El fiscal federal Eduardo Taiano requirió al juez federal Norberto Oyarbide que reabra la causa que investiga al ex vicepresidente del Banco Central en la última dictadura militar, Alejandro Reynal. Se invetsiga su presunta participación o complicidad en el desapoderamiento del Banco Latinoamericano, de Eduardo Saiegh, por considerarlo un delito de lesa humanidad.
En un dictamen entregado al magistrado, quien tendrá la palabra final, Taiano consideró que "lo sufrido por Saiegh se encuadra en delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y en el caso puntual de la eventual responsabilidad de Reynal, la pesquisa debería unificarse con otra que investiga todo lo ocurrido", según el texto al que accedió Télam.
Para la fiscalía, el empresario "fue injustamente secuestrado por una comisión paramilitar" en octubre de 1980 y "durante seis días fue salvajemente torturado para que confesara delitos inexistentes en el Banco, con el objeto de desapoderarlo del paquete accionario que tenía de la línea aérea Austral". Saiegh afirmó que fue obligado a tramitar la autoliquidación del banco para ser liberado y que luego desaparecieron del Tesoro de la entidad que fundó y de la cual era accionista mayoritario la totalidad de las acciones de la compañía aérea que eran garantía de un préstamo de unos siete millones de dólares. En la causa son querellantes el ex banquero y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Taiano entendió que "los crímenes cometidos por el gobierno de facto importaron una multitud de actos ilícitos tales como privaciones de la libertad, torturas, homicidios, robos, extorsiones, apropiaciones de niños" que se realizaron "en forma sistemática y a gran escala y perpetrados desde el poder estatal". Por eso deben ser considerados imprescriptibles, remarcó al pedir la reapertura del caso a Oyarbide.
En cuanto a la responsabilidad de Reynal, apuntó que cuando se liberó a Saiegh fue desde el Banco Central donde se obligó al directorio del Latinoamericano "mediante extorsión" a someterse a una "autoliquidación voluntaria" que en la vuelta de la democracia fue considerada ilegal en dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación. La fiscalía consideró además que "los ataques a la propiedad realizados en el marco de esa persecución política a gran escala, sistemática y planificada, integran los delitos o crímenes contra la humanidad".
La Cámara Federal porteña apartó del caso al anterior juez del caso, Daniel Rafecas, porque durante dos años tuvo la causa a cargo y finalmente no aceptó una recusación contra Rivolo cuando éste dictaminó a favor del cierre del expediente en donde también está imputado el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Rivolo finalmente se excusó y Saiegh presentó un pedido de juicio político ante la Procuración General de la Nación por supuesto "mal desempeño y negligencia".
Finalmente, la causa quedó a cargo del fiscal Taiano y de Oyarbide, quien ahora deberá decidir si avala a la fiscalía y dictamina que lo ocurrido puede ser encuadrado como delito de lesa humanidad imprescriptible.
