Informe de 6-7-8: Los medios cómplices y sus operaciones, de cara al 7D.

Lucrar con la opinión pública. Las mentiras y los engaños de La Nación en sus editoriales.

Miércoles 23 de mayo de 2012 | Editorial II

Lucrar con los derechos humanos

Es de esperar que el gobierno nacional no termine enredado en los ofensivos reclamos de Eduardo Saiegh

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Mediante una resolución del ex ministro de Economía Carlos Fernández, ratificada por un decreto, el gobierno nacional impidió el cobro de cincuenta millones de dólares que reclamaba como indemnización Eduardo Saiegh, quien fue propietario del ex Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia en 1981. Esta entidad cayó en esa situación agobiada por una cartera de autopréstamos y créditos a empresas insolventes. La liquidación siguió los procedimientos aplicables al caso.

Buscando otra alternativa para fundar su pretensión, Saiegh inició una querella por "secuestro y torturas", alegando haber sufrido delitos de lesa humanidad hace más de 30 años.

En la ratificación de su denuncia sostuvo: "Pasamos de un terrorismo de Estado -refiriéndose a la época de liquidación de su banco-, a un Estado de terror", en alusión al actual gobierno, que dictó la medida que lo perjudica.

Pero, paradójicamente, el mismo Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se ha hecho parte querellante en la misma causa adhiriendo "a la presentación y petitorio de las medidas efectuadas por el Sr. Agente Fiscal y el propio Eduardo Saiegh". De modo que el propio Gobierno hoy se denuncia a sí mismo, al no negar el calificativo de "Estado de terror" ni las demás descalificaciones.

Es de esperar que el nuevo secretario de Derechos Humanos separe la paja del trigo y evite que la gestión del organismo a su cargo se vea enredada en este burdo intento de lograr hacer un negocio de alto vuelo con reclamos vestidos de derechos humanos y antisemitismo, que ofenden la memoria de quienes han sufrido realmente violaciones de los derechos humanos..

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Es de esperar que la opinión pública no termine enredada en las mentiras y engaños de la Nación.

El engaño al lector se articula desde el comienzo. Informan el decreto de 2010 como si se tratara de un hecho reciente. Configuran en un supuesto presente,  un supuesto conflicto entre Saiegh y el gobierno, cuando en realidad, el gobierno  respalda y acompaña sus reclamos  como co-querellante en la misma causa.  Agravian y difaman a Saiegh por sus reclamos, pero si los hace el gobierno, no pasa nada, nadie se ofende.  Al contrario,  la editorial lo defiende, se pone de su lado y así termina reciclando los argumentos del terrorismo de estado para justificar la medida.

Se saca de contexto el decreto, se distorsionan unas partes, se ocultan otras, y el relato oficial  parece contener aquel  argumento perverso,  que renueva  su apariencia legal y tranquiliza los nervios de un carácter original, tan falso como siniestro.

La medida del gobierno es desfigurada de modo que se interpreta por el lector como una garantia que prueba verdadera la versión del diario,  de una liquidación normal y sin irregularidades. La opinión pública, se inclina en favor de los acusados, a pesar de las contradicciones,  las partes que no le cierran o que le faltan del relato.  La posición esta tomada, y modificarla implica demasiado esfuerzo.

Para asegurar ese objetivo, la editorial no menciona que en el mismo decreto, el Gobierno reconoce que los padecimientos sufridos por Saiegh son compatibles con el accionar del Terrorismo de Estado. y por lo tanto,  la justicia es quien debe dictar la medida que repare los daños causados. Y no deben limitarse a la restitución de los bienes desapropiados ilegítimamente únicamente, también debe garantizar una compensación justa y proporcional a las perdidas ocasionadas por ese accionar criminal. Pero sobre todo, debe investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron esos crímenes en su nombre. El pago de la indemnización, habría saldado una parte del daño, pero corrigiendo los errores por la mitad,  podría causar otros nuevos. Como por  ejemplo, si al reparar los daños materiales,  asume la responsabilidad total de sus delitos,  les estaría garantizando la impunidad total a quienes los planificaron, los ejecutaron y se beneficiaron.

Hasta entonces, habrá que tolerar este tipo de paradojas y contradicciones de este tipo; como levantar la bandera de los Derechos Humanos,  pero negar delitos y apropiaciones ilegitimas de bienes con argumentos que se obtuvieron al violarlos; o como salir en defensa de los intereses públicos, solamente para conservar los beneficios privados que se apropiaron administrando el estado a través del terror y el terror a través del estado. 

