jueves, 13 de marzo de 2014

Con 350 legajos de civiles, presentan nuevos archivos recuperados de la dictadura.



Se trata de más de 7 mil legajos del Penal de Magdalena, según informó en Radio América el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en conferencia de prensa. "Milani nos informó de la 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó esta tarde un emotivo acto en el que se presentó documentación relevante referida a la última dictadura militar. Se trata de 7.000 legajos hallados a mediados de enero dentro del penal de encauzados de Campo de Mayo. Los mismos documentan el paso de militares y civiles durante su estadía en el ex Instituto Penal de la Fuerzas Armadas de Magdalena, entre los cuales figuran el de Jorge Alberto Taiana (padre); Jacobo Timerman (padre); y los -en ese momento- guardiamarinas Julio César Urien y Mario Guillermo Enrique Galli (aún desaparecido).

"Más de 300 legajos de los 7000 encontrados dentro del penal de encausados de Plaza de Mayo, corresponden a civiles", señaló Rossi y explicó que "la preservación y difusión de dichos documentos tiene que ver con el compromiso que tenemos en la lucha por los Derechos Humanos”. Y agregó: “Hoy queremos reconocer a cuatro argentinos que pasaron por esa cárcel, que desde diferentes lugares e historias hicieron mucho para construir la Argentina de la igualdad, la tolerancia y el respeto por los DDHH".

Además, el titular de la cartera de Defensa anunció que se comenzará trabajar para que los 7.000 legajos sean digitalizados “para que todo aquel que quiera acceder a ellos, lo pueda hacer sin inconvenientes".

Y Agregó: “Valoramos el compromiso de los jefes de cada una de las fuerzas porque gracias a su acompañamiento es que hemos llegamos a esta documentación. En octubre pasado, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier general Mario Callejo, nos aportó archivos encontrados en el Edificio Cóndor y esta vez fue el teniente general César Milani el que nos proporcionó esta valiosísima información. Estas acciones nos permite mantener vivas las esperanzas”.

En su alocución, en el Hall de entrada del Edificio Libertador, Rossi mencionó la Resolución Ministerial 445/13 que instruye a los jefes de los Estados Mayores las Fuerzas Armadas a “relevar exhaustivamente en todas las dependencias correspondientes a sus organismos, sitios en los que pudiere haber documentación histórica o información de interés judicial, incluyendo especialmente aquellos no destinados a su archivo, custodia o almacenamiento”.

Entre los legajos hallados, también se encontraron los de los guardiamarinas Julio César Urien y el de Mario Guillermo Enrique Galli (aún desaparecido), quienes se sublevaron en 1972 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en respaldo al retorno de Perón.

Luego de las palabras del ministro, el legislador porteño Jorge Taiana, afirmó que este "es un paso más en el camino de la verdad, justicia y reparación en el que durante estos últimos diez años los tres Poderes del Estado han coincidido”. Y agregó: “Reitero ese compromiso inclaudicable”.

Por su parte, el canciller Timerman subrayó: “Es un momento muy emotivo por el hecho que haya sido encontrado y entregado por las propias FFAA, lo que marca una ruptura con el pasado y le agradezco a los jefes de las fuerzas ese gesto". Y añadió: "Renuevo la esperanza para que se encuentren la identidad de esos chicos que aún no conocen su verdadera identidad y para que los hijos de las madres de Plaza de Mayo puedan ser encontrados, instando a las FFAA comprometerse con esas búsquedas”.



"Cuando encontramos este hallazgo documental importantísimo, firmé una resolución donde les instruí a los jefes de cada una de las Fuerzas que hagan un relevamiento exhaustivo de lo que podía existir en materia documental en el marco de las instituciones que pertenecen a las Fuerzas. En este marco, Milani nos informó de la existencia de estos archivos del Penal de Magdalena, que son más de 7 mil legajos", indicó Rossi , previo a la conferencia, en diálogo con el programa Página Abierta, de Radio América, y agregó: "La mayoría de ellos son militares, pero hay 350 civiles".

Los documentos serán entregados al canciller Héctor Timerman y al legislador Jorge Taiana, ya que entre los mismos hay información sobre sus padres (el periodista Jacobo Timerman y el médico personal de Juan y Eva Perón, de igual nombre que su hijo). También se entregará un legajo a la familia de Mario Enrique Gali, un guardia de la Marina que se levantó contra su arma, previo al regreso de Perón, se convirtió en un militante político y fue secuestrado por la dictadura.

