viernes, 28 de marzo de 2014

En los juicios por delitos de lesa humanidad están investigados 297 civiles



El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) precisó que en los juicios por delitos de lesa humanidad están investigados 297 civiles, lo que representa el 13% del total de los 2239 imputados. El organismo subrayó que los funcionarios del Poder Judicial representan el 20 por ciento de los civiles procesados, mientras que señala un trato diferenciado de las responsabilidades --solo uno de siete sacerdotes fue condenado--. Por otra parte, el Cels califica de "escasa" la investigación respecto del personal civil de inteligencia.

El informe, que es un adelanto del libro "Derechos Humanos en Argentina. Informe 2014", sostiene que la "extensión en el tiempo y la información que se produce en el marco de los juicios" contra las Fuerzas Armadas "ampliaron los límites de la investigación penal" y dejaron en evidencia la "responsabilidad de civiles".

Para sostener esa hipótesis, el documento precisa que hasta marzo de 2014, son 297 los civiles investigados, el 13% del total de 2.239 imputados, lo que refuerza la idea de que la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 fue "cívico-militar".

Los tipos de civiles acusados van desde funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, profesionales de la salud, personal civil de inteligencia, integrantes de la Iglesia Católica, empresarios y apropiadores de menores. Sin embargo, el informe plantea que si bien "se profundizaron las investigaciones" sobre los civiles, "la Justicia actúa con diferentes criterios frente a este tipo de responsabilidad". Para ejemplificar esta conclusión, se indica que de siete sacerdotes implicados en delitos de lesa humanidad, entre los cuales sólo uno está condenado.

Además, el documento resalta que es "escasa" la investigación respecto del personal civil de inteligencia, siendo estos los más cercanos al aparato clandestino de represión. "En 2010 se hicieron públicos listados con miles de nombres, pero en cuatro años no fue analizado aún en detalle. En la actualidad, son 70 los investigados por la Justicia", precisa.

En tanto, los números de procesados señalan que "los funcionarios judiciales y los integrantes de empresas o grupos económicos son los dos tipos de civiles sobre los que se avanzó con mayor firmeza en los últimos dos años".

En relación con los funcionarios del Poder Judicial, se detalla que representan el 20 por ciento de los civiles investigados y se cuestiona que la Justicia siga considerando que su participación no fue "orgánica". "Numerosos fallos marcan un fenómeno que contradice ese supuesto accionar aislado, como el rechazo masivo de hábeas corpus, las costas, el archivo o la falta de solicitud de medidas de prueba", aporta el informe reproducido por Página 12.

En ese sentido, el CELS sugiere que "el juicio que se realiza actualmente en Mendoza" podría ser "una oportunidad histórica de sentar precedente respecto de la contribución del Poder Judicial al plan represivo".

Según se indica, fueron relevantes los procesamientos a miembros de empresas que colaboraron, lo que dejó como resultado que en 2013 muchas causas que se encontraban obstaculizadas hayan avanzado, como fue el caso de Ford y el procesamiento de sus directivos, o el caso de Acindar, que comenzó a dar señales de movimiento. Sin embargo, otras causas permanecen estáticas, como Mercedes Benz.

Por ello, sigue el informe, la experiencia de los juicios por las causas Ledesma y La Veloz del Norte, que podrían comenzar este año, serían clave para analizar el rumbo de estos casos. "La investigación penal de la complicidad civil es una oportunidad única para reflexionar sobre el rol de determinadas instituciones, como la Iglesia Católica en el marco de una sociedad democrática, el rol de la Justicia y el lugar que ocupan los grupos económicos en los proyectos de país", concluye el informe.

domingo, 16 de marzo de 2014

"En esta causa se ve cómo se vincula el terrorismo de Estado con el lavado de bienes"

Eduardo Saiegh, ex titular del Banco Latinoamericano (BLA), del que fue desapropiado durante la dictadura, elogió la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ser considerada parte querellante en la causa por su secuestro, desapoderamiento de activos y el lavado de los mismos.

“La presentación corrobora lo que siempre dije sobre que fueron los jefes civiles los que lucraron con la dictadura y se la puede caracterizar como caso emblemático con la estatización de Austral durante la dictadura”, dijo a Télam.