La editorial,  acusa a Eduardo Saiegh de ofender la memoria de quienes han sufrido ‘realmente’ violaciones de los derechos humanos, porque sus reclamos  se apoyan en  hechos que ‘resultarían falsos’. No lo afirman y lo presumen,  de modo que desconocen la realidad de los hechos. Y los desconocen,  porque desestiman los fallos de la Justicia que, en Democracia y en reiteradas ocasiones  confirman que Saiegh fue secuestrado, torturado y despojado de sus bienes en 1981.

Pero no explican que actualmente,  promueve junto a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Reynal, por encontrarlos responsables de esos delitos,  los cuales han sido declarados ‘de lesa humanidad’. Estos reclamos, para La Nación, ofenden la memoria de las victimas. Pero no de todas. Solo algunas. Solo las que, por alguna oscura razón, ellos saben que son reales.  La Nación puede decir quienes han sufrido realmente delitos de ese tipo y quienes no. Tal vez por eso puedan hablar en su nombre, y ocultar que esos reclamos en verdad no ofenden a las victimas, sino mas bien, asustan a sus victimarios.

Explican que el  BLA  fue “liquidado por insolvencia”  y que cae en esta situación “agobiado por una cartera de autopréstamos y créditos a empresas insolventes”. Este argumento, se obtuvo mediante secuestro y tortura. Con esos métodos,  amenazaban a la victima y la obligaban firmar los documentos, que le daban un aspecto legitimo al desapoderamiento y un argumento para poder justificarlo en ocasiones como la que presenta esta editorial,  que sigue en esta línea y lo demuestra con la misma impunidad que pasa inadvertida. “La liquidación siguió los procedimientos aplicables al caso”, explican con ironía, y trasmiten  en codificado, el orden establecido por el terrorismo de estado.

Con respecto al  “Estado de Terror”, ¿Porque el Gobierno debería tomar medidas tan severas como las que La Nación espera  que tome solamente por ese “descalificativo? Quizás están muy acostumbrados a hablar bien del poder de turno y recibir favores a cambio. Y tal vez, eso explique porque saben quienes han sido realmente victimas y quienes no. Y por eso no le llevan esa información a la Justicia, y prefieren utilizarla en esta editorial para que los civiles ideólogos y cómplices de la dictadura, sigan castigando a sus victimas.

M.R.

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FERNANDO POVIÑA SOBRE EL PROCESAMIENTO DE CARLOS PEDRO BLAQUIER

  Por Alejandra Dandan

“Estamos entrando en una nueva etapa judicial, porque estamos viendo el aporte de los civiles que fueron cómplices o coadyuvaron en los hechos de esa época, algo que hay que investigar y que tiene como antecedentes otros procesos. Yo cito a Nuremberg, resoluciones de la Justicia en Estados Unidos no muy lejanas para que no se crea que en el fallo hay un prejuicio ideológico. Acá se está haciendo una investigación judicial. Estamos dando fundamentos a aportes relevantes desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos interesa a nosotros.”

Fernando Poviña asumió en el juzgado federal de Jujuy hace seis meses por una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Es juez federal en Tucumán, donde trabaja causas sobre crímenes de lesa humanidad y viaja dos días a la semana a Jujuy. Durante esos seis meses, avanzó en las investigaciones más emblemáticas relacionadas con la última dictadura que estaban paralizadas por el Poder Judicial en el territorio del Ingenio Ledesma. Procesó al dueño de la empresa, Pedro Blaquier, y a su gerente administrativo, Alberto Lemos, por complicidad en grado primario por el secuestro de 29 personas durante el terrorismo de Estado. Probó que Ledesma colaboró en los secuestros prestando sus vehículos en los traslados. Y tuvo en cuenta la condición de referentes sindicales de las víctimas y persecución hacia ellos de la empresa. En un largo apartado histórico, que será útil para otras causas, analizó el ensamble ideológico entre Ledesma, los grupos industriales y la dictadura.

–¿Cuales son las imputaciones contra Blaquier y Lemos?

–En cualquier causa siempre se trata de ver primero los autores directos. En esta causas hay autores mediatos: personas de “atrás”, que manejaban todo. En este caso, Luciano Benjamín Menéndez. Y también hay personas que ayudan a cometer un delito, que son partícipes o cómplices. En esta causa ya fue procesado Menéndez, máxima autoridad militar en el norte. Lo que estamos viendo ahora es la participación de aquellas personas que no eran “funcionarios”: son civiles que actúan dentro de un patrón común que está dado por la acción del “principal” o autor.

