Empresario expoliado en dictadura ofrece donar al Estado la indemnización

Estará presente hoy en la jornada del Banco Central en la que se darán a conocer actas secretas relevantes de la entidad durante el período 1976-1983.

En octubre de 1981, mientras permanecía secuestrado por la última dictadura militar, el empresario Eduardo Saiegh fue forzado a liquidar el Banco Latinoamericano, del cual era propietario. Los autores de la maniobra, según consta en las causas penales y comerciales, fueron el por entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y su brazo ejecutor para estas cuestiones: el vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal. El caso del despojo a Saiegh es relevante porque formará parte del debate sobre la desclasificación de las actas del proceso que presentará el actual titular del BCRA, Alejandro Vanoli, y que darán cuenta de la colaboración empresaria y del sector financiero con el plan económico de las Fuerzas Armadas. En el medio de un gran hermetismo, una alta fuente del BCRA no confirmó ni negó que el caso Saiegh forme parte de una de las actas secretas que se develarán hoy.

Otro dato importante es que el empresario en cuestión anunció que donará al Estado casi la totalidad de la indemnización que obtenga en el juicio. "Lo decidí porque el Estado me acompañó siempre, incluso como co-querellante, y en apoyo a la gestión de este gobierno", detalló Saiegh en diálogo con Tiempo Argentino.

El empresario adelantó que el monto que donará es de U$S 100 millones, sobre un total de U$S 120 millones. "Hay que pagar abogados con el resto", cuenta sobre el cálculo indemnizatorio que hicieron los peritos. "Mi caso es un caso testigo, porque muestra cómo operaban en aquel entonces el Ministerio de Economía y sus brazos operativos, como el Banco Central", detalló el ex propietario del BL, y recordó que "en mi historia estaba en juego además la adquisición de la empresa Austral".

¿Cómo fue la historia de Saiegh? El Estado buscaba quedarse con la empresa Austral, de la cual el BL era principal acreedor. La dictadura decretó la estatización de la firma, pero como el BL era uno de los accionistas, presionaron para que haya una liquidación por parte del empresario. Lógicamente, el objetivo se logró una vez capturado y torturado Saiegh. Lo cierto es que hoy el juicio penal está en instancia de Cámara para saber si se va a citar a Reynal, y la jueza es María Servini de Cubría. Pero la vía Comercial, la que derivará en la indemnización, tiene los montos definidos pero los plazos son inciertos. Saiegh explicó que el juez dará sentencia una vez que termine la causa penal, lo que puede demorar varios años.

Esta historia, con lógicos nuevos detalles, será parte del acto de presentación de documentación que se realizará hoy en el Banco Central. Según adelantó Tiempo la semana pasada, habrá material que permitirá que la justicia investigue la trama de endeudamiento externo impulsado por ese organismo para beneficiar a grandes grupos económicos locales y extranjeros.

La información se difundirá en el marco de la jornada de debate denominado "Los Derechos Humanos a la luz de las transformaciones económicas y financieras", cuyo cierre estará a cargo del titular de la entidad.

Se espera que el evento esté encabezado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y tendrá como anfitrión a Vanoli. Por su parte, José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), abordará el tema "Las estructuras financieras de los represores: análisis de casos". Mientras que Pedro Biscay, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, aludirá luego al "Control del sistema financiero como garantía de protección de los Derechos Humanos".

En otro de los paneles que se desarrollarán hoy, Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y Judith König de la Oficina de investigación Económica y Análisis Financiero (ambas del Ministerio Público Fiscal) se referirán a las "Estrategias para el juzgamiento de la complicidad empresarial". Fuentes oficiales, a pesar de que existe en torno a las actas un silencio inquebrantable, confirmaron que además del material respecto a cómo se generó la deuda externa, se mostrará hoy frondosa documentación de sucesos en empresas, del mismo tenor que reviste el caso Saiegh.

Más de 100 casos denunciados

Muchos de los casos que se presentarán hoy vinculan a empresarios que padecieron en carne propia el azote de los militares. De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los escuadrones represivos que comandaba Martínez de Hoz secuestraron a 143 empresarios entre los años 1976 y 1983, once de los cuales aún permanecen desaparecidos.