Saiegh considera que en esta presentación de la UIF “se ve cómo se vincula el Terrorismo Económico de Estado con el lavado de dinero y basta ver cómo en un solo ROS (reporte de operación sospechosa) se habla de casi 500 millones de dólares”.

El ex titular del BLA considera que “están dadas las condiciones para denunciar e investigar judicialmente si la transferencia de Merchant Bankers Asociados (MBA Lazard) es una operación de lavado de bienes apropiados durante la dictadura, además de los reportes de operaciones sospechosas ya denunciados, que son un impedimento”.


“El Estado ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de este desapoderamiento, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que es coquerellante a través de una fundamentación brillante de Eduardo Luis Duhalde, y ahora lo hace la UIF”, indica Saiegh, para quien “el BCRA no puede entonces emplear su autonomía para ponerse por fuera del Estado y su política de derechos humanos, y permitir la transferencia de la financiera del principal acusado (Alejandro) Reynal, que era dueño del 99,9% del paquete accionario”.

sábado, 15 de marzo de 2014

La UIF pidió ser querellante en la causa de Eduardo Saiegh

Por: Franco Lucatini

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un escrito ante la Justicia para pedir ser querellante en la causa que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura contra Eduardo Saiegh. En el proceso ya integra la querella el mismo empresario, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El caso Saiegh es uno de los paradigmas de la responsabilidad civil y financiera en el terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno militar, pero aún no tiene condenas.



El 31 de octubre de 1980 cuando la División Bancos de la Polícia Federal lo secuestró, Eduardo Saiegh era el vicepresidente y acreedor mayoritario de la entidad financiera que había fundado cinco años antes: el Banco Latinoamericano de Inversión (BLI). Durante una semana lo torturaron en la sede del Banco Nación, donde lo obligaron a confesar delitos que no había cometido para justificar una posterior intervención de su entidad bancaria. Fue el vicepresidente hasta que el presidente y el vice segundo fueron citados y obligados a firmar la liquidación del banco.


Según Saiegh, el ataque y el desapoderamiento del BLI se debieron al interés del vicepresidente del BCRA, Alejandro Reynal, en hacerse de los títulos de Austral Líneas Aéreas, depositados en la banca de Saiegh como garantía por una deuda de la aerolínea con el banco. La empresa tenía un pasivo superior a los 250 millones de dólares, y uno de los accionistas era el primo de Reynal. Con la maniobra, el gobierno de facto buscaba estatizar Austral y trasladar ese pasivo a las espaldas del Estado nacional.

Saiegh denunció el hecho tras la recuperación de la democracia, pero su causa judicial tuvo numerosos obstáculos hasta convertirse en emblema. Recién con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reactivó la vía judicial. El expediente tramitó en el juzgado de Daniel Rafecas hasta que fue apartado por la Cámara Federal, y la instrucción dependió del fiscal Carlos Rívolo, también separado por mal desempeño. El mismo banquero pidió el juicio político del fiscal, en abril de 2012, porque Rívolo no impulsó la causa -iniciada en 2009- “injustificada e ilegalmente”.

Ahora la UIF quiere sumarse a la querella. Sbatella, el titular del órgano antilavado, insiste en que no sólo debe atacarse al “delito económico” sino que debe desbaratarse “la economía del delito”, que en los casos de delitos de lesa humanidad, ha permitido subsistir en la ilegalidad a los responsables del terrorismo de Estado. Uno de los argumentos del economista es que al no haberse reparado esa situación económica, los criminales de lesa humanidad prosiguen en el ilícito de generar terror a través de la garantía de la impunidad.

No es la primera vez que la UIF solicita sumarse  la querella en delitos de lesa humanidad. Otros casos significativos en el intento de esclarecer el rol civil y la responsabilidad de los actores financieros y económicos de la dictadura son las causas de Papel Prensa y la de los hermanos Iaccarino, muy similares en los hechos a la de Eduardo Saiegh. En su caso particular, se suma el componente antisemita de los militares, que lo sometieron a los peores vejámenes con una saña que ellos mismos refirieron como “castigo” por ser judío.