–¿Qué se observa y en qué causas?

–Son dos causas sobre hechos que sucedieron en el departamento Ledesma y zona de influencia, cuya característica es que hay una empresa absolutamente dominante en la situación pública y privada, porque es el que da mayor cantidad de trabajo a todos los pobladores y que tiene una influencia muy grande, como lo marcamos en la resolución.

–Usted la llama “pequeño Estado”.

–Uno de ellos lo dice en la indagatoria. Ellos se hacen cargo de todo, en el sentido de que parte de los argumentos de la defensa fue decir que donde el Estado no llegaba, llegaban ellos. Muchas veces lo que hacían, lo hacían más por obligaciones legales que por buena voluntad. Lo que tuvo en común la selección de personas secuestradas en esa época y en ese lugar específico es que muchas eran luchadores gremiales, sindicalistas o referentes sociales, relacionados con la lucha y reivindicaciones en el sector agroazucarero: y agroazucareros ahí significa una sola empresa.

–¿Cómo se articulan Ledesma y la persecución militar?

–Las autoridades militares desarrollaban un plan de persecución, eliminación o amedrentamiento general a toda clase de trabajadores, pero dentro de todas las persecuciones masivas, acá hicimos foco en la actividad agroazucarera, porque tuvo que ver con ellos, con las reivindicaciones del sector trabajador de esa actividad. De allí surgen las dos causas: Arédez, que se refiere a quien fuera intendente constitucional de General San Martín (Luis Arédez). Allí describimos que los propios vecinos lo impulsaron a ser intendente y que quiso cobrarle un impuesto a Ledesma. Fue médico de la empresa, antes había sido médico del gremio de los azucareros. Y tuvo problemas en la empresa porque recetaba medicamentos por fuera del vademécum que ellos autorizaban, porque consideraba que era lo que correspondía. Luego, trabajaba en hospitales y estaba vinculado con el gremio de los trabajadores azucareros.

–Usted dice que el grupo del primer expediente eran referentes sociales más definidos y que en el segundo se llevaron a muchos “por las dudas”.

–La mayoría de las víctimas de la causa Arédez eran referentes que ya estaban en las listas negras y fueron detenidas el propio 24 de marzo. Las detenciones fueron particularizadas, fueron a buscarlos a las casas, por su actividad. Por eso marco la diferencia que existe entre la forma de la prueba de uno y de otro caso. En la causa de “la Noche del Apagón”, si bien eran personas que estaban sindicadas con algún tipo de vinculación familiar o de referencia con el movimiento sindical o social, como los hermanos Garnica, no eran las cabezas del movimiento, que ya estaban detenidas el primer día. Por eso uso la frase de Ibérico Saint Jean, era lo que quedaba, se los llevaron para evitar que salga algo, por las dudas. Luego de pasar por distintos destacamentos, los llevaron al centro clandestino de Guerrero. Muchos de ellos, posiblemente por los interrogatorios crueles, hayan perdido la vida ahí, pero eso todavía estamos investigándolo. Fue como una segunda oleada: simpatizantes que fueron secuestrados por oleajes en detenciones colectivas. Apagaban la luz y sacaban a todos de las casas que tenían marcadas.

–¿Cuáles son los fundamentos de la prueba sobre Ledesma?

–Es haber puesto a disposición de las Fuerzas Armadas y de seguridad camionetas o vehículos de la empresa sin los cuales no se podían haber hecho los traslados, porque estamos hablando de una época y de un lugar: el interior de la provincia de Jujuy. Las fuerzas no contaban –hasta hoy– con un parque automotor grande. Todo eso está plasmado en los convenios que tenían, en las testimoniales. Por lo tanto, era imprescindible, para llevar a la persona detenida ilegalmente a los distintos lugares, contar con los medios de trasporte. Esos medios de trasporte fueron cedidos por la empresa Ledesma.

–Ellos dicen que los cedieron, pero que no tenían responsabilidad. Usted habla del “mito”.

