El Congreso investigaría complicidades económicas durante la dictadura

Diputados del Frente para la Victoria impulsarán en el Congreso la creación de una Comisión investigadora para identificar a los cómplices económicos de la última dictadura cívico-militar.

El primer paso será este lunes a las 17, cuando encabezados por el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y el presidente de la Comisión de Trabajo, Héctor Recalde, un grupo de 14 diputados del Frente para la Victoria presenten en conferencia de prensa el proyecto para crear la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”.

El proyecto que lleva la rúbrica, entre otros, de Recalde, la titular de la bancada oficialista, Juliana Di Tullio, y los diputados Andrés Larroque y Eduardo "Wado" De Pedro, señala que la Comisión "tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983 y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza."

Los fundamentos serán defendidos en la conferencia de prensa por Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) y el propio Recalde.

La iniciativa propone que la Comisión este compuesta por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá reunir acreditada solvencia y experiencia en el campo de los Derechos Humanos y que tendrá a su cargo la representación de la Comisión, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.

Los firmantes del proyecto sostienen que no puede haber diferencia entre “las consecuencias civiles y penales de los delitos de lesa humanidad abogando por la prescriptibilidad de las acciones civiles y por la imprescriptibilidad de las acciones penales” y aseguran que esa posición no sólo es "restrictiva" sino que "resulta más dolorosa e impropia en el caso argentino en el cual el golpe militar no obedecía a una necesidad militar" sino a conseguir "una profunda redistribución de los poderes sociales a favor de los sectores más poderosos".

En caso de avanzar la intención de los legisladores la Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro igual.

La Comisión deberá formular dentro de los 20 días siguientes a su constitución un cronograma de trabajo que incluirá: recepción de información y denuncias; citación y requerimiento de informes a organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas, cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos, y a dependencias de los tres poderes del Estado.

La Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado. 

La Comisión podrá obligar a todos los estamentos del Estado a brindar informes y también podrá solicitarlo a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

En ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La Comisión podrá recurrir a la justicia a fin de remover todo obstáculo arbitrario que se presente a la investigación.

Lucrar con la opinión pública. Las mentiras y los engaños de La Nación en sus editoriales.

Miércoles 23 de mayo de 2012 | Editorial II

Lucrar con los derechos humanos

Es de esperar que el gobierno nacional no termine enredado en los ofensivos reclamos de Eduardo Saiegh

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Mediante una resolución del ex ministro de Economía Carlos Fernández, ratificada por un decreto, el gobierno nacional impidió el cobro de cincuenta millones de dólares que reclamaba como indemnización Eduardo Saiegh, quien fue propietario del ex Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia en 1981. Esta entidad cayó en esa situación agobiada por una cartera de autopréstamos y créditos a empresas insolventes. La liquidación siguió los procedimientos aplicables al caso.

Buscando otra alternativa para fundar su pretensión, Saiegh inició una querella por "secuestro y torturas", alegando haber sufrido delitos de lesa humanidad hace más de 30 años.

En la ratificación de su denuncia sostuvo: "Pasamos de un terrorismo de Estado -refiriéndose a la época de liquidación de su banco-, a un Estado de terror", en alusión al actual gobierno, que dictó la medida que lo perjudica.

Pero, paradójicamente, el mismo Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se ha hecho parte querellante en la misma causa adhiriendo "a la presentación y petitorio de las medidas efectuadas por el Sr. Agente Fiscal y el propio Eduardo Saiegh". De modo que el propio Gobierno hoy se denuncia a sí mismo, al no negar el calificativo de "Estado de terror" ni las demás descalificaciones.

Es de esperar que el nuevo secretario de Derechos Humanos separe la paja del trigo y evite que la gestión del organismo a su cargo se vea enredada en este burdo intento de lograr hacer un negocio de alto vuelo con reclamos vestidos de derechos humanos y antisemitismo, que ofenden la memoria de quienes han sufrido realmente violaciones de los derechos humanos..

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Es de esperar que la opinión pública no termine enredada en las mentiras y engaños de la Nación.