En cuanto a los archivos, el ministro precisó que se trata de información sobre "la vida dentro de la cárcel". "Régimen de visitas, quienes estaban autorizados, atenciones médicas, alguna correspondencia epistolar, quien era el titular de la cárcel. No hay información de inteligencia", señaló, aunque aclaró: "No me atrevería a decir que estos documentos tienen valor jurídico, más bien tiene un peso histórico y patrimonial".

"Tenemos Fuerzas Armadas que están pensando en el desarrollo armónico del país y este compromiso queda evidenciado a través de estos hallazgos documentales", destacó Rossi, y agregó: "No podríamos haber llegado a esto si no fuera por la decisión de cada uno de los jefes de las fuerzas de acompañar esta política que impulsamos desde el Ministerio".

"Tenemos Fuerzas Armadas que están pensando en el desarrollo armónico del país y este compromiso queda evidenciado a través de estos hallazgos documentales", dijo Rossi.
El penal de Magdalena, sede del Instituto Penal de las Fuerzas Armadas hasta 1953, fue el destino de distintos dirigentes políticos luego del golpe de Estado de 1976.

A partir de 1997, dicho penal dejó de ser un centro de detención para oficiales de las FF.AA. y se convirtió en una cárcel para presos comunes, alojando en sus celdas a ex presidentes constitucionales y de facto, jefes militares, gremialistas y otros dirigentes significativos de la política nacional,.

Fuente: TELAM

miércoles, 12 de marzo de 2014

Fresneda: "La democracia debe investigar las complicidades civiles que tuvo la dictadura"






“Una de las mayores dificultades que tuvo la democracia en 1983 fue que heredó la Justicia de la dictadura, que no se renovó automáticamente. Hoy es el Estado de Derecho el encargado de buscar justicia en un país que se convirtió en víctima del Terrorismo de Estado”, apuntó Fresneda.

Y agregó: “la búsqueda de verdad y justicia es una tarea llevada a cabo por toda la sociedad, pero debemos reconocer que los organismos de Derechos Humanos cumplieron una tarea fundamental en este aspecto”.

La actividad se realizó en el Salón Emilio Fermín Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos y contó con las exposiciones, además de Fresneda, de Willem De Haan, profesor emérito de la VU University de Amnsterdam; y Diego Morales, director del área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Con respecto al papel que tuvieron los civiles durante la última dictadura, el funcionario recordó que sectores empresariales y económicos “fueron decisivos para construir la maquinaria del terror”, y recordó el caso de la apropiación de la firma Papel Prensa.

“Las Fuerzas Armadas necesitaron de la complicidad de la Justicia y de los medios de comunicación concentrados, como Clarín, La Razón y La Nación, para llevar adelante el régimen del terror. El caso de la apropiación de Papel Prensa es un ejemplo de todo esto. Además hubo empresas que prestaron sus instalaciones para la represión, como hizo Ledesma en Jujuy, durante la Noche del Apagón”, reseñó Fresneda.

Por su parte, Morales explicó que en Argentina "se investiga la participación de empresarios en complicidad con el Terrorismo de Estado, por la aplicación de métodos de persecución a trabajadores”.

“En los diarios del Juicio a las Juntas hay intervenciones de dirigentes sindicales en donde mencionan persecuciones o amenazas en sus lugares de trabajo a los integrantes de las comisiones internas”, apuntó. 

El profesor emérito de la VU University de Amsterdam, De Haan, remarcó la importancia de los avances que Argentina logró con respecto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.

"Si multinacionales como Ford y Mercedes Benz tuvieron un rol activo durante la dictadura argentina, es probable que otras multinacionales holandesas como AKZO, Philips, Shell, Unilever, también hayan estado involucradas en estos crímenes”, admitió el catedrático de los Países Bajos.