–Primero dijeron que era todo un “mito”, que no existía. A medida que fuimos avanzando, fueron dando otras explicaciones: que fueron cedidas o, la semana pasada, que a lo mejor hubo un empleado coaccionado a hacerlo. Entonces ese mito nunca fue tal: hay testimonios de la época, incluso de 1975. Lemos explica que cedieron vehículos para el conflicto con Chile en 1978. Hay panfletos previos al golpe que los sitúan, está el “pacto Bussi-Blaquier”, que es un convenio de Gendarmería y la empresa. Hay testigos directos. Los sobrevivientes. Y si usted quiere más, hay un decreto de Illia de 1966, que no habla de camiones, sino de facilitación de lugares, que establecía que Gendarmería iba a tener un lugar en Ledesma a fin de contener todos aquellos movimientos que venían del norte. Esa interrelación indica que, dado el número de detenciones fatídicas de la Noche del Apagón, también se usaron las camionetas del Ingenio.

–Además del aporte material, usted habla del “dolo”.

–El préstamo de las camionetas no fue inocuo. Tenían conocimiento de que iban a ser utilizadas para el traslado de personas detenidas ilegalmente. En ese caso, indicamos las pruebas que existen sobre el señalamiento y la persecución hacia los referentes sindicales que había en la empresa. De eso dan cuenta los propios legajos de los trabajadores: muestran el seguimiento, el comportamiento y las actividades gremiales. Parte del material se logró descubrir en los allanamientos de mayo. Indican que la empresa estaba al tanto de todo lo que estaba pasando con sus propios trabajadores o gremialistas: reuniones, reclamos, con información que trasferían los propios jefes de sección a sus superiores.

–La resolución tiene otro eje importante: el rol de los industriales que acompañaron el golpe y la empresa Ledesma entre ellos. Se analizó la articulación entre políticas económicas, golpes y persecución gremial desde 1960.

–Marcamos que la persecución no era nueva. Analizamos la persecución política y gremial que iba de la mano a tratar de poner un modelo de país que tenía una clara visión económica. Dentro de ese cuadro, enmarcamos el modelo sindical azucarero, lo que pasó con la Fotia y sus dirigentes sindicales antes del 24 de marzo. Mostramos cómo los cupos (de la liquidación de ingenios en Tucumán) pasaron a beneficiar al Ingenio Ledesma. Había una simbiosis de claro beneficio hacia el Ingenio Ledesma, eso se vio luego del cierre de los ingenios tucumanos que eran más chicos, con cañeros dueños de su producción; en cambio Ledesma tenía sus propias tierras y plantaciones y con una mano de obra más desprovista.

–Ubican a Blaquier entre los industriales.

–Allí aparece el nombre de Martínez de Hoz y el Grupo Perriaux. Quiero resaltar que no era algo descontextualizado, sino que estaba todo engarzado en un solo impulso ideológico y económicos. Por un lado, lo que fue pasando con el sector azucarero e industrial con las luchas y organizaciones y la política económica. Y por otro, que los dirigentes de la empresa Ledesma no estaban desconociendo todo esto, porque estaban inmersos dentro de un grupo político económico que contenía estas ideas. No desconocían lo que pasaba, sino que estaban inmersos, dentro de una suerte de pequeño universo que estaba al tanto, apoyando la políticas económicas y sindicales de la ultima dictadura. Un hecho no es aislado, tiene que ver con lo que sucede en su exterior. Estos hechos que se están investigando están enteramente vinculados con un determinada situación política, económica y represiva de una determinada época del país.

–¿Eso no estaba dicho hasta ahora en una causa judicial?

–Lo que se hace de novedoso es que la represión ideológica la ponemos dentro de un contexto de intereses económicos: había ciertas empresas que acompañaban al régimen porque tenían sus intereses económicos de la mano de la política neoliberal que estaba implementando ese régimen de facto.

–¿Por qué no ordenó las detenciones?

–La fiscalía, en este tramo de la causa, había aceptado las eximiciones de prisión (antes de que se asumiera el fiscal Pablo Pelazzo). Hasta ahora siempre estuvieron a derecho y gozan del principio de inocencia. Yo me manejo así en todas las causas. De todas formas, tienen prohibida la salida del país.

Fuente: Página 12    

POR FIN COMIENZA A DESPERTAR LA JUSTICIA

16 DE NOVIEMBRE DE 2012

BLAQUIER PROCESADO POR LA REPRESIÓN DICTATORIAL.

BLAQUIER FUE PROCESADO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

“COMPLICE EN PRIMER GRADO”

Por Alejandra Dandan

El juez acusó al dueño del Ingenio Ledesma por su responsabilidad en el secuestro de 26 personas durante el operativo conocido como la Noche del Apagón. También lo procesó en otra causa por la detención ilegal de Luis Arédez, el intendente de Libertador General San Martín, y otros dos sindicalistas.