El engaño al lector se articula desde el comienzo. Informan el decreto de 2010 como si se tratara de un hecho reciente. Configuran en un supuesto presente,  un supuesto conflicto entre Saiegh y el gobierno, cuando en realidad, el gobierno  respalda y acompaña sus reclamos  como co-querellante en la misma causa.  Agravian y difaman a Saiegh por sus reclamos, pero si los hace el gobierno, no pasa nada, nadie se ofende.  Al contrario,  la editorial lo defiende, se pone de su lado y así termina reciclando los argumentos del terrorismo de estado para justificar la medida.

Se saca de contexto el decreto, se distorsionan unas partes, se ocultan otras, y el relato oficial  parece contener aquel  argumento perverso,  que renueva  su apariencia legal y tranquiliza los nervios de un carácter original, tan falso como siniestro.

La medida del gobierno es desfigurada de modo que se interpreta por el lector como una garantia que prueba verdadera la versión del diario,  de una liquidación normal y sin irregularidades. La opinión pública, se inclina en favor de los acusados, a pesar de las contradicciones,  las partes que no le cierran o que le faltan del relato.  La posición esta tomada, y modificarla implica demasiado esfuerzo.

Para asegurar ese objetivo, la editorial no menciona que en el mismo decreto, el Gobierno reconoce que los padecimientos sufridos por Saiegh son compatibles con el accionar del Terrorismo de Estado. y por lo tanto,  la justicia es quien debe dictar la medida que repare los daños causados. Y no deben limitarse a la restitución de los bienes desapropiados ilegítimamente únicamente, también debe garantizar una compensación justa y proporcional a las perdidas ocasionadas por ese accionar criminal. Pero sobre todo, debe investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron esos crímenes en su nombre. El pago de la indemnización, habría saldado una parte del daño, pero corrigiendo los errores por la mitad,  podría causar otros nuevos. Como por  ejemplo, si al reparar los daños materiales,  asume la responsabilidad total de sus delitos,  les estaría garantizando la impunidad total a quienes los planificaron, los ejecutaron y se beneficiaron.

Hasta entonces, habrá que tolerar este tipo de paradojas y contradicciones de este tipo; como levantar la bandera de los Derechos Humanos,  pero negar delitos y apropiaciones ilegitimas de bienes con argumentos que se obtuvieron al violarlos; o como salir en defensa de los intereses públicos, solamente para conservar los beneficios privados que se apropiaron administrando el estado a través del terror y el terror a través del estado. 

La editorial,  acusa a Eduardo Saiegh de ofender la memoria de quienes han sufrido ‘realmente’ violaciones de los derechos humanos, porque sus reclamos  se apoyan en  hechos que ‘resultarían falsos’. No lo afirman y lo presumen,  de modo que desconocen la realidad de los hechos. Y los desconocen,  porque desestiman los fallos de la Justicia que, en Democracia y en reiteradas ocasiones  confirman que Saiegh fue secuestrado, torturado y despojado de sus bienes en 1981.

Pero no explican que actualmente,  promueve junto a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Reynal, por encontrarlos responsables de esos delitos,  los cuales han sido declarados ‘de lesa humanidad’. Estos reclamos, para La Nación, ofenden la memoria de las victimas. Pero no de todas. Solo algunas. Solo las que, por alguna oscura razón, ellos saben que son reales.  La Nación puede decir quienes han sufrido realmente delitos de ese tipo y quienes no. Tal vez por eso puedan hablar en su nombre, y ocultar que esos reclamos en verdad no ofenden a las victimas, sino mas bien, asustan a sus victimarios.

Explican que el  BLA  fue “liquidado por insolvencia”  y que cae en esta situación “agobiado por una cartera de autopréstamos y créditos a empresas insolventes”. Este argumento, se obtuvo mediante secuestro y tortura. Con esos métodos,  amenazaban a la victima y la obligaban firmar los documentos, que le daban un aspecto legitimo al desapoderamiento y un argumento para poder justificarlo en ocasiones como la que presenta esta editorial,  que sigue en esta línea y lo demuestra con la misma impunidad que pasa inadvertida. “La liquidación siguió los procedimientos aplicables al caso”, explican con ironía, y trasmiten  en codificado, el orden establecido por el terrorismo de estado.