Como el caso Saiegh, hay muchos ejemplos: entre los más conocidos resaltan el de la familia Graiver, recordado por la sustracción a sangre y fuego de Papel Prensa, luego entregado a Clarín y La Nación; o el de los hermanos Iaccarino, de la Industria Láctea Santiagueña. Otros de los perseguidos fueron Equinoquímica SA, Cambio América, Banco de Hurlingham, Casa de Cambio Brasilia, Finsur SA, e Industrias Siderúrgicas Grassi.

Para justificar los procedimientos, los organismos oficiales reportaban irregularidades en esas firmas, la mayoría de las cuales eran ciertas.

El mecanismo de pase de información respecto a empresarios nacionales incluía a casi todos los organismos y brazos económicos del ministerio que conducía Martínez de Hoz. El objetivo, con posterioridad a los secuestros, era quebrar y forzar la liquidación de las compañías, para entregar esos bienes a otros empresarios cercanos al poder. Desde organismos oficiales aseguran que ese esquema de policía económica, con el tiempo, se reinsertó en empresas privadas. 

La UIF pidió ser querellante en la causa de Eduardo Saiegh

Por: Franco Lucatini

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un escrito ante la Justicia para pedir ser querellante en la causa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura contra Eduardo Saiegh. En el proceso ya integra la querella el mismo empresario, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El caso Saiegh es uno de los paradigmas de la responsabilidad civil y financiera en el terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno militar, pero aún no tiene condenas.

El 31 de octubre de 1980 cuando la División Bancos de la Polícia Federal lo secuestró, Eduardo Saiegh era el vicepresidente y acreedor mayoritario de la entidad financiera que había fundado cinco años antes: el Banco Latinoamericano de Inversión (BLI). Durante una semana lo torturaron en la sede del Banco Nación, donde lo obligaron a confesar delitos que no había cometido para justificar una posterior intervención de su entidad bancaria. Fue el vicepresidente hasta que el presidente y el vice segundo fueron citados y obligados a firmar la liquidación del banco.

Según Saiegh, el ataque y el desapoderamiento del BLI se debieron al interés del vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal, en hacerse de los títulos de Austral Líneas Aéreas, depositados en la banca de Saiegh como garantía por una deuda de la aerolínea con el banco. La empresa tenía un pasivo superior a los 250 millones de dólares, y uno de los accionistas era el primo de Reynal. Con la maniobra, el gobierno de facto buscaba estatizar Austral y trasladar ese pasivo a las espaldas del Estado nacional.

Saiegh denunció el hecho tras la recuperación de la democracia, pero su causa judicial tuvo numerosos obstáculos hasta convertirse en emblema. Recién con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reactivó la vía judicial. El expediente tramitó en el juzgado de Daniel Rafecas hasta que fue apartado por la Cámara Federal, y la instrucción dependió del fiscal Carlos Rívolo, también separado por mal desempeño. El mismo banquero pidió el juicio político del fiscal, en abril de 2012, porque Rívolo no impulsó la causa -iniciada en 2009- “injustificada e ilegalmente”.

Ahora la UIF quiere sumarse a la querella. Sbatella, el titular del órgano antilavado, insiste en que no sólo debe atacarse al “delito económico” sino que debe desbaratarse “la economía del delito”, que en los casos de delitos de lesa humanidad, ha permitido subsistir en la ilegalidad a los responsables del terrorismo de Estado. Uno de los argumentos del economista es que al no haberse reparado esa situación económica, los criminales de lesa humanidad prosiguen en el ilícito de generar terror a través de la garantía de la impunidad.

No es la primera vez que la UIF solicita sumarse  la querella en delitos de lesa humanidad. Otros casos significativos en el intento de esclarecer el rol civil y la responsabilidad de los actores financieros y económicos de la dictadura son las causas de Papel Prensa y la de los hermanos Iaccarino, muy similares en los hechos a la de Eduardo Saiegh. En su caso particular, se suma el componente antisemita de los militares, que lo sometieron a los peores vejámenes con una saña que ellos mismos refirieron como “castigo” por ser judío.

Saiegh promovió su querella denunciando extorsión, torturas y desaparición forzada. A todo eso ahora se suma el impulso de la UIF, que intenta demostrar que en el núcleo dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz -acusado directamente por Saiegh- cometió el delito de lavado de activos de orígen ilícito. El desapoderamiento de las empresas y del capital privado no sólo era una motivación más al momento de cometer un delito: también era un fin en sí mismo que permitía poner coto al desarrollo de las alternativas económicas que no eran neoliberales. Una vez que encontraron una mecánica para lavar ese dinero, los genocidas se nutrieron de esos fondos para evadir a la justicia y continuar en la ilegalidad sin sufrir grandes dificultades.