sábado, 8 de marzo de 2014

La UIF será querellante en una causa por robo de bienes en la ESMA

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga al prófugo Jorge Raúl Vildoza por robo de bienes en la última dictadura en el marco de la megacausa ESMA. 
El pedido de la UIF para intervenir en el caso contra Vildoza fue admitido días atrás por el juez federal Sergio Torres, quien instruye las causas por delitos de lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada, y se sumará a la querella que ya impulsa en otra causa por robo de bienes en ese centro clandestino, que involucra a otros miembros del GT: Jorge Carlos Radice, Jorge "El Tigre" Acosta y Miguel Ángel Cavallo. 
Al solicitar ser querellante, la UIF pidió también una serie de medidas para evitar que su círculo íntimo se desprenda de los bienes, entre ellas el embargo, inhibición, congelamiento de cuentas y el posterior decomiso de los activos, medidas que el juez Torres deberá confirmar.
Vildoza fue la segunda autoridad de la ESMA y cumplió además funciones como jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas. Se encuentra prófugo desde 1983 por la apropiación de Javier Gonzalo Penino Viñas, quien nació durante el cautiverio de su madre, Cecilia Viñas, en ese centro clandestino de la Armada.  
En la causa "se busca determinar la ruta del dinero obtenido ilícitamente por Jorge Raúl Vildoza en su carácter de jefe así como por parte de otros miembros del grupo, a los que luego se les habría dado apariencia de legitimidad", señaló la UIF en un comunicado. 
La Unidad pudo determinar que el Grupo de Tareas de la ESMA a cargo de Jorge Raúl Vildoza "se dedicaba al secuestro y tortura de personas consideradas subversivas, a quienes sistemáticamente despojaban ilícitamente de sus bienes", explicaron. También se crearon empresas pantalla e inmobiliarias, y los fondos obtenidos se depositaron en cuentas en el exterior.
"Una de las sociedades creadas y utilizadas para materializar el lavado de activos sería una empresa de juegos de azar. Esa sociedad fue señalada además como ex propietaria de los casinos Oshowia y Casablanca que funcionaban en Tierra del Fuego, los cuales habrían sido originariamente constituidos con bienes ilegítimamente apropiados en el ámbito de la ESMA", señalaron desde la UIF.
Además, los investigadores advirtieron la relación de los casinos con otras empresas cuyo objetivo sería "disimular el origen ilícito de los bienes utilizados en un principio para constituir a las mismas y, luego de su transformación en entes comerciales, para sacar provecho económico de ellas".
Desde la Unidad, destacaron el carácter imprescriptible de los delitos que se investigan en la causa y explicaron que esto no sólo se debe a que se trató del robo de bienes en el ámbito de la ESMA sino también por las ganancias obtenidas en las sociedades, casinos y maniobras de lavado de activos con el fin de blaquear los bienes robados a detenidos-desaparecidos. «

Fuente: TELAM

domingo, 23 de febrero de 2014

En marzo se podrá ver como el poder militar estaba subordinado al poder económico.

A partir de marzo, cuando se cumplan 38 años del último golpe de Estado, la documentación secreta de las juntas militares encontrada por el Gobierno en el subsuelo del Edificio Cóndor será exhibida para que "la sociedad constate cómo el poder militar estaba subordinado al poder económico".




La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado, confirmó la información a Télam y subrayó que "el material revela la subordinación militar a las corporaciones y un ejemplo de ello es que en los primeros seis meses de gobierno de facto, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz no hace más que dar exenciones al agro. Desde el `76, se les decía "bueno, sin retenciones" y cuando les dijeron `bueno, ya está, fueron 20 años de privilegio, surgió el conflicto con el agro`".
Los originales de las actas de las juntas militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983 halladas entre polvo y humedad en el subsuelo del edificio Cóndor en noviembre pasado, clasificadas y digitalizadas, estarán a disposición del público desde marzo próximo, en la Sala de Consultas de la Biblioteca Aeronáutica, ubicada en Esmeralda y Paraguay.
"Queda claro el funcionamiento de las corporaciones y si no empezamos a entender lo que nos pasó desde una mirada de conjunto, seguirá en la sociedad metida la `teoría de los dos demonios` y no vamos a comprender su magnitud, cómo nos sigue pegando y la huella que aún nos deja", sostuvo la funcionaria.
Además subrayó que los documentos "están ligados en un 90 por ciento a cuestiones económicas, como proyectos sobre privatizaciones, excenciones para el agro, medidas para permitir inversiones extranjeras y discusiones en el seno de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) sobre leyes laborales.
"La ley de Entidades Financieras de esa época y que aún está vigente permitió que todas las casas de cambio pasaran a ser bancos, y de golpe tuvimos 80 bancos. La pelea sigue estando presente hoy y con las mismas dificultades, por eso es muy importante analizar esta documentación para comprender históricamente el proceso y las responsabilidades civiles", agregó.
Por su validez probatoria, el material está a disposición de la justicia, en tanto las actas referidas a Papel Prensa ya fueron remitidas de oficio al juzgado de Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa a los diarios Clarin, La Nación y La Razón.