Con respecto al  “Estado de Terror”, ¿Porque el Gobierno debería tomar medidas tan severas como las que La Nación espera  que tome solamente por ese “descalificativo? Quizás están muy acostumbrados a hablar bien del poder de turno y recibir favores a cambio. Y tal vez, eso explique porque saben quienes han sido realmente victimas y quienes no. Y por eso no le llevan esa información a la Justicia, y prefieren utilizarla en esta editorial para que los civiles ideólogos y cómplices de la dictadura, sigan castigando a sus victimas.

M.R.

JCCC ID

juicioalosciviles@gmail.com

@Jciviles

POR FIN COMIENZA A DESPERTAR LA JUSTICIA

16 DE NOVIEMBRE DE 2012

BLAQUIER PROCESADO POR LA REPRESIÓN DICTATORIAL.

BLAQUIER FUE PROCESADO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

“COMPLICE EN PRIMER GRADO”

Por Alejandra Dandan

El juez acusó al dueño del Ingenio Ledesma por su responsabilidad en el secuestro de 26 personas durante el operativo conocido como la Noche del Apagón. También lo procesó en otra causa por la detención ilegal de Luis Arédez, el intendente de Libertador General San Martín, y otros dos sindicalistas.

EL DUEÑO DEL INGENIO LEDESMA FUE ACUSADO COMO COMPLICE DE 29 SECUESTROS, ENTRE ELLOS LOS DE LA NOCHE DEL APAGON

Blaquier procesado por la represión dictatorial

El juez Fernando Poviña lo procesó en dos causas. “La cooperación tuvo lugar en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma”, dice el escrito, que también alcanza al ex gerente administrativo Alberto Lemos.

Por Alejandra Dandan

Imagen: DyN

El paso está dado. El juez federal Fernando Poviña procesó al empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura militar. El procesamiento se hizo en dos causas, cuyas distintas características importan para entender el peso determinante de esta medida. 

El primer expediente se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados el 24 de marzo de 1976, entre los que está el ex intendente Luis Arédez. Las otras 26 personas son secuestrados de la Noche del Apagón de julio de ese año. Los “referentes” sindicales del primer grupo, con fuertes vínculos con los trabajadores del Ingenio Ledesma, fueron perseguidos y secuestrados “individualmente”. Los integrantes del segundo grupo “no eran referentes”, pero estaban emparentados con los trabajadores y eran posibles enemigos de la empresa. Además del dueño del Ingenio Ledesma, Poviña procesó al gerente administrativo Alberto Lemos. Embargó a Blaquier por once millones de pesos y a Lemos, por cinco. La resolución dio por probados dos tipos de colaboración: el aporte material –fundado especialmente en los “vehículos”– y el “dolo”: la voluntad de colaborar con una dictadura que fundaba un nuevo orden económico “neoliberal” que los beneficiaba: “La cooperación en cadena de los imputados tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma SAAIII –dice el escrito– contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente”.

En los dos procesamientos, de unas 200 páginas cada uno, además del análisis y organización del cúmulo de prueba, se citan antecedentes de Nuremberg y de otros escenarios de justicia, como para empezar a pensar jurídicamente aquí la responsabilidad penal del sector empresario. Ese es el contexto en el que lee el caso Ledesma, y acaso es uno de los aportes importantes para próximas causas.

“En tanto que además de aquel apoyo intra e interinstitucional con el que contaron las fuerzas de represión para arrebatar la representación política, los militares a cargo de los sucesivos golpes de Estado fueron apoyados y se beneficiaron con la colaboración activa de los mayores grupos económicos del país”, dice la resolución. “La política económica y la política represiva estuvieron, entonces, estrechamente relacionadas. Así, no resulta sorprendente a esta altura del análisis que aquellos militares que participaron en los sucesivos golpes de Estado y asumieron la conducción estatal como ministros o funcionarios públicos fueran luego de su retiro contratados por las grandes corporaciones como lobbistas o asesores”. Con estas citas de Victoria Basualdo y Daniel Cieza, entre otros, Poviña situó a Ledesma en su mundo de relaciones políticas con nombres como José Alfredo Martínez de Hoz, los créditos que beneficiaron a Ledesma y las políticas de liquidación de los ingenios azucareros del norte del país que sirvieron para concentrar la industria en Salta y de Jujuy, y allí de Pedro Blaquier.

