La editorial de La Nación del
miércoles 23 de mayo de 2012, de cara al avance de la Justicia sobre aquellos
casos que involucran a los civiles cómplices y verdaderos jefes de la dictadura
(los únicos que se beneficiaron con el
Terrorismo de Estado), resulta de vital importancia. El caso Saiegh, confirma que Papel
Prensa no fue la única empresa desapropiada durante la última dictadura mediante
el secuestro y la tortura, pero especialmente, resulta clave para poder identificar a quienes, a través Terrorismo de
Estado, hicieron posible obtener beneficios personales.
La Nación demoniza a Saiegh, poniendo
en práctica una técnica retorica refinada y perversa, que presenta los hechos
fragmentados, distorsionados y ordenados de modo tal, que puedan convencer con
sentimientos más que con razones, haciendo verosímil un relato falso que
moldea, en la opinión publica, una postura favorable a los tiempos de quienes
publican editoriales y tienen - por temáticas similares a esta- varias citas postergadas con la
Justicia.
La editorial, aprovecha la medida que
frena el pago, y lo presenta como algo que probaría por sobre todas las cosas,
que el reclamo de Saiegh es falso, y por lo tanto, merecedor del repudio
absoluto del conjunto de la sociedad.
Claro, la editorial no menciona que el mismo decreto
que frena el pago, reconoce los hechos denunciados por Saiegh “compatibles con
el accionar del Terrorismo de Estado”; tampoco que la Secretaria de DerechosHumanos de la Nación, es parte querellante en la misma causa, justamente, para
acompañar y respaldar ese reclamo ante
la Justicia, considerando que ese es
“el ámbito natural para su adecuada resolución”. La Justicia, dice el
decreto, es quien debe dictaminar las
medidas compensatorias como la restitución de bienes. Como también es la
Justicia, la que puede (y debe) investigar, juzgar y castigar a quienes
cometieron delitos y utilizaron el estado terrorista para obtener beneficios
personales. Como por ejemplo, los que permiten difamar a una víctima, manipular
a la opinión pública, condicionar al Gobierno y conservar la impunidad en la Justicia.
Acusan a Saiegh de ofender la memoria
de las víctimas, solamente, porque sus reclamos se apoyan en hechos “que resultarían falsos”. Pero no
resultan, ni resultaron, ser falsos, sino que “resultarían”. Lo presumen, lo
sospechan, lo infieren, pero no lo
pueden afirmar. Admiten, de esa forma, que desconocen la realidad de los
hechos. Aun así, justifican la liquidacion del BLA con los mismos argumentos
que se obtuvieron bajo secuestro y tortura. “La entidad cayó en esa situación
agobiada por una cartera de auto préstamos y créditos a empresas insolventes”,
afirman. Y lo afirman de manera clara, segura y precisa, aun cuando los hechos
“resultarían” ser falsos. Del mismo modo, afirman también que la liquidación
“siguió los procedimientos aplicables al caso”. Tal vez, sea una manera
elegante y sutil de referirse a los métodos que, con total normalidad, utilizaban en la dictadura. Los mismos que
ahora, con total impunidad, desconocen realmente. Tal vez, la memoria selectiva
les impida hacer buena memoria. Pero de eso, en definitiva, se va a encargar la
Justicia.
MR.
JCCCD