A propósito del caso, un nuevo material fue hallado hace pocos días conteniendo una carpeta con informes del interventor de Papel Prensa nombrado por la junta, capitán Alberto D`Agostini, que a pedido del ex fiscal Ricardo Molinas -en 1984-, daba detalles sobre las negociaciones por la venta de la empresa.

También fue remitida importante documentación en la que figura Martínez de Hoz a juzgados donde se investigan posibles delitos económicos, y al juez Daniel Rafecas, quien investiga causas por delitos de lesa humanidad.

El material clasificado por los equipos de investigación y archivística de las tres fuerzas, con la colaboración de la Comisión Nacional de Valores y el Archivo General de la Nación, se exhibirá a través de dos puestos virtuales de consulta, donde aparecerán todos los temas a los que se llegará por palabras clave, y podrá ser consultado por particulares y escuelas.


Fuente: Página 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-240394-2014-02-22.html

miércoles, 19 de febrero de 2014

Cinco ex-jueces en el banquillo por complicidad con crímenes durante la dictadura.

Cinco exjueces, entre ellos Otilio Romano, extraditado de Chile en septiembre pasado, se sentaron en el banquillo de acusados este lunes en la ciudad de Mendoza(oeste), acusados de amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina (1976-83).



Hasta el momento, sólo un exjuez fue condenado a 21 años de prisión, entre los 515 sentenciados en las decenas de procesos que se sustancian en todo el país tras la anulación de las leyes de amnistía en 2003.
Los cinco exintegrantes del Poder Judicial de Mendoza (1.000 km al oeste de Buenos Aires) están imputados por haber “en forma sistemática” omitido de denunciar o investigar desapariciones, secuestros, torturas, violaciones de domicilio, robo de bienes de desaparecidos y homicidios, pese a la denuncia de familiares de las víctimas.

La pata civil

“Se empieza a enjuiciar a la pata civil de la última dictadura. Es imposible pensar en el terrorismo de Estado sin el papel que tuvo la Justicia. La hipótesis de la acusación es la complicidad del aparato judicial con el terrorismo de Estado y lo vamos a tratar de demostrar durante el juicio”, dijo a la prensa local el fiscal Dante Vega, a cargo de la acusación.
Romano, que fue fiscal y juez subrogante durante el régimen, estuvo dos años prófugo en Chile de donde fue extraditado en septiembre de 2013.
Según la acusación, Romano y el exjuez Luis Miret llegaron a integrar en democracia la cámara mendocina de apelación y desde allí además frenaron las causas por delitos de lesa humanidad.
En el mismo juicio que investiga el destino de 207 asesinatos y desaparicidones en Mendoza, están acusados además 25 policías y 11 militares.
Unos 660 testigos darán su testimonio a lo largo del juicio, informó el Centro de Información Judicial (CIJ), sitio de la Corte Suprema.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura argentina, según los organismos defensores de derechos humanos. 
Fuente: AFP

lunes, 10 de febrero de 2014

Apoyo de Carta Abierta a Sbatella


08.02.2014 | Los integrantes de Carta Abierta reconocieron que la situación que atraviesa el país es "grave" y que "no es un simple episodio más de la historia económica nacional".

Integrantes de la agrupación kirchnerista Carta Abierta expresaron hoy su respaldo a la ratificación gubernamental de José Sbatella como presidente de Unidad de Información Financiera (UIF) y criticaron a empresarios y productores por "forzar e imponer" una "depreciación del peso no querida por el gobierno".

Las definiciones surgieron en la apertura de la reunión que Carta Abierta realizaba desde las 11 en el salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, donde unos treinta expositores comenzaron a dar sus opiniones en torno a un borrador elaborado por la Coordinadora para emitir luego un documento conjunto.

Asimismo, durante la lectura del texto sometido a análisis señalaron que "resulta indispensable sustraer la disposición" sobre las divisas extranjeras "del chantaje monopólico y garantizar su control gubernamental".

En ese marco, cuestionaron que un "puñado de grandes empresas" hayan "organizado un cepo financiero sobre el gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país como la devaluación".