En este esquema, de confluencia de intereses, observó el resto de la causa. Situó a Lemos y Blaquier en la figura de “cómplice” pensando en el rol posible para quienes no eran funcionarios del espacio político. Y en ese contexto analizó los dos aportes.

“En resumidas cuentas –indicó–, el aporte rendido por Blaquier y Lemos como la facilitación de medios de transporte para el traslado de los detenidos se orientó a la consumación de los hechos principales de privación de libertad de las víctimas.” Pasado ese primer peldaño, “y de acuerdo con las especiales circunstancias históricas que rodean los hechos, puede inferirse que los imputados obraron dolosamente, es decir, se advierte que tenían pleno conocimiento de que realizaban un aporte de convergencia lesiva en los hechos delictivos perpetrados por las Fuerzas Armadas dentro de un ataque generalizado y sistemático en la denominada lucha contra la subversión. En dicho contexto, la cooperación en cadena de los imputados Blaquier y Lemos tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente, al reconstruir las acciones reprochadas”.

La prueba

Según la resolución, la investigación no está cerrada, sino que debe continuar sobre el resto de las acusaciones realizadas por el fiscal Pablo Pelazzo y las querellas. Están pendientes la imputación por tormentos y homicidios y el pedido de detención.

Hasta ahora, las resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad hicieron hincapié en la persecución política e ideológica de la última dictadura, explican desde el juzgado. Esta resolución intenta modificar conceptualmente la forma de concebir la confluencia de intereses entre el sector empresario y los militares. Ese es el corazón del escrito. Luego analiza la contribución de Ledesma, marcada especialmente por el aporte de vehículos para trasladar a los detenidos en forma ilegal en el contexto de dos expedientes: 1) la llamada “causa Arédez” y 2) la causa conocida por “la Noche del Apagón”.

1) En la causa Arédez, los procesaron por tres de las cinco víctimas. Fueron detenidas el 24 de marzo, las llevaron a la cárcel de Villa Gorritti, luego a la Unidad 9 de La Plata y las dejaron en libertad. Todos eran dirigentes sindicales conocidos y quedó demostrado que con tres de ellos usaron las camionetas de la empresa para los traslados. Todos fueron individualizados, detenidos de forma aislada, y en general en sus domicilios.

2) El otro expediente son las víctimas de las noches de apagones del 20 al 27 de julio de 1976. Aunque no son todas las víctimas, el procesamiento probó la complicidad de los empresarios en 26 traslados. Así como las otras estaban “invididualizadas”, estos secuestros fueron colectivos. “Las detenciones fueron masivas y, en ese caso, donde para poder hacer todo eso la policía provincial contaba con poco parque automotor, necesitaban más vehículos, porque eran muchas las personas que se iban a detener”, explica una fuente de la causa.

“Ellos no eran los ‘referentes’ sindicales sino los que quedaban ‘por las dudas’: tenían algún tipo de vínculos con la empresa o familiares, no eran las personas individualizadas como parte de la lucha sindical”.

El aporte “doloso” quedó fundado en las pruebas que demuestran la persecución que ejerció Ledesma sobre los trabajadores. Entre ellas está el material que recogió el juzgado en los allanamientos, como los legajos con indicaciones de filiación política y biográfica de los delegados y obreros. Y los informes que demuestran que iban siguiendo el recorrido interno de los detenidos. El caso de Arédez es especialmente representativo porque todas las pruebas indican que su persecución se fundó en el importantísimo rol que tuvo a nivel sindical la reivindicación de derechos sociales y la decisión de cobrarle impuestos a la empresa, como lo dijo una y otra vez su mujer, Olga Arédez, hasta su muerte, una figura que también es destacada en el procesamiento. Blaquier y Lemos hasta ahora fueron procesados por su primer secuestro, todavía queda pendiente el segundo y su desaparición.

El aporte de los vehículos se sostiene en innumerables testimonios, pero además en documentos que permitieron consolidar la prueba: el libro de novedades del destacamento de Orán que marca el ingreso de camiones de Ledesma el día del golpe y, entre otros, un convenio hallado la semana pasada entre el jefe de Gendarmería de la zona y la empresa Ledesma para la provisión del camiones. El jefe de Gendarmería en ese momento era Antonio Domingo Bussi, el convenio es posterior a los hechos, pero para el juzgado vino a blanquear la situación de hecho.