La estatizacion de Austral y las FFAA subordinadas al poder económico

EL PAIS › LOS ARCHIVOS ENCONTRADOS DE LA DICTADURA PERMITEN ENTENDER LA NACIONALIZACION DE AUSTRAL

Una operación para salvar a los privados

La estatización decidida por Martínez de Hoz fue para rescatar a los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo, y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura.

  Por Sebastián Premici

El próximo 20 de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi publicará los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, perteneciente a la Fuerza Aérea. Aproximadamente, el diez por ciento de toda la documentación hallada tiene que ver con el caso de la empresa Austral, “nacionalizada” por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1980. La historia de Austral da cuenta de cómo el poder económico de entonces, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Hacienda, compró las acciones de una compañía quebrada con el solo objetivo de evitarle a sus accionistas privados el pago de la deuda que mantenían con el Estado. Los empresarios rescatados por Martínez de Hoz eran los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar (1979-81). Con esta operación no sólo evitaron pagar su deuda con el Estado, sino que recibieron una compensación por la “nacionalización” de la compañía. Martínez de Hoz intentó venderle la empresa a Franco Macri, del Grupo Socma, y a Carlos P. Blaquier (Ledesma).

Esta historia fue reconstruida a partir de los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, analizados por el equipo de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores, integrado por Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio. Para los investigadores que tuvieron un primer acceso a estos archivos, el caso Austral ejemplifica cómo las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder económico y a las decisiones que se tomaban desde el Ministerio de Economía, comandado por Martínez de Hoz y Guillermo Klein, dos representantes del establishment, uno por la Sociedad Rural y el otro por la Bolsa de Comercio.

La Fuerza Aérea no quería nacionalizar Austral. En cambio, el equipo económico de entonces estaba dispuesto a llevar adelante su concepto de “subsidiariedad del Estado”, es decir, garantizarle a las empresas privadas y a los empresarios su subsistencia. Para comprender esta puja dentro de la propia dictadura cívico-militar basta con algunos ejemplos. Dentro de la documentación analizada por el equipo de la CNV, surgen varias actas con declaraciones del comodoro (R) Larghi. “Se tomaron medidas políticas que, como ya lo expresara, no debieran dejar entrever que sólo apuntaron a proteger el pretendido buen nombre de William Reynal, quien a través de la vía mas cómoda y barata para él, se había desprendido, sin ninguna responsabilidad, de sus obligaciones naturales de empresario”, escribió Larghi el 6 de noviembre de 1980. En otro pasaje, sostuvo: “Me violenta tener que repetir que no hay que comprar Austral”.

William Reynal es el primo de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central y hoy dueño del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados). El tenía más del 70 por ciento de las acciones de Austral. La aerolínea aparece casi en quiebra desde 1979, a pesar de los continuos préstamos que recibía del Banade. “Hay un empecinamiento de Martínez de Hoz y su equipo para salvar a sus amigos, lo ves en la tensión con la Fuerza Aérea, que quiere declarar la quiebra, pero ellos siguen poniendo plata que nunca apareció”, sostuvo a Página/12 Walter Bosisio.

El principal acreedor de Austral era el Estado y el único privado era el Banco Latinoamericano (BLA), cuyo titular era Eduardo Saiegh. El BLA tenía acciones de la aerolínea en caución, por siete millones de dólares. Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la dependencia de la Policía Federal del Banco Nación. Saiegh acusó a Reynal (Alejandro) de ser el instigador de su secuestro, con el objetivo de quedarse con las acciones de Austral. Una vez liberado, fue obligado a liquidar su banco.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestra condición de accionistas de Austral a fin de precisar el ofrecimiento que efectuáramos por nota el 10 de septiembre de 1980”, puede leerse en una carta enviada por los dueños de Austral a Martínez de Hoz. Esa oferta consistía en la “transferencia de las acciones y la totalidad de los derechos patrimoniales y políticos correspondientes”. Varios meses antes de aceptar esa oferta, el equipo económico de la dictadura cívico-militar se sentó a negociar con Franco Macri y Carlos P. Blaquier.