Saiegh promovió su querella denunciando extorsión, torturas y desaparición forzada. A todo eso ahora se suma el impulso de la UIF, que intenta demostrar que en el núcleo dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz -acusado directamente por Saiegh- cometió el delito de lavado de activos de orígen ilícito. El desapoderamiento de las empresas y del capital privado no sólo era una motivación más al momento de cometer un delito: también era un fin en sí mismo que permitía poner coto al desarrollo de las alternativas económicas que no eran neoliberales. Una vez que encontraron una mecánica para lavar ese dinero, los genocidas se nutrieron de esos fondos para evadir a la justicia y continuar en la ilegalidad sin sufrir grandes dificultades.

La estatizacion de Austral y las FFAA subordinadas al poder económico



EL PAIS › LOS ARCHIVOS ENCONTRADOS DE LA DICTADURA PERMITEN ENTENDER LA NACIONALIZACION DE AUSTRAL
Una operación para salvar a los privados
La estatización decidida por Martínez de Hoz fue para rescatar a los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo, y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura.



  Por Sebastián Premici
El próximo 20 de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi publicará los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, perteneciente a la Fuerza Aérea. Aproximadamente, el diez por ciento de toda la documentación hallada tiene que ver con el caso de la empresa Austral, “nacionalizada” por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1980. La historia de Austral da cuenta de cómo el poder económico de entonces, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Hacienda, compró las acciones de una compañía quebrada con el solo objetivo de evitarle a sus accionistas privados el pago de la deuda que mantenían con el Estado. Los empresarios rescatados por Martínez de Hoz eran los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar (1979-81). Con esta operación no sólo evitaron pagar su deuda con el Estado, sino que recibieron una compensación por la “nacionalización” de la compañía. Martínez de Hoz intentó venderle la empresa a Franco Macri, del Grupo Socma, y a Carlos P. Blaquier (Ledesma).

Esta historia fue reconstruida a partir de los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, analizados por el equipo de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores, integrado por Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio. Para los investigadores que tuvieron un primer acceso a estos archivos, el caso Austral ejemplifica cómo las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder económico y a las decisiones que se tomaban desde el Ministerio de Economía, comandado por Martínez de Hoz y Guillermo Klein, dos representantes del establishment, uno por la Sociedad Rural y el otro por la Bolsa de Comercio.

La Fuerza Aérea no quería nacionalizar Austral. En cambio, el equipo económico de entonces estaba dispuesto a llevar adelante su concepto de “subsidiariedad del Estado”, es decir, garantizarle a las empresas privadas y a los empresarios su subsistencia. Para comprender esta puja dentro de la propia dictadura cívico-militar basta con algunos ejemplos. Dentro de la documentación analizada por el equipo de la CNV, surgen varias actas con declaraciones del comodoro (R) Larghi. “Se tomaron medidas políticas que, como ya lo expresara, no debieran dejar entrever que sólo apuntaron a proteger el pretendido buen nombre de William Reynal, quien a través de la vía mas cómoda y barata para él, se había desprendido, sin ninguna responsabilidad, de sus obligaciones naturales de empresario”, escribió Larghi el 6 de noviembre de 1980. En otro pasaje, sostuvo: “Me violenta tener que repetir que no hay que comprar Austral”.

William Reynal es el primo de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central y hoy dueño del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados). El tenía más del 70 por ciento de las acciones de Austral. La aerolínea aparece casi en quiebra desde 1979, a pesar de los continuos préstamos que recibía del Banade. “Hay un empecinamiento de Martínez de Hoz y su equipo para salvar a sus amigos, lo ves en la tensión con la Fuerza Aérea, que quiere declarar la quiebra, pero ellos siguen poniendo plata que nunca apareció”, sostuvo a Página/12 Walter Bosisio.

El principal acreedor de Austral era el Estado y el único privado era el Banco Latinoamericano (BLA), cuyo titular era Eduardo Saiegh. El BLA tenía acciones de la aerolínea en caución, por siete millones de dólares. Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la dependencia de la Policía Federal del Banco Nación. Saiegh acusó a Reynal (Alejandro) de ser el instigador de su secuestro, con el objetivo de quedarse con las acciones de Austral. Una vez liberado, fue obligado a liquidar su banco.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestra condición de accionistas de Austral a fin de precisar el ofrecimiento que efectuáramos por nota el 10 de septiembre de 1980”, puede leerse en una carta enviada por los dueños de Austral a Martínez de Hoz. Esa oferta consistía en la “transferencia de las acciones y la totalidad de los derechos patrimoniales y políticos correspondientes”. Varios meses antes de aceptar esa oferta, el equipo económico de la dictadura cívico-militar se sentó a negociar con Franco Macri y Carlos P. Blaquier.