EL DUEÑO DEL INGENIO LEDESMA FUE ACUSADO COMO COMPLICE DE 29 SECUESTROS, ENTRE ELLOS LOS DE LA NOCHE DEL APAGON

Blaquier procesado por la represión dictatorial

El juez Fernando Poviña lo procesó en dos causas. “La cooperación tuvo lugar en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma”, dice el escrito, que también alcanza al ex gerente administrativo Alberto Lemos.

Por Alejandra Dandan

Imagen: DyN

El paso está dado. El juez federal Fernando Poviña procesó al empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas durante la última dictadura militar. El procesamiento se hizo en dos causas, cuyas distintas características importan para entender el peso determinante de esta medida. 

El primer expediente se refiere a tres dirigentes sindicales secuestrados el 24 de marzo de 1976, entre los que está el ex intendente Luis Arédez. Las otras 26 personas son secuestrados de la Noche del Apagón de julio de ese año. Los “referentes” sindicales del primer grupo, con fuertes vínculos con los trabajadores del Ingenio Ledesma, fueron perseguidos y secuestrados “individualmente”. Los integrantes del segundo grupo “no eran referentes”, pero estaban emparentados con los trabajadores y eran posibles enemigos de la empresa. Además del dueño del Ingenio Ledesma, Poviña procesó al gerente administrativo Alberto Lemos. Embargó a Blaquier por once millones de pesos y a Lemos, por cinco. La resolución dio por probados dos tipos de colaboración: el aporte material –fundado especialmente en los “vehículos”– y el “dolo”: la voluntad de colaborar con una dictadura que fundaba un nuevo orden económico “neoliberal” que los beneficiaba: “La cooperación en cadena de los imputados tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma SAAIII –dice el escrito– contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente”.

En los dos procesamientos, de unas 200 páginas cada uno, además del análisis y organización del cúmulo de prueba, se citan antecedentes de Nuremberg y de otros escenarios de justicia, como para empezar a pensar jurídicamente aquí la responsabilidad penal del sector empresario. Ese es el contexto en el que lee el caso Ledesma, y acaso es uno de los aportes importantes para próximas causas.

“En tanto que además de aquel apoyo intra e interinstitucional con el que contaron las fuerzas de represión para arrebatar la representación política, los militares a cargo de los sucesivos golpes de Estado fueron apoyados y se beneficiaron con la colaboración activa de los mayores grupos económicos del país”, dice la resolución. “La política económica y la política represiva estuvieron, entonces, estrechamente relacionadas. Así, no resulta sorprendente a esta altura del análisis que aquellos militares que participaron en los sucesivos golpes de Estado y asumieron la conducción estatal como ministros o funcionarios públicos fueran luego de su retiro contratados por las grandes corporaciones como lobbistas o asesores”. Con estas citas de Victoria Basualdo y Daniel Cieza, entre otros, Poviña situó a Ledesma en su mundo de relaciones políticas con nombres como José Alfredo Martínez de Hoz, los créditos que beneficiaron a Ledesma y las políticas de liquidación de los ingenios azucareros del norte del país que sirvieron para concentrar la industria en Salta y de Jujuy, y allí de Pedro Blaquier.

En este esquema, de confluencia de intereses, observó el resto de la causa. Situó a Lemos y Blaquier en la figura de “cómplice” pensando en el rol posible para quienes no eran funcionarios del espacio político. Y en ese contexto analizó los dos aportes.

“En resumidas cuentas –indicó–, el aporte rendido por Blaquier y Lemos como la facilitación de medios de transporte para el traslado de los detenidos se orientó a la consumación de los hechos principales de privación de libertad de las víctimas.” Pasado ese primer peldaño, “y de acuerdo con las especiales circunstancias históricas que rodean los hechos, puede inferirse que los imputados obraron dolosamente, es decir, se advierte que tenían pleno conocimiento de que realizaban un aporte de convergencia lesiva en los hechos delictivos perpetrados por las Fuerzas Armadas dentro de un ataque generalizado y sistemático en la denominada lucha contra la subversión. En dicho contexto, la cooperación en cadena de los imputados Blaquier y Lemos tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente, al reconstruir las acciones reprochadas”.

La prueba

Según la resolución, la investigación no está cerrada, sino que debe continuar sobre el resto de las acusaciones realizadas por el fiscal Pablo Pelazzo y las querellas. Están pendientes la imputación por tormentos y homicidios y el pedido de detención.