Asimismo, reconocieron que la situación que atraviesa el país es "grave" y que "no es un simple episodio más de la historia económica nacional".

Los pensadores kirchneristas también advirtieron que grandes organizaciones agropecuarias "han conseguido forzar e imponer una fuerte depreciación del peso no querida por el gobierno inconveniente para las mayorías populares" y aseguraron que "tienen la estrategia de profundizarla a niveles sustancialmente mayores".

jueves, 14 de noviembre de 2013

La UIF avanzará con la incautación de bienes de Papel Prensa

El Gobierno nacional anunció que la próxima semana avanzará con un pedido ante la Justicia federal para "incautar" bienes de Papel Prensa S.A., que fueron presuntamente apropiados durante la última dictadura militar.

 

 

La incautación en marcha, que ya se estima traerá repercusiones políticas, la solicitará el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, encargado de la lucha contra el lavado de dinero en el país. En diálogo con Radio América, Sbatella recordó que para la legislación argentina los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y que por lo tanto, las apropiaciones realizadas durante la comisión de esas acciones aberrantes son delitos continuos. "La continuidad del delito se mantiene porque son imprescriptibles y no hubo oportunidad de sanción (judicial). Van camino a dañar el bien protegido por el Código Penal, en el capítulo del orden económico financiero", explicó el funcionario.

El caso Papel Prensa es paradigmático. En el despacho del juez Julián Ercolini del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py se acumulan testimonios y documentos históricos que probarían que la papelera de San Pedro fue apropiada bajo amenazas por parte de los dueños de los tres diarios involucrados (Clarín, La Nación y La Razón) y la Junta militar. La causa se originó por una doble denuncia: la de Poder Ejecutivo, a través del minucioso informe oficial realizado por los representantes del Estado en la compañía bautizado "Papel Prensa: La Verdad", y la de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, el dueño de la empresa antes de la supuesta venta forzada. Las declaraciones de Papaleo y otros damnificados, como los viejos accionistas Juan Graiver y Rafeal Ianover, revelan que fue una apropiación ilegal, lograda con amenazas, secuestros y torturas.

Esta semana, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se reunió con la viuda de Graiver para analizar los documentos hallados recientemente ligados a la última dictadura cívico-militar, en los que hay constancia de la relación entre la entrega de Papel Prensa y los secuestros y detenciones de los Graiver. "Está claramente demostrado que la venta de Papel Prensa y la detención de los familiares de Graiver era para la Junta Militar una única unidad temática", aseguró Rossi.

El exdiputado señaló que en la documentación descubierta en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, se encontraron 13 actas originales, de las cuales en 12 se realiza un seguimiento del tema entre el 15 de septiembre de 1976 y el primero de diciembre de 1977. El punto 5 del acta 19 de fecha 6 de abril de 1977 es el "arresto de familiares e implicados en el caso Graiver". Al término de la reunión, Papaleo manifestó que este material es muy importante y agradeció que ya esté en manos del juez Ercolini.

En este marco, Sbatella confirmó que el Gobierno nacional intentará reparar el daño provocado a la familia Graiver con la restitución de los bienes. "Desde la UIF estaremos planteando en el transcurso de la semana próxima, la posibilidad que se acuse de lavado al dinero proveniente ilícito de apropiación de bienes de detenidos desaparecidos. Una de las situaciones es la de Papel Prensa, pero hay otras", detalló el jefe de la unidad antilavado.

Otros casos de empresarios que fueron expropiados sus bienes durante la dictadura son el de Eduardo Saiegh y el de los hermanos Iaccarino. "Todos esos casos, además de la imprescriptibilidad por delitos de lesa humanidad, entraría también la recuperación de los bienes porque fueron apropiados", agregó Sbatella.

Saiegh es un arquitecto que fue desapoderado del Banco Latinoamericano de Inversión en 1980. Según contó el banquero argentino, el 31 de octubre de ese año fue detenido sin orden judicial por la División Bancos de la Policía Federal y permaneció desaparecido siete días. En esa semana, fue torturado y obligado a confesar delitos inexistentes que le permitieran al Banco Central en manos de los militares liquidar al BLA, del cual era vicepresidente.

Los hermanos Rodolfo, Alejandro y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados en noviembre de 1976 por grupos de tareas en Santiago del Estero y trasladados luego a distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps. Durante su cautiverio en la Brigada de Lanús, los hermanos fueron obligados a firmar un poder para que su padre venda las empresas y un avión que tenía la familia a cambio de 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que nunca les entregaron.