Entre los documentos del Edificio Cóndor existe una carpeta que da cuenta de una oferta hacia Macri y al grupo Socma, con la posibilidad de quedarse con el 60 por ciento de la empresa, mientras que el restante 40 por ciento seguiría en manos de Reynal. Luego de un intercambio de ofertas, la Fuerza Aérea consideró que la propuesta de Franco Macri no era suficiente. “Siendo que Franco Macri tiene posible acceso a la presidencia de Austral se solicita se investiguen antecedentes personales y comerciales”, escribió en un documento el brigadier Francisco Salinas, fechado en mayo de 1980.

Tras el fracaso de esas negociaciones, el 23 de octubre de 1980, hubo un almuerzo entre la cúpula cívico-militar con Carlos P. Blaquier y el doctor Marangoni, del Grupo Ledesma. Esa oferta tampoco prosperó. “Fue un negocio que ni siquiera los militares pudieron parar, a pesar del rechazo de la Fuerza Aérea. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Fue un negocio redondo”, concluyó Bruno Napoli.

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Austral en los Archivos y los Negocios de Reynal en la Dictadura

La intención de Alejandro Reynal de vender sus acciones en MBA Lazard fue objetada por Eduardo Saiegh, secuestrado durante la dictadura. Recordó la vigencia de una causa en la que se investiga la participación de Reynal en el secuestro con fines extorsivos.

 Por Sebastián Premici

El ex vicepresidente del Banco Central Alejandro Reynal (1979-1981) es investigado por su actuación en la liquidación del Banco Latinoamericano (BLA), propiedad de Eduardo Saiegh, quien fuera secuestrado y torturado previo a la desapoderación de la entidad financiera. Reynal es actualmente el accionista mayoritario del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados), sociedad a la que ingresó en marzo de 1981, cuando todavía era funcionario del Central. El ex funcionario pretende vender su participación en el MBA, pero el BCRA todavía no lo autorizó. La gerencia de Asuntos Jurídicos en lo Penal y Asuntos Legales le mandaron una nota al fiscal de la causa, Eduardo Taiano, para que tome las acciones “pertinentes” teniendo en cuenta la vigencia de una causa por delitos de lesa humanidad.

Desde que el fiscal Eduardo Taiano tomó la causa, se produjeron varias declaraciones testimoniales que apuntan a la participación de Reynal en el secuestro de Saiegh. Tal es el caso de Carlos Alberto Buscarini, quien se de-sempeñaba como veedor de la autoridad monetaria.
El MBA fue un actor clave en el proceso de privatización de los bancos locales, en consonancia con la aplicación de la Ley de Entidades Financieras y los preceptos del neoliberalismo introducidos por la última dictadura cívico-militar. Reynal, en su rol de empresario en el MBA, contribuyó para que los bancos locales fueran vendidos a capitales extranjeros, como en los casos del Río y el Francés. Además, fue socio de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro norteamericano y artífice del plan homónimo implementado por Domingo Cavallo, durante la primera parte del menemismo.
“Se debe investigar si durante más de 30 años los fondos mal habidos de la dictadura fueron ocultados prolija y silenciosamente por los propietarios del MBA, lucrando además con todos los gobiernos posteriores a la terminación de la última dictadura militar, hasta que (Néstor) Kirchner los sacó del medio”, enfatizó Saiegh.

Saiegh fue secuestrado a fines de octubre de 1980. El 5 de noviembre, cuando todavía estaba en cautiverio, Reynal mantuvo una reunión con otros dos directores del BLA, Bernardo Grinspun y Jorge Alberto Shaw (integrante de las Fuerzas Armadas). Según consta en un dictamen del fiscal Taiano, en esa ocasión el ex funcionario les “recomendó” sacar del directorio a Saiegh, como condición para recibir los beneficios de la circular 1051.

“A través de esta circular, el Central inyectaba recursos en las entidades financieras intervenidas, siempre en una mayor cantidad a lo supuestamente necesario. Luego, esos recursos eran sacados en efectivo bajo la supervisión de efectivos de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal. Pude llegar a esta conclusión porque los tesoros de los bancos intervenidos eran vaciados al poco tiempo de que asumieran los interventores”, explicó a Página/12 Saiegh, quien agregó: “Una vez que Reynal liquidó mi banco, se hizo cargo del MBA”.