Hasta ahora, las resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad hicieron hincapié en la persecución política e ideológica de la última dictadura, explican desde el juzgado. Esta resolución intenta modificar conceptualmente la forma de concebir la confluencia de intereses entre el sector empresario y los militares. Ese es el corazón del escrito. Luego analiza la contribución de Ledesma, marcada especialmente por el aporte de vehículos para trasladar a los detenidos en forma ilegal en el contexto de dos expedientes: 1) la llamada “causa Arédez” y 2) la causa conocida por “la Noche del Apagón”.

1) En la causa Arédez, los procesaron por tres de las cinco víctimas. Fueron detenidas el 24 de marzo, las llevaron a la cárcel de Villa Gorritti, luego a la Unidad 9 de La Plata y las dejaron en libertad. Todos eran dirigentes sindicales conocidos y quedó demostrado que con tres de ellos usaron las camionetas de la empresa para los traslados. Todos fueron individualizados, detenidos de forma aislada, y en general en sus domicilios.

2) El otro expediente son las víctimas de las noches de apagones del 20 al 27 de julio de 1976. Aunque no son todas las víctimas, el procesamiento probó la complicidad de los empresarios en 26 traslados. Así como las otras estaban “invididualizadas”, estos secuestros fueron colectivos. “Las detenciones fueron masivas y, en ese caso, donde para poder hacer todo eso la policía provincial contaba con poco parque automotor, necesitaban más vehículos, porque eran muchas las personas que se iban a detener”, explica una fuente de la causa.

“Ellos no eran los ‘referentes’ sindicales sino los que quedaban ‘por las dudas’: tenían algún tipo de vínculos con la empresa o familiares, no eran las personas individualizadas como parte de la lucha sindical”.

El aporte “doloso” quedó fundado en las pruebas que demuestran la persecución que ejerció Ledesma sobre los trabajadores. Entre ellas está el material que recogió el juzgado en los allanamientos, como los legajos con indicaciones de filiación política y biográfica de los delegados y obreros. Y los informes que demuestran que iban siguiendo el recorrido interno de los detenidos. El caso de Arédez es especialmente representativo porque todas las pruebas indican que su persecución se fundó en el importantísimo rol que tuvo a nivel sindical la reivindicación de derechos sociales y la decisión de cobrarle impuestos a la empresa, como lo dijo una y otra vez su mujer, Olga Arédez, hasta su muerte, una figura que también es destacada en el procesamiento. Blaquier y Lemos hasta ahora fueron procesados por su primer secuestro, todavía queda pendiente el segundo y su desaparición.

El aporte de los vehículos se sostiene en innumerables testimonios, pero además en documentos que permitieron consolidar la prueba: el libro de novedades del destacamento de Orán que marca el ingreso de camiones de Ledesma el día del golpe y, entre otros, un convenio hallado la semana pasada entre el jefe de Gendarmería de la zona y la empresa Ledesma para la provisión del camiones. El jefe de Gendarmería en ese momento era Antonio Domingo Bussi, el convenio es posterior a los hechos, pero para el juzgado vino a blanquear la situación de hecho.

EL 7D AFINA LA PUNTERIA

Bartolomé Mitre manifestó sus pensamiento político en un reportaje con la revista brasilera Veja, en la que se quejó de que en Argentina hay "una clase baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la Presidenta".

A la vez, Mitre afirmó que “el gobierno viola la libertad de expresión” y que "hace lo que quiere” en el Congreso, asegurando que “ni la dictadura militar llegaba a tanto”.

Sin embargo, el empresario no reparó en ningún pasaje de la entrevista que durante la última dictadura el Congreso Nacional estuvo suspendido.

“Cristina (Fernández de Kirchner) utiliza el argumento de la democracia en su favor, pero no es más que una farsa. El gobierno viola la libertad de expresión. En el Congreso, hace lo que quiere”, acusó Mitre.

En esa línea señaló: “Ni el gobierno de Perón ni el de la dictadura militar llegaba a tanto. Todo parece nacer de Cristina”.

En ese contexto, el periodista que realizaba la entrevista le planteó sus dudas frente a tales afirmaciones: “Los argentinos son considerados como cultos y politizados. ¿Por qué dejar que eso suceda?”.

Allí, el empresario volvió a dejar en evidencia su ideología: “Argentina no es más un país culto”.

Y no se detuvo: “Hay una elite de este país que piensa de una manera y una clase baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la Presidenta. Cuanto menos cultura hay, Cristina obtiene más votos”.

