domingo, 23 de febrero de 2014

En marzo se podrá ver como el poder militar estaba subordinado al poder económico.

A partir de marzo, cuando se cumplan 38 años del último golpe de Estado, la documentación secreta de las juntas militares encontrada por el Gobierno en el subsuelo del Edificio Cóndor será exhibida para que "la sociedad constate cómo el poder militar estaba subordinado al poder económico".




La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, confirmó la información a Télam y subrayó que "el material revela la subordinación militar a las corporaciones y un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el `76, se les decía "bueno, sin retenciones" y cuando les dijeron `bueno, ya está, fueron 20 años de privilegio, surgió el conflicto con el agro`".
Los originales de las actas de las juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983 halladas entre polvo y humedad en el subsuelo del edificio Cóndor en noviembre pasado, clasificadas y digitalizadas, estarán a disposición del público desde marzo próximo, en la Sala de Consultas de la Biblioteca Aeronáutica, ubicada en Esmeralda y Paraguay.
"Queda claro el funcionamiento de las corporaciones y si no empezamos a entender lo que nos pasó desde una mirada de conjunto, seguirá en la sociedad metida la `teoría de los dos demonios` y no vamos a comprender su magnitud, cómo nos sigue pegando y la huella que aún nos deja", sostuvo la funcionaria.
Además subrayó que los documentos "están ligados en un 90 por ciento a cuestiones económicas, como proyectos sobre privatizaciones, excenciones para el agro, medidas para permitir inversiones extranjeras y discusiones en el seno de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) sobre leyes laborales.
"La ley de Entidades Financieras de esa época y que aún está vigente permitió que todas las casas de cambio pasaran a ser bancos, y de golpe tuvimos 80 bancos. La pelea sigue estando presente hoy y con las mismas dificultades, por eso es muy importante analizar esta documentación para comprender históricamente el proceso y las responsabilidades civiles", agregó.
Por su validez probatoria, el material está a disposición de la justicia, en tanto las actas referidas a Papel Prensa ya fueron remitidas de oficio al juzgado de Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa a los diarios Clarin, La Nación y La Razón.

A propósito del caso, un nuevo material fue hallado hace pocos días conteniendo una carpeta con informes del interventor de Papel Prensa nombrado por la junta, capitán Alberto D`Agostini, que a pedido del ex fiscal Ricardo Molinas -en 1984-, daba detalles sobre las negociaciones por la venta de la empresa.

También fue remitida importante documentación en la que figura Martínez de Hoz a juzgados donde se investigan posibles delitos económicos, y al juez Daniel Rafecas, quien investiga causas por delitos de lesa humanidad.

El material clasificado por los equipos de investigación y archivística de las tres fuerzas, con la colaboración de la Comisión Nacional de Valores y el Archivo General de la Nación, se exhibirá a través de dos puestos virtuales de consulta, donde aparecerán todos los temas a los que se llegará por palabras clave, y podrá ser consultado por particulares y escuelas.


Fuente: Página 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-240394-2014-02-22.html

miércoles, 19 de febrero de 2014

Cinco ex-jueces en el banquillo por complicidad con crímenes durante la dictadura.

Cinco exjueces, entre ellos Otilio Romano, extraditado de Chile en septiembre pasado, se sentaron en el banquillo de acusados este lunes en la ciudad de Mendoza(oeste), acusados de amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina (1976-83).



Hasta el momento, sólo un exjuez fue condenado a 21 años de prisión, entre los 515 sentenciados en las decenas de procesos que se sustancian en todo el país tras la anulación de las leyes de amnistía en 2003.
Los cinco exintegrantes del Poder Judicial de Mendoza (1.000 km al oeste de Buenos Aires) están imputados por haber “en forma sistemática” omitido de denunciar o investigar desapariciones, secuestros, torturas, violaciones de domicilio, robo de bienes de desaparecidos y homicidios, pese a la denuncia de familiares de las víctimas.

La pata civil

“Se empieza a enjuiciar a la pata civil de la última dictadura. Es imposible pensar en el terrorismo de Estado sin el papel que tuvo la Justicia. La hipótesis de la acusación es la complicidad del aparato judicial con el terrorismo de Estado y lo vamos a tratar de demostrar durante el juicio”, dijo a la prensa local el fiscal Dante Vega, a cargo de la acusación.
Romano, que fue fiscal y juez subrogante durante el régimen, estuvo dos años prófugo en Chile de donde fue extraditado en septiembre de 2013.
Según la acusación, Romano y el exjuez Luis Miret llegaron a integrar en democracia la cámara mendocina de apelación y desde allí además frenaron las causas por delitos de lesa humanidad.
En el mismo juicio que investiga el destino de 207 asesinatos y desaparicidones en Mendoza, están acusados además 25 policías y 11 militares.
Unos 660 testigos darán su testimonio a lo largo del juicio, informó el Centro de Información Judicial (CIJ), sitio de la Corte Suprema.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura argentina, según los organismos defensores de derechos humanos. 
Fuente: AFP

lunes, 10 de febrero de 2014

Apoyo de Carta Abierta a Sbatella


08.02.2014 | Los integrantes de Carta Abierta reconocieron que la situación que atraviesa el país es "grave" y que "no es un simple episodio más de la historia económica nacional".

Integrantes de la agrupación kirchnerista Carta Abierta expresaron hoy su respaldo a la ratificación gubernamental de José Sbatella como presidente de Unidad de Información Financiera (UIF) y criticaron a empresarios y productores por "forzar e imponer" una "depreciación del peso no querida por el gobierno".

Las definiciones surgieron en la apertura de la reunión que Carta Abierta realizaba desde las 11 en el salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, donde unos treinta expositores comenzaron a dar sus opiniones en torno a un borrador elaborado por la Coordinadora para emitir luego un documento conjunto.

Asimismo, durante la lectura del texto sometido a análisis señalaron que "resulta indispensable sustraer la disposición" sobre las divisas extranjeras "del chantaje monopólico y garantizar su control gubernamental".

En ese marco, cuestionaron que un "puñado de grandes empresas" hayan "organizado un cepo financiero sobre el gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país como la devaluación".

Asimismo, reconocieron que la situación que atraviesa el país es "grave" y que "no es un simple episodio más de la historia económica nacional".

Los pensadores kirchneristas también advirtieron que grandes organizaciones agropecuarias "han conseguido forzar e imponer una fuerte depreciación del peso no querida por el gobierno inconveniente para las mayorías populares" y aseguraron que "tienen la estrategia de profundizarla a niveles sustancialmente mayores".

Diario @JCiviles