La Comisión Nacional de Valores elaboró un reciente informe a partir del cual pudo confirmar la existencia de un “aparato represivo” constituido por funcionarios de la CNV que se encargaban de preparar el terreno para liquidar empresas. Este informe señaló, además, que existía cierta connivencia entre dicha entidad y el Banco Central, a través de la figura de Reynal.
En una declaración testimonial del 3 de julio de este año, Carlos Buscarini, ex veedor del Central durante la dictadura, narró que “Reynal había decidido una inspección del BLA fuera de agenda, sin explicitar los motivos de la misma” y que anteriormente “no habían encontrado nada ilegal como para justificar un allanamiento”. Al momento de realizarse dicha inspección, integrantes de la División Bancos de la Policía Federal secuestraron a Saiegh, quien se encontraba en las oficinas de su banco. Desde las oficinas del BLA fue trasladado hacia una dependencia policial que funcionaba en el Banco Nación.

Además de la cuestión financiera, Reynal tenía otro interés por el BLA. En las bóvedas del BLA estaban, bajo caución, las acciones de la empresa Austral, ya que la aerolínea mantenía una deuda impaga con el banco por 7 millones de dólares. Uno de los socios de Austral era William Reynal, hermano del vicepresidente del BCRA. Los otros socios eran Roberto Servente y la familia Braun Menéndez.

La intención de la cúpula militar era hacerse de Austral. En complicidad con José Alfredo Martínez de Hoz, en septiembre de 1980 firmaron un decreto para estatizar Austral. Pero para esa fecha, el BLA tenía en su poder las acciones. Por eso, primero tuvieron que presionar para que el banco se “autoliquidase”.

A partir del descubrimiento de los archivos en el Edificio Cóndor, surgieron varios documentos vinculados con la empresa Austral. Saiegh, a través de sus abogados, ya le solicitó al Ministerio de Defensa que incorpore a la causa 1875/09 –José Alfredo Martínez de Hoz s/ delitos de lesa humanidad, en la que se investiga el rol de Reynal–, toda la documentación encontrada, ya sea sobre el Banco Central u otros actores del sistema financiero, así como también la situación de Austral.
“Mi objetivo no es reclamar nada sobre Austral. Esto ya lo aclaré varias veces. Con esta investigación pretendo que queden expuestos los delitos económicos de la última dictadura cívico-militar, y en particular el accionar de Reynal, que en democracia logró reciclarse como un ‘hombre de negocios’”, concluyó Saiegh.

spremici@pagina12.com.ar

Fuente: Pagina 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-233347-2013-11-12.html 

Convocatoria: Vuelos Falsos. Muertes Verdaderas.

Para impulsar el juicio en curso acerca de los vuelos de la muerte y castigo a los jefes y responsables de la dictadura, se solicita la colaboración de organismos de Derechos Humanos, agrupaciones, centros de estudio y familiares de víctimas que puedan aportar información y todo tipo de material documental o testimonial, en relación  a  casos de terrorismo de estado y violación de DDHH que  involucren al sector de la  aeronavegación comercial publica y privada. Convocamos a quienes desempeñan funciones o están relacionados directamente con dicha industria, a colaborar  en la búsqueda de información, para un revelamiento de  casos similares a los de Carlos Hugo Capitman y Laura Noemí Creatore. Ambos fueron detenidos desaparecidos que,  según informaban las autoridades de entonces , en respuesta a los reclamos, consultas y demás pedidos de los familiares de las víctimas, organismos de DDHH y delegaciones  extranjeras , que habían abandonado el país en un vuelo de Austral  a Montevideo, donde nunca llegaron, encubriendo de ese modo  las atrocidades que padecían  en cautiverio, con torturas seguidas de muerte y la desaparición física con el método  siniestro de los vuelos de la muerte. Estos hechos, como tantos otros, jamás fueron esclarecidos. Quienes planificaron y ejecutaron esos crímenes , permanecen impunes. Se agradecerá aportar información, ofrecer ayuda o enviar preguntas, al e-mail de contacto  juicioalosciviles@gmail.com y por Twitter, la cuenta  @JCiviles.

   

Solicitada de Austral dirigida a la CIDH (18/09/79).