Para entender las comparaciones que realiza Mitre entre el gobierno nacional elegido a través de las urnas y la última dictadura militar quizás sea útil repasar los titulares del diario La Nación en referencia al gobierno de facto.

“Detenidos por subversión en la Universidad del Sur” y “Expresivos discursos del General Videla”, eran títulos de tapa de La Nación el 13 de noviembre de 1976, mismo año en el que aparecieron títulos de tapa como “Dieron muerte a 8 extremistas”.

“Videla y Carter hablaron de democracia y derechos humanos”, titulaba el matutino el 10 de septiembre de 1977.

“Iniciase hoy una nueva etapa del Proceso de Reorganización Militar”, era el título resonante de la edición del 1 de agosto de 1978, de un diario que informaba a gusto de la represión.

Además de comparar a este gobierno con la última dictadura militar, con la misma lógica de pensamiento durante el reportaje Mitre califica como “confiscación” a la iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobada por el Congreso de la Nación, de recuperar la mayoría accionaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Mitre también ataco a los militantes de La Cámpora con falsas acusaciones como que “el año pasado, los camporistas tomaron la sede de Cablevisión, un canal de cable propiedad de Clarín”.

Contra Editorial II La Nación Miércoles 23 de mayo de 2012

No es una paradoja ni una contradicción que el gobierno sea co-querellante en la misma causa después de haber impedido el cobro de la indemnización. O tal vez lo sea, quien sabe... En un razonamiento inductivo,  se pueden afirmar las premisas y simultáneamente, negar las conclusiones.

Como en el  primer párrafo de la editorial, que  anuncia el decreto de 2010 como si se tratara de un hecho reciente, estableciendo desde el comienzo y hasta el final, un presente tan artificial como el supuesto enfrentamiento entre Saiegh y el Gobierno. Un conflicto  que  la propia editorial siembra y riega,  difamando violentamente a uno por sus reclamos ‘ofensivos’,  mientras defienden al otro, que con esos mismos reclamos, no ofende a nadie.

El fruto que sale de este conflicto, se implanta en la medida del gobierno cuando la explican reciclando los mismos argumentos del terrorismo de estado para justificar el desapoderamiento ilegitimo del banco. La cosecha, implica entonces aprovechar el relato oficial y acercarse lo maximo posible. En la destilación,  se descomponen, se separan y se ocultan ciertas  partes. En la fermentación, se mezclan,  se confunden uno con otro y si nadie nota la diferencia, puede  termina en la  botella, revalidado por la etiqueta del relato oficial.   

Acompaña esta hipótesis que la editorial no dice que en el mismo decreto, el gobierno reconoce los padecimientos sufridos compatibles con el terrorismo de estado. Y por lo tanto,  la justicia debe dictar la medida que repare los daños, que no deben limitarse a la restitución de los bienes desapropiados ilegítimamente. Tambien, tiene que garantizar una compensación justa y proporcional a las perdidas ocasionadas por el accionar criminal del estado. Pero sobre todo, debe investigar,  juzgar y  castigar a quienes cometieron esos crímenes en su nombre. El pago de la indemnizacion, habria saldado una parte del daño. Pero  corrigiendo sus errores por la mitad, el estado podria estar cometiendo otros nuevos,  como por ejemplo, asumir toda la responsabilidad de sus delitos, manteniendo en la impunidad a quienes los planificaron, los ejecutaron y se beneficiarion.

Hasta entonces, habrá que tolerar este tipo de paradojas y contradicciones. Como levantar la bandera de  los derechos humanos, para negar delitos y apropiaciones ilegitimas de bienes, con los mismos argumentos que se obtuvieron bajo secuestro y tortura. Como salir en defensa de los intereses públicos, para conservar los beneficios privados que se apropiaron administrando el estado a traves del terror y el terror a traves del estado.  

M.R.

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Miércoles 23 de mayo de 2012 | Publicado en edición impresa

Editorial II

Lucrar con los derechos humanos

Es de esperar que el gobierno nacional no termine enredado en los ofensivos reclamos de Eduardo Saiegh

Mediante una resolución del ex ministro de Economía Carlos Fernández, ratificada por un decreto, el gobierno nacional impidió el cobro de cincuenta millones de dólares que reclamaba como indemnización Eduardo Saiegh, quien fue propietario del ex Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia en 1981. Esta entidad cayó en esa situación agobiada por una cartera de autopréstamos y créditos a empresas insolventes.

La liquidación siguió los procedimientos aplicables al caso. El decreto de 2010 detuvo dos años atrás un pago que iba en camino de repetir el caso Greco cuando, ante la denuncia de legisladores de la oposición, se frenó una compensación diez veces mayor.

Buscando otra alternativa para fundar su pretensión, Saiegh inició una querella por "secuestro y torturas", alegando haber sufrido delitos de lesa humanidad hace más de 30 años.

En la ratificación de su denuncia sostuvo: "Pasamos de un terrorismo de Estado -refiriéndose a la época de liquidación de su banco-, a un Estado de terror", en alusión al actual gobierno, que dictó la medida que lo perjudica.

Además, Saiegh responsabiliza al ex ministro Carlos Fernández, que firmó la resolución, y al propio Estado nacional, por considerar que aquella es "falsa, discriminatoria y, esencialmente, antisemita".

Pero, paradójicamente, el mismo Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se ha hecho parte querellante en la misma causa adhiriendo "a la presentación y petitorio de las medidas efectuadas por el Sr. Agente Fiscal y el propio Eduardo Saiegh". De modo que el propio Gobierno hoy se denuncia a sí mismo, al no negar el calificativo de "Estado de terror" ni las demás descalificaciones.

Saiegh está haciendo un último intento por cobrar del erario público una multimillonaria indemnización apoyado en una serie de hechos que resultarían falsos y que ha pretendido instalar con lobby y ruido mediático.

Es de esperar que el nuevo secretario de Derechos Humanos separe la paja del trigo y evite que la gestión del organismo a su cargo se vea enredada en este burdo intento de lograr hacer un negocio de alto vuelo con reclamos vestidos de derechos humanos y antisemitismo, que ofenden la memoria de quienes han sufrido realmente violaciones de los derechos humanos..

Se designo al magistardo que actuará en la causa Papel Prensa.

La decisión se conoció  luego de un planteo efectuado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que se mostró preocupada "por la suspensión de la causa".

"Celebramos que después de dos años hayan designado un juez que va a investigar la causa Papel Prensa. Ahora se inicia una nueva etapa en esta investigación", sostuvo el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, quien aclaró que hasta ayer por la tarde no había sido notificado formalmente de la decisión de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci.

En la causa se investiga la denuncia por privación ilegítima de la libertad de los integrantes del Grupo Graiver, antiguos propietarios de la empresa Papel Prensa y la posterior transferencia de las acciones por parte de la Junta Militar a los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa.

Fresneda se comprometió a "colaborar con el juez Ercolini" en todo lo que necesite el magistrado y además aclaró que "ahora lo importante es que se avance en la investigación".

En agosto, por pedido de la Secretaría, la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso que la Sala II fuera la encargada de definir "sin trámite" los recursos interpuestos por las defensas de Magnetto y Mitre. También ordenó que determine la competencia territorial, para definir si el expediente debe ser tratado en la justicia platense.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem se entusiasmó en declaraciones al canal de noticias CN23 por la designación del magistrado. "Esperemos que ahora la causa tome ritmo. Hay que dejar que la causa llegue al juzgado. Esta causa tiene muchísimas fojas. Nosotros creemos que la investigación es suficiente para que se llame a Magnetto a declaración indagatoria", señaló.

"Lo que pedimos es que intervenga un juez y que se active. En ningún país del mundo se permiten los monopolios. Es disparatado que el mismo grupo que pide la libertad de expresión es el que se apropió de una empresa controlando a todos los medio gráficos", agregó.

En la misma dirección, el querellante Osvaldo Papaleo consideró que el pedido de Fresneda se trata de "una medida razonable" y que es un tema "muy pesado". En diálogo con Radio América sostuvo que "cuando Magnetto empiece a declarar puede ser que el juez diga: 'Usted queda detenido'."

La causa por la apropiación de las acciones de Papel Prensa, iniciada el 30 de marzo de 2010, sufrió ya varias dilaciones producto de maniobras impulsadas por las defensas de los acusados que interfirieron con el normal trámite procesal.

Ayer, Fresneda señaló respecto de los tiempos procesales, que "es una causa muy grande, muy importante, ya que tiene 18 mil fojas y el juez puede tomarse todo el tiempo razonable para recabar pruebas, ordenar allanamientos, llamar a testigos y convocar a indagatoria a aquellos sindicados como culpables en la causa".

"Igualmente, dentro de un plazo razonable, volveremos a evaluar lo actuado por el juez", advirtió el secretario. «

Fuente: Tiempo Argentino