Una dificultad se presentará en el futuro, tras el pedido de la UIF. Qué hacer con los bienes. "Se pide la incautación para en un etapa posterior devolverlo", anticipó Sbatella, quien también se quejó en el diálogo radial de la falta de un registro nacional centralizado de bienes incautados por la Justicia, lo que facilitaría la ejecución o restitución. "Hubo una intención del Ministerio de Justicia de empezare a hacer un registro de los bienes decomisados por orden judicial, para luego liquidarlos. Todo centralizado. Pero eso está en la Corte. Hoy no tenemos estadísticas de los bienes decomisados", señaló el economista y extitular de la Comisión de Defensa de la Competencia.

Según el artículo 231 del Código Penal, un juez puede resolver "la incautación del producto del delito y de los instrumentos utilizados para su comisión, hasta tanto se dicte sentencia definitiva". Pero una vez que haya sentencia, el mismo ordenamiento penal estipula en el artículo 23 que puede volver a sus dueños legítimos. "En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros".

Fuente: Ambito Financiero



Sbatella podría acusar por lavado de dinero a los accionistas de Papel Prensa

El titular de la UIF, José Sbatella, anticipó que "la semana próxima" podría acusar a los principales accionistas de Papel Prensa de "lavado de dinero" proveniente de la apropiación de bienes de desaparecidos y aludió a la posible "recuperación" de esa y otras empresas.

 

 "Estamos planteando ahora, en el transcurso de la semana próxima, la posibilidad de que se acuse de lavado de dinero proveniente de los ilícitos de la apropiación de bienes de los desaparecidos" en al menos tres casos, incluido Papel Prensa, declaró el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) a radio América.

Preguntado sobre si la UIF requerirá la incautación de Papel Prensa, Sbatella recordó "que son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad" y que, en casos como el señalado, esos "delitos continuos van camino a dañar el bien protegido en el Código Penal, que es el orden económico y financiero".

"Una de las situaciones es la de Papel Prensa, pero hay otros empresarios importantes expropiados", dijo el titular de la UIF y citó a Eduardo Saiegh y a los hermanos Iaccarino, secuestrados y despojados de sus bienes durante la última dictadura.

En ese mismo período, las acciones de Papel Prensa fueron traspasadas a los diarios Clarín, La Nación y La Razón por la familia Graiver, cuyos integrantes fueron secuestrados y torturados para forzar la venta.

En el programa radial que conduce Dady Brieva, Sbatella también contestó preguntas sobre otras acciones de la UIF, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero.


Fuente: Telam


 

Austral en los Archivos y los Negocios de Reynal en la Dictadura

La intención de Alejandro Reynal de vender sus acciones en MBA Lazard fue objetada por Eduardo Saiegh, secuestrado durante la dictadura. Recordó la vigencia de una causa en la que se investiga la participación de Reynal en el secuestro con fines extorsivos.


 Por Sebastián Premici


El ex vicepresidente del Banco Central Alejandro Reynal (1979-1981) es investigado por su actuación en la liquidación del Banco Latinoamericano (BLA), propiedad de Eduardo Saiegh, quien fuera secuestrado y torturado previo a la desapoderación de la entidad financiera. Reynal es actualmente el accionista mayoritario del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados), sociedad a la que ingresó en marzo de 1981, cuando todavía era funcionario del Central. El ex funcionario pretende vender su participación en el MBA, pero el BCRA todavía no lo autorizó. La gerencia de Asuntos Jurídicos en lo Penal y Asuntos Legales le mandaron una nota al fiscal de la causa, Eduardo Taiano, para que tome las acciones “pertinentes” teniendo en cuenta la vigencia de una causa por delitos de lesa humanidad.

Desde que el fiscal Eduardo Taiano tomó la causa, se produjeron varias declaraciones testimoniales que apuntan a la participación de Reynal en el secuestro de Saiegh. Tal es el caso de Carlos Alberto Buscarini, quien se de-sempeñaba como veedor de la autoridad monetaria.
El MBA fue un actor clave en el proceso de privatización de los bancos locales, en consonancia con la aplicación de la Ley de Entidades Financieras y los preceptos del neoliberalismo introducidos por la última dictadura cívico-militar. Reynal, en su rol de empresario en el MBA, contribuyó para que los bancos locales fueran vendidos a capitales extranjeros, como en los casos del Río y el Francés. Además, fue socio de Nicholas Brady, ex secretario del Tesoro norteamericano y artífice del plan homónimo implementado por Domingo Cavallo, durante la primera parte del menemismo.
“Se debe investigar si durante más de 30 años los fondos mal habidos de la dictadura fueron ocultados prolija y silenciosamente por los propietarios del MBA, lucrando además con todos los gobiernos posteriores a la terminación de la última dictadura militar, hasta que (Néstor) Kirchner los sacó del medio”, enfatizó Saiegh.

Saiegh fue secuestrado a fines de octubre de 1980. El 5 de noviembre, cuando todavía estaba en cautiverio, Reynal mantuvo una reunión con otros dos directores del BLA, Bernardo Grinspun y Jorge Alberto Shaw (integrante de las Fuerzas Armadas). Según consta en un dictamen del fiscal Taiano, en esa ocasión el ex funcionario les “recomendó” sacar del directorio a Saiegh, como condición para recibir los beneficios de la circular 1051.

“A través de esta circular, el Central inyectaba recursos en las entidades financieras intervenidas, siempre en una mayor cantidad a lo supuestamente necesario. Luego, esos recursos eran sacados en efectivo bajo la supervisión de efectivos de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal. Pude llegar a esta conclusión porque los tesoros de los bancos intervenidos eran vaciados al poco tiempo de que asumieran los interventores”, explicó a Página/12 Saiegh, quien agregó: “Una vez que Reynal liquidó mi banco, se hizo cargo del MBA”.

La Comisión Nacional de Valores elaboró un reciente informe a partir del cual pudo confirmar la existencia de un “aparato represivo” constituido por funcionarios de la CNV que se encargaban de preparar el terreno para liquidar empresas. Este informe señaló, además, que existía cierta connivencia entre dicha entidad y el Banco Central, a través de la figura de Reynal.
En una declaración testimonial del 3 de julio de este año, Carlos Buscarini, ex veedor del Central durante la dictadura, narró que “Reynal había decidido una inspección del BLA fuera de agenda, sin explicitar los motivos de la misma” y que anteriormente “no habían encontrado nada ilegal como para justificar un allanamiento”. Al momento de realizarse dicha inspección, integrantes de la División Bancos de la Policía Federal secuestraron a Saiegh, quien se encontraba en las oficinas de su banco. Desde las oficinas del BLA fue trasladado hacia una dependencia policial que funcionaba en el Banco Nación.

Además de la cuestión financiera, Reynal tenía otro interés por el BLA. En las bóvedas del BLA estaban, bajo caución, las acciones de la empresa Austral, ya que la aerolínea mantenía una deuda impaga con el banco por 7 millones de dólares. Uno de los socios de Austral era William Reynal, hermano del vicepresidente del BCRA. Los otros socios eran Roberto Servente y la familia Braun Menéndez.

La intención de la cúpula militar era hacerse de Austral. En complicidad con José Alfredo Martínez de Hoz, en septiembre de 1980 firmaron un decreto para estatizar Austral. Pero para esa fecha, el BLA tenía en su poder las acciones. Por eso, primero tuvieron que presionar para que el banco se “autoliquidase”.

A partir del descubrimiento de los archivos en el Edificio Cóndor, surgieron varios documentos vinculados con la empresa Austral. Saiegh, a través de sus abogados, ya le solicitó al Ministerio de Defensa que incorpore a la causa 1875/09 –José Alfredo Martínez de Hoz s/ delitos de lesa humanidad, en la que se investiga el rol de Reynal–, toda la documentación encontrada, ya sea sobre el Banco Central u otros actores del sistema financiero, así como también la situación de Austral.
“Mi objetivo no es reclamar nada sobre Austral. Esto ya lo aclaré varias veces. Con esta investigación pretendo que queden expuestos los delitos económicos de la última dictadura cívico-militar, y en particular el accionar de Reynal, que en democracia logró reciclarse como un ‘hombre de negocios’”, concluyó Saiegh.

spremici@pagina12.com.ar

Fuente: Pagina 12

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-233347-2013-11-12.html 


lunes, 4 de noviembre de 2013

ROSSI AVANZA CON NUEVOS DOCUMENTOS




Política • Papel Prensa • Derechos Humanos • Lunes 04 de Noviembre de 2013 | 18:32

Rossi sobre archivos hallados de la dictadura: “Queda claro que los arrestos en el caso Graiver se trataban junto con el tema de Papel Prensa”



El ministro de Defensa reveló archivos de la última dictadura militar. Allí, había "listas negras" de artistas como "Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Briski y Julio Cortázar". La papelera "era un tema absolutamente importante".





El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló esta tarde el hallazgo de una gran cantidad de documentación original de las Juntas Militares perteneciente al período comprendido entre 1976 y 1983, correspondientes a la última dictadura militar, de "gran importancia histórica y jurídica".
Entre los documentos hallados, se encuentran algunos que dejan "claramente demostrado que para la Junta Militar el tratamiento de los arrestos de los familiares e implicados en el caso Graiver se analizaban junto con el tema de la venta de Papel Prensa".
A su vez, el Ministro destacó: "En ese momento la Junta Militar analizaba la detención de los implicados en el caso Graiver en conjunto con la venta de Papel Prensa. Era un tema absolutamente importante para la dictadura".
Entre la documentación que sobresale se encuentran también las denominadas "listas negras" de comunicadores, intelectuales y artistas, entre quienes Rossi mencionó a Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Héctor Alterio, Osvaldo Bayer, Norman Briski, Julio Cortázar, Roberto Cossa, Rogelio García Lupo, Horacio Guarany, Víctor Heredia, Federico Luppi, Osvaldo Pugliese, Marilina Ross, Mercedes Sosa y María Elena Walsh.
“Queda claro que los arrestos en el caso Graiver se trataba junto con el tema de Papel Prensa”
“Encontramos 1500 biblioratos, dentro de ellos hay muchísima documentación que estaba dentro de dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería de dos metros de largo por tres de alto”, explicó Rossi.
“Encontramos seis carpetas originales de las actas de la Junta Militar desde el 24 de marzo del ‘76 hasta el 10 de diciembre del ‘83. Con cronología de cada una de esas actas, los originales, firmados por los secretarios generales de cada una de las Fuerzas. Cada carpeta incluye una planilla de los temas que se trataban, con las posiciones que tenían cada una de las distintas Fuerzas y con un índice temático agrupado alfabéticamente”, detalló el Ministro de Seguridad de la Nación.
Mencionó, asimismo, que entre los tres libros originales que registran “cualquier comunicación que se hiciera a la Junta” se encuentra “asentada la solicitud de Hebe (de Bonafini) pidiendo por el destino de sus hijos desaparecidos”.
Por otro lado, el Ministro se refirió al tratamiento de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. En ese sentido, señaló: "En las actas se puede rastrear el tratamiento del tema. Encontró oposiciones en las reuniones de la Junta Militar".
En tanto, en las actas también se hace referencia a los desaparecidos. "Se decide redactar una ley de presunción de fallecimiento. Esa ley nunca se aprobó, pero me parecía importante tenerla y mostrarla", explicó el Ministro.
También se encontró una gran cantidad de “documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que daba sustento ideológico y doctrinario al Proceso de Reorganización Nacional”, reveló.
Esos archivos, explicó Rossi, indican que “el plan tenía dos partes: una etapa fundacional que llegaba hasta cerca de los ‘90 y otra denominada la nueva República que llegaba hasta casi el año 2000”.
El Ministro mostró también una comunicación de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) de aportes al esquema de ese proyecto. "Con lo cual, esto que dice la Presidenta de que el golpe no fue militar sino cívico-militar encuentra en estos documentos pruebas en ese sentido.
Agustín Rossi dio a conocer el hallazgo de 1500 archivos entre los que se encuentran las listas de perseguidos políticos entre 1973 y 1983, que se hallaban en la sede del eficio Condor, sede de la Fuerza Aérea Argentina.
"Lo primero que consideramos relevante es que llegamos hasta esta documentación por una información que nos brinda un integrante de la actual cúpula de las FFAA (el jefe del Estado Mayor, general de la Fuerza Aérea, brigader Mario Callejo), es un elemento sustancial que quiero remarcar profundamente", remarcó.
También, obran en poder de Defensa documentos sobre acuerdos entre las jerarquías de la dictadura y empresarios relacionados a hechos que hoy son objeto de investigación por parte de la justicia, y detalles de un plan económico de gobierno que se proponía extenderse hasta 1999.

Diario @JCiviles