Entre los documentos del Edificio Cóndor existe una carpeta que da cuenta de una oferta hacia Macri y al grupo Socma, con la posibilidad de quedarse con el 60 por ciento de la empresa, mientras que el restante 40 por ciento seguiría en manos de Reynal. Luego de un intercambio de ofertas, la Fuerza Aérea consideró que la propuesta de Franco Macri no era suficiente. “Siendo que Franco Macri tiene posible acceso a la presidencia de Austral se solicita se investiguen antecedentes personales y comerciales”, escribió en un documento el brigadier Francisco Salinas, fechado en mayo de 1980.

Tras el fracaso de esas negociaciones, el 23 de octubre de 1980, hubo un almuerzo entre la cúpula cívico-militar con Carlos P. Blaquier y el doctor Marangoni, del Grupo Ledesma. Esa oferta tampoco prosperó. “Fue un negocio que ni siquiera los militares pudieron parar, a pesar del rechazo de la Fuerza Aérea. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Fue un negocio redondo”, concluyó Bruno Napoli.

spremici@pagina12.com.ar

jueves, 13 de marzo de 2014

Con 350 legajos de civiles, presentan nuevos archivos recuperados de la dictadura.



Se trata de más de 7 mil legajos del Penal de Magdalena, según informó en Radio América el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en conferencia de prensa. "Milani nos informó de la 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó esta tarde un emotivo acto en el que se presentó documentación relevante referida a la última dictadura militar. Se trata de 7.000 legajos hallados a mediados de enero dentro del penal de encauzados de Campo de Mayo. Los mismos documentan el paso de militares y civiles durante su estadía en el ex Instituto Penal de la Fuerzas Armadas de Magdalena, entre los cuales figuran el de Jorge Alberto Taiana (padre); Jacobo Timerman (padre); y los -en ese momento- guardiamarinas Julio César Urien y Mario Guillermo Enrique Galli (aún desaparecido).

"Más de 300 legajos de los 7000 encontrados dentro del penal de encausados de Plaza de Mayo, corresponden a civiles", señaló Rossi y explicó que "la preservación y difusión de dichos documentos tiene que ver con el compromiso que tenemos en la lucha por los Derechos Humanos”. Y agregó: “Hoy queremos reconocer a cuatro argentinos que pasaron por esa cárcel, que desde diferentes lugares e historias hicieron mucho para construir la Argentina de la igualdad, la tolerancia y el respeto por los DDHH".

Además, el titular de la cartera de Defensa anunció que se comenzará trabajar para que los 7.000 legajos sean digitalizados “para que todo aquel que quiera acceder a ellos, lo pueda hacer sin inconvenientes".

Y Agregó: “Valoramos el compromiso de los jefes de cada una de las fuerzas porque gracias a su acompañamiento es que hemos llegamos a esta documentación. En octubre pasado, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier general Mario Callejo, nos aportó archivos encontrados en el Edificio Cóndor y esta vez fue el teniente general César Milani el que nos proporcionó esta valiosísima información. Estas acciones nos permite mantener vivas las esperanzas”.

En su alocución, en el Hall de entrada del Edificio Libertador, Rossi mencionó la Resolución Ministerial 445/13 que instruye a los jefes de los Estados Mayores las Fuerzas Armadas a “relevar exhaustivamente en todas las dependencias correspondientes a sus organismos, sitios en los que pudiere haber documentación histórica o información de interés judicial, incluyendo especialmente aquellos no destinados a su archivo, custodia o almacenamiento”.

Entre los legajos hallados, también se encontraron los de los guardiamarinas Julio César Urien y el de Mario Guillermo Enrique Galli (aún desaparecido), quienes se sublevaron en 1972 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en respaldo al retorno de Perón.

Luego de las palabras del ministro, el legislador porteño Jorge Taiana, afirmó que este "es un paso más en el camino de la verdad, justicia y reparación en el que durante estos últimos diez años los tres Poderes del Estado han coincidido”. Y agregó: “Reitero ese compromiso inclaudicable”.

Por su parte, el canciller Timerman subrayó: “Es un momento muy emotivo por el hecho que haya sido encontrado y entregado por las propias FFAA, lo que marca una ruptura con el pasado y le agradezco a los jefes de las fuerzas ese gesto". Y añadió: "Renuevo la esperanza para que se encuentren la identidad de esos chicos que aún no conocen su verdadera identidad y para que los hijos de las madres de Plaza de Mayo puedan ser encontrados, instando a las FFAA comprometerse con esas búsquedas”.



"Cuando encontramos este hallazgo documental importantísimo, firmé una resolución donde les instruí a los jefes de cada una de las Fuerzas que hagan un relevamiento exhaustivo de lo que podía existir en materia documental en el marco de las instituciones que pertenecen a las Fuerzas. En este marco, Milani nos informó de la existencia de estos archivos del Penal de Magdalena, que son más de 7 mil legajos", indicó Rossi , previo a la conferencia, en diálogo con el programa Página Abierta, de Radio América, y agregó: "La mayoría de ellos son militares, pero hay 350 civiles".

Los documentos serán entregados al canciller Héctor Timerman y al legislador Jorge Taiana, ya que entre los mismos hay información sobre sus padres (el periodista Jacobo Timerman y el médico personal de Juan y Eva Perón, de igual nombre que su hijo). También se entregará un legajo a la familia de Mario Enrique Gali, un guardia de la Marina que se levantó contra su arma, previo al regreso de Perón, se convirtió en un militante político y fue secuestrado por la dictadura.

En cuanto a los archivos, el ministro precisó que se trata de información sobre "la vida dentro de la cárcel". "Régimen de visitas, quienes estaban autorizados, atenciones médicas, alguna correspondencia epistolar, quien era el titular de la cárcel. No hay información de inteligencia", señaló, aunque aclaró: "No me atrevería a decir que estos documentos tienen valor jurídico, más bien tiene un peso histórico y patrimonial".

"Tenemos Fuerzas Armadas que están pensando en el desarrollo armónico del país y este compromiso queda evidenciado a través de estos hallazgos documentales", destacó Rossi, y agregó: "No podríamos haber llegado a esto si no fuera por la decisión de cada uno de los jefes de las fuerzas de acompañar esta política que impulsamos desde el Ministerio".

"Tenemos Fuerzas Armadas que están pensando en el desarrollo armónico del país y este compromiso queda evidenciado a través de estos hallazgos documentales", dijo Rossi.
El penal de Magdalena, sede del Instituto Penal de las Fuerzas Armadas hasta 1953, fue el destino de distintos dirigentes políticos luego del golpe de Estado de 1976.

A partir de 1997, dicho penal dejó de ser un centro de detención para oficiales de las FF.AA. y se convirtió en una cárcel para presos comunes, alojando en sus celdas a ex presidentes constitucionales y de facto, jefes militares, gremialistas y otros dirigentes significativos de la política nacional,.

Fuente: TELAM

miércoles, 12 de marzo de 2014

Fresneda: "La democracia debe investigar las complicidades civiles que tuvo la dictadura"






“Una de las mayores dificultades que tuvo la democracia en 1983 fue que heredó la Justicia de la dictadura, que no se renovó automáticamente. Hoy es el Estado de Derecho el encargado de buscar justicia en un país que se convirtió en víctima del Terrorismo de Estado”, apuntó Fresneda.

Y agregó: “la búsqueda de verdad y justicia es una tarea llevada a cabo por toda la sociedad, pero debemos reconocer que los organismos de Derechos Humanos cumplieron una tarea fundamental en este aspecto”.

La actividad se realizó en el Salón Emilio Fermín Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos y contó con las exposiciones, además de Fresneda, de Willem De Haan, profesor emérito de la VU University de Amnsterdam; y Diego Morales, director del área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Con respecto al papel que tuvieron los civiles durante la última dictadura, el funcionario recordó que sectores empresariales y económicos “fueron decisivos para construir la maquinaria del terror”, y recordó el caso de la apropiación de la firma Papel Prensa.

“Las Fuerzas Armadas necesitaron de la complicidad de la Justicia y de los medios de comunicación concentrados, como Clarín, La Razón y La Nación, para llevar adelante el régimen del terror. El caso de la apropiación de Papel Prensa es un ejemplo de todo esto. Además hubo empresas que prestaron sus instalaciones para la represión, como hizo Ledesma en Jujuy, durante la Noche del Apagón”, reseñó Fresneda.

Por su parte, Morales explicó que en Argentina "se investiga la participación de empresarios en complicidad con el Terrorismo de Estado, por la aplicación de métodos de persecución a trabajadores”.

“En los diarios del Juicio a las Juntas hay intervenciones de dirigentes sindicales en donde mencionan persecuciones o amenazas en sus lugares de trabajo a los integrantes de las comisiones internas”, apuntó. 

El profesor emérito de la VU University de Amsterdam, De Haan, remarcó la importancia de los avances que Argentina logró con respecto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

"Si multinacionales como Ford y Mercedes Benz tuvieron un rol activo durante la dictadura argentina, es probable que otras multinacionales holandesas como AKZO, Philips, Shell, Unilever, también hayan estado involucradas en estos crímenes”, admitió el catedrático de los Países Bajos.

sábado, 8 de marzo de 2014

La UIF será querellante en una causa por robo de bienes en la ESMA

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga al prófugo Jorge Raúl Vildoza por robo de bienes en la última dictadura en el marco de la megacausa ESMA. 
El pedido de la UIF para intervenir en el caso contra Vildoza fue admitido días atrás por el juez federal Sergio Torres, quien instruye las causas por delitos de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada, y se sumará a la querella que ya impulsa en otra causa por robo de bienes en ese centro clandestino, que involucra a otros miembros del GT: Jorge Carlos Radice, Jorge "El Tigre" Acosta y Miguel Ángel Cavallo. 
Al solicitar ser querellante, la UIF pidió también una serie de medidas para evitar que su círculo íntimo se desprenda de los bienes, entre ellas el embargo, inhibición, congelamiento de cuentas y el posterior decomiso de los activos, medidas que el juez Torres deberá confirmar.
Vildoza fue la segunda autoridad de la ESMA y cumplió además funciones como jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas. Se encuentra prófugo desde 1983 por la apropiación de Javier Gonzalo Penino Viñas, quien nació durante el cautiverio de su madre, Cecilia Viñas, en ese centro clandestino de la Armada.  
En la causa "se busca determinar la ruta del dinero obtenido ilícitamente por Jorge Raúl Vildoza en su carácter de jefe así como por parte de otros miembros del grupo, a los que luego se les habría dado apariencia de legitimidad", señaló la UIF en un comunicado. 
La Unidad pudo determinar que el Grupo de Tareas de la ESMA a cargo de Jorge Raúl Vildoza "se dedicaba al secuestro y tortura de personas consideradas subversivas, a quienes sistemáticamente despojaban ilícitamente de sus bienes", explicaron. También se crearon empresas pantalla e inmobiliarias, y los fondos obtenidos se depositaron en cuentas en el exterior.
"Una de las sociedades creadas y utilizadas para materializar el lavado de activos sería una empresa de juegos de azar. Esa sociedad fue señalada además como ex propietaria de los casinos Oshowia y Casablanca que funcionaban en Tierra del Fuego, los cuales habrían sido originariamente constituidos con bienes ilegítimamente apropiados en el ámbito de la ESMA", señalaron desde la UIF.
Además, los investigadores advirtieron la relación de los casinos con otras empresas cuyo objetivo sería "disimular el origen ilícito de los bienes utilizados en un principio para constituir a las mismas y, luego de su transformación en entes comerciales, para sacar provecho económico de ellas".
Desde la Unidad, destacaron el carácter imprescriptible de los delitos que se investigan en la causa y explicaron que esto no sólo se debe a que se trató del robo de bienes en el ámbito de la ESMA sino también por las ganancias obtenidas en las sociedades, casinos y maniobras de lavado de activos con el fin de blaquear los bienes robados a detenidos-desaparecidos. «

Fuente: TELAM

Diario @JCiviles