíces ideológicas surgen lazos y parentescos que no tienen
los movimientos que buscan ampliar derechos tanto de las mayorías como de las
minorías. El nazismo discrimina a las minorías y a los más débiles. Puede haber
derechas democráticas que no discriminen por raza o religión, pero desde el
punto de vista económico siempre están con el más fuerte. Que en este país se
consolide una derecha democrática es un verdadero desafío porque en Argentina
todas las dictaduras han sido de derecha y neoliberales.
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EDITORIALES DE LA NAZION II
La técnica retórica de La Nación
en su editorial “Lucrar con los Derechos Humanos”, publicada el miércoles 23 de
mayo de 2012, es refinada y perversa. Con información fragmentada, fuera de
contexto y falsa, logran engañar al lector. De ese modo, moldean en la opinión pública
una posición moral ante una temática sensible, que le permite a los editores
seguir postergando las citas que, por casos similares a este, tienen pendientes con la
Justicia.
El decreto que frena
el pago,
reconoce los hechos denunciados por Saiegh “compatibles con el accionar delTerrorismo de Estado”, y la Secretaria de Derechos Humanos es parte
querellante
en la misma causa, acompañando y respaldando el reclamo ante la
Justicia,
justamente, por entender que ese es “el ámbito natural para su adecuada
resolución”. Es decir, para que dictamine la
restitución de bienes, tome medidas compensatorias, y para que se
investigue, se juzgue y se castigue a quienes cometieron delitos en
nombre del estado terrorista, pero especialmente, a quienes obtuvieron
beneficios personales, como los que permiten difamar a una víctima,
manipular a la opinión publica, condicionar a un Gobierno y
conservar la impunidad ante la Justicia.
En la editorial, acusan a Saiegh
de ofender la memoria de las víctimas. Solo porque sus reclamos “se apoyan
en hechos que resultarían falsos”. Pero
no resultan, ni resultaron ser falsos. “Resultarían”. Lo presumen, lo
sospechan, pero no lo pueden afirmar. Pero lo mas llamativo, y lo que
realmente debería tener en cuenta la Justicia algún
día – el día que haya Justicia – es que La Nación justifica la
liquidación del
BLA exactamente con los mismos argumentos que se obtuvieron bajo
secuestro y
tortura. Afirman que se liquido por “insolvencia”, incluso, cuando los
hechos "resultarían falsos”. En el primer párrafo, quien sepa leer entre
líneas,
podrá ver el secuestro y la tortura de la Dictadura, envueltos en una
siniestra y fina ironía: “La liquidación
siguió los procedimientos aplicables al caso”.
MR.
JCCCD
