No es una paradoja ni una
contradicción que el gobierno sea co-querellante en la misma causa después de
haber impedido el cobro de la indemnización. O tal vez lo sea, quien sabe... En
un razonamiento inductivo, se
pueden afirmar las premisas y simultáneamente, negar las conclusiones.
Como en el primer párrafo de la editorial,
que anuncia el decreto de 2010
como si se tratara de un hecho reciente, estableciendo desde el comienzo y
hasta el final, un presente tan artificial como el supuesto enfrentamiento
entre Saiegh y el Gobierno. Un conflicto que la propia editorial siembra y riega, difamando violentamente a uno por sus reclamos
‘ofensivos’, mientras defienden al
otro, que con esos mismos reclamos, no ofende a nadie.
El fruto que sale de este
conflicto, se implanta en la medida del gobierno cuando la explican reciclando los mismos argumentos del terrorismo de estado para justificar el
desapoderamiento ilegitimo del banco. La cosecha, implica entonces aprovechar el relato oficial y acercarse lo maximo posible. En la
destilación, se descomponen, se separan y se ocultan ciertas partes. En la fermentación, se mezclan, se confunden uno con otro y si nadie nota la diferencia, puede termina en la
botella, revalidado por la etiqueta del relato oficial.
Acompaña esta hipótesis que la
editorial no dice que en el mismo decreto, el gobierno reconoce los
padecimientos sufridos compatibles con el terrorismo de estado. Y por lo tanto, la
justicia debe dictar la medida que repare los daños, que no deben
limitarse a la restitución de los bienes desapropiados ilegítimamente. Tambien, tiene
que garantizar una compensación justa y proporcional a las perdidas ocasionadas
por el accionar criminal del estado. Pero sobre todo, debe investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron esos crímenes en su
nombre. El pago de la indemnizacion, habria saldado una parte del daño. Pero corrigiendo sus errores por la mitad, el estado podria estar cometiendo otros nuevos, como por ejemplo, asumir toda la responsabilidad de sus delitos, manteniendo en la impunidad a quienes los planificaron, los ejecutaron y se beneficiarion.
Hasta entonces, habrá que tolerar este tipo de paradojas y contradicciones. Como levantar la bandera de los derechos humanos, para negar delitos y apropiaciones ilegitimas de bienes, con los mismos argumentos que se obtuvieron bajo secuestro y tortura. Como salir en defensa de los intereses públicos, para conservar los beneficios privados que se apropiaron administrando el estado a traves del terror y el terror a traves del estado.
Hasta entonces, habrá que tolerar este tipo de paradojas y contradicciones. Como levantar la bandera de los derechos humanos, para negar delitos y apropiaciones ilegitimas de bienes, con los mismos argumentos que se obtuvieron bajo secuestro y tortura. Como salir en defensa de los intereses públicos, para conservar los beneficios privados que se apropiaron administrando el estado a traves del terror y el terror a traves del estado.
M.R.
JCCC ID
juicioalosciviles@gmail.com
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Miércoles 23 de mayo de 2012 | Publicado en edición impresa
Editorial II
Lucrar con los derechos humanos
Es de esperar que el gobierno nacional no termine enredado en los ofensivos reclamos de Eduardo Saiegh
Mediante una resolución del ex ministro de Economía Carlos Fernández, ratificada por un decreto, el gobierno nacional impidió el cobro de cincuenta millones de dólares que reclamaba como indemnización Eduardo Saiegh, quien fue propietario del ex Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia en 1981. Esta entidad cayó en esa situación agobiada por una cartera de autopréstamos y créditos a empresas insolventes.
La liquidación siguió los procedimientos aplicables al caso. El decreto de 2010 detuvo dos años atrás un pago que iba en camino de repetir el caso Greco cuando, ante la denuncia de legisladores de la oposición, se frenó una compensación diez veces mayor.
Buscando otra alternativa para fundar su pretensión, Saiegh inició una querella por "secuestro y torturas", alegando haber sufrido delitos de lesa humanidad hace más de 30 años.
En la ratificación de su denuncia sostuvo: "Pasamos de un terrorismo de Estado -refiriéndose a la época de liquidación de su banco-, a un Estado de terror", en alusión al actual gobierno, que dictó la medida que lo perjudica.
Además, Saiegh responsabiliza al ex ministro Carlos Fernández, que firmó la resolución, y al propio Estado nacional, por considerar que aquella es "falsa, discriminatoria y, esencialmente, antisemita".
Pero, paradójicamente, el mismo Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se ha hecho parte querellante en la misma causa adhiriendo "a la presentación y petitorio de las medidas efectuadas por el Sr. Agente Fiscal y el propio Eduardo Saiegh". De modo que el propio Gobierno hoy se denuncia a sí mismo, al no negar el calificativo de "Estado de terror" ni las demás descalificaciones.
Saiegh está haciendo un último intento por cobrar del erario público una multimillonaria indemnización apoyado en una serie de hechos que resultarían falsos y que ha pretendido instalar con lobby y ruido mediático.
Es de esperar que el nuevo secretario de Derechos Humanos separe la paja del trigo y evite que la gestión del organismo a su cargo se vea enredada en este burdo intento de lograr hacer un negocio de alto vuelo con reclamos vestidos de derechos humanos y antisemitismo, que ofenden la memoria de quienes han sufrido realmente violaciones de los derechos